La LOMCE, una ley cocida a fuego lento y al calor de FAES
La Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE) puede resultar polémica pero no sorprendente. Las modificaciones que hace a la anterior ley, incluso las que más oposición han generado, figuraban con bastante claridad en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones. La reforma educativa es, quizá, la iniciativa con más peso ideológico del Gobierno. Y lleva tiempo cociéndose en el think tank popular: FAES.
Un simple vistazo a los documentos publicados por la fundación que preside José María Aznar en los últimos años deja claro el origen del proyecto de ley, que podría aprobarse con algunos retoques en el Consejo de Ministros. Muchas de las argumentaciones y medidas propuestas parecen calcadas de los análisis y disquisiciones publicados en la fundación por especialistas de corte liberal como Álvaro Vermoet, Pedro Schwartz o Francisco López Rupérez, entre otros.
Las reválidas
Por ejemplo, en el tema de las reválidas, los exámenes que deberán pasar los alumnos y que ya se aplican en la Comunidad de Madrid, la región más cercana a las tesis educativas liberales de FAES. En su preámbulo, la ley asegura: “Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las principales novedades de la LOMCE […] y una de las medidas llamadas a mejorar de manera más directa la calidad del sistema educativo”. Y dispone en su artículo 21: “Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos. […] Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado externo al centro”.
La idea ya la mencionaba en FAES Francisco Pérez Rupérez, ex viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid y ex presidente del Consejo Escolar de Madrid. Con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa ha dado el salto al Consejo Escolar de España. En La reforma de la educación escolar (FAES. 2009) proponía: “La aplicación, al final de cada etapa, de pruebas externas de carácter nacional que permitan conocer los resultados de cada alumno, de cada centro y del sistema en su conjunto”.
Competencia entre centros
La ley habla de introducir: “elementos de certeza, objetividad y comparabilidad de resultados” que “proporcionan a los padres, a los centros y a las Administraciones educativas una valiosa información de cara a futuras decisiones”.
Estos resultados por centros, que ya están disponibles para los padres de la Comunidad de Madrid, estarían destinados a promover una 'sana competencia' entre los centros por atraer a los alumnos. O, como dice FAES, “reforzar la autonomía en la gestión y la competencia entre centros educativos […]” Estrategia 2020, FAES. Una competencia que, según las voces discordantes, profundizará la estigmatización de los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje y de muchos centros con alumnado inmigrante o de baja extracción social. En muchos otros papeles de FAES se hace referencia a la competencia entre centros y a su autonomía, uno de los puntos en los que la LOMCE hace especial hincapié.
- “En lo que respecta a los centros educativos, deben contar con independencia y con la posibilidad de competir entre ellos, con lo que se mejoran los estándares de calidad y eficiencia y se les da a los padres de los alumnos la capacidad de elegir el centro en el que escolarizar a sus hijos”. Una educación para el crecimiento y la competitividad, resumen del II Observatorio de Educación de FAES.
Uno de los principales ponentes de este encuentro, Pedro Schwartz, es el padrino político de Esperanza Aguirre (también escribió con ella un libro (Prohibido prohibir, Espasa 2012), y ha sido presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid hasta que se disolvió en enero de este año.
Así recoge la idea la ley en su preámbulo: “Es necesario que cada centro tenga la capacidad de identificar cuáles son sus fortalezas y las necesidades de su entorno, para así poder tomar decisiones sobre cómo mejorar su oferta educativa y metodológica en ese ámbito, en relación directa, cuando corresponda por su naturaleza, con la estrategia de la administración educativa”.
La pública y la privada
La LOMCE modifica la definición de Sistema Educativo de la anterior ley para incluir a los “agentes privados”, lo que abre, según sus detractores, más posibilidades de privatización efectiva de la enseñanza. FAES lo explica así:
“Es necesario superar el caduco enfrentamiento entre enseñanza pública y enseñanza privada; enfrentamiento con frecuencia basado en tópicos y en argumentos demagógicos. En la actualidad, este enfrentamiento se mantiene vivo, fundamentalmente, desde aquellos que quieren eliminar la libertad de enseñanza y de opción de las familias”. Fernando Sánchez Pascuala Neira. La evaluación de la política educativa como clave en el éxito. (FAES, 2011)
Nuevas trayectorias y materias troncales
Según el Observatorio de FAES, “el sistema debe ser más flexible en la enseñanza secundaria para que se adapte mejor a las aspiraciones y preferencias de los estudiantes”. La ley recoge esta conclusión con palabras muy similares: “Las rigideces del sistema conducen a la exclusión de los alumnos cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la posibilidad de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional”. Por eso reorganiza el itinerario de los alumnos y ofrece una salida más rápida a la Formación Profesional. Parece la respuesta a esta reflexión de Álvaro Vermoet:
- “¿Qué ha aportado, pues, la igualdad a ese 30% largo de alumnos que dejan el instituto sin ningún título? No resultaría más igualitario ofrecer desde antes de la edad legal de abandono voluntario del sistema educativo, una alternativa técnico-profesional que proporcione una mínima formación a esos alumnos?”. Cuadernos del Pensamiento Político (FAES, 2010)
Vermoet es presidente del sindicato Unión Democrática de Estudiantes. Asesor de López Rupérez, de su mano ha llegado al Consejo Escolar de Madrid y al Consejo Escolar del Estado. También escribía un blog en Libertad Digital, Cien mil razones para llegar a las cien mil objeciones a Educación para la Ciudadanía. Y es el padre intelectual de otra de las medidas estrella de la política educativa de la Comunidad de Madrid: el Bachillerato de Excelencia.
Formación Profesional
“Desde el Observatorio se alertó de la inadecuación de la actual formación dirigida a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en materia de Formación Profesional, que a juicio de los expertos, debería acometerse en gran medida dentro de las propias empresas” , explican en FAES. La idea es recogida tal cual por la Ley Wert en la Formación Profesional dual y su “búsqueda de un acercamiento a los modelos de los países de nuestro entorno con niveles mucho menores de desempleo juvenil”.
Educación para la Ciudadanía
Una de las modificaciones polémicas de la ley –incluso criticada por el Consejo de Estado– ha sido la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la 'puesta en valor' de la de Religión. El argumentario de esa decisión es fácilmente identificable en los papeles de FAES:
- “En la medida en que la religión, además de formar parte de nuestra historia y de nuestra cultura, es practicada por un porcentaje muy elevado de alumnos y elegida como tal por sus padres, es razonable que exista la posibilidad de cursar esta enseñanza […]. En cambio, ”la introducción en un programa oficial de nociones que responden de manera harto discutible a cuestiones cuya solución no puede encomendarse de ningún modo a criterios establecidos por el poder político, coarta gravemente la libertad de conciencia de los alumnos, pisotea los derechos de los padres para escoger el tipo de educación que estiman más conveniente para sus hijos“. ¿Educación para la ciudadanía o atentado a la democracia? (FAES, 2008)
José Luis González Quirós formó parte del Consejo Asesor de Faes hasta 2003 y fue el primer director de la revista de la fundación, Cuadernos del Pensamiento Político. También editó un libro con los discursos políticos de José María Aznar.
Política de becas
El recorte en las becas de comedor y libros, y sobre todo en la universidad, donde además las tasas han subido de manera exponencial, es responsable de buena parte de la contestación social que sufre la política educativa del Gobierno. Los estudiantes llevan ya ocho huelgas y los padres destacan como convocantes a las huelgas generales de Educación. La opinión del think tank del PP en este sentido no deja lugar a dudas:
- “Un alumno con pocos recursos económicos lo va a tener más difícil para salir adelante. Precisamente por ello la instrucción pública debe, desde las más tempranas edades, incentivar un especial esfuerzo y una especial brillantez en los alumnos con menos recursos. Limitar la política de becas redistribuciones de renta supone no premiar el esfuerzo ni incentivar el mérito”. Álvaro Vermoet. Adiós a las becas. (FAES, 2009).
- “En cuanto a la formación universitaria, la introducción de incentivos adecuados para una adecuada gestión y mejora de la calidad pasa por cobrar una matrícula en línea con el coste de la plaza universitaria”.Una educación para el crecimiento y la competitividad. Observatorio de Educación, FAES.
- “Al abaratar en exceso las matrículas y concentrar las ayudas en las universidades públicas si exigencias de contrapartidas en resultados formativos o del I+D+i las Administraciones Públicas entorpecen el progreso de los alumnos con menos oportunidades de progresar.” Financiación universitaria y libertad de elección. Pedro Schwartz (FAES, 2010).
Entre las primeras decisiones de José Ignacio Wert como ministro de Educación ha estado la modificación en los criterios de obtención y mantenimiento de las becas universitarias, que ha incrementado la exigencia en el rendimiento académico a puntos que, según el Sindicato de Estudiantes, resultará en la práctica casi imposible mantenerlas en algunas carreras técnicas.
Este mismo análisis podría continuar punto por punto en las más de 70 páginas del proyecto de ley. La carga ideológica del texto hace pensar que la “voluntad de diálogo” de la que ha hablado el ministro no llegue al punto de modificar sus principales enunciados. Después de todo, no se puede acusar al actual Gobierno de improvisación en este tema. La LOMCE que saldrá del horno de Moncloa ya llevaba varios años cociéndose a fuego lento.
