Ha pasado casi un año desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó el borrador del anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. En este tiempo el Ministerio ha analizado la LOMCE con diversas organizaciones y agentes sociales y profesionales, y también ha sido estudiada por el Consejo de Estado. En el Congreso de los Diputados se presentaron 770 enmiendas (11 de ella a la totalidad), de las cuales sólo han sido aceptadas 42. La mayoría del PP y pactadas con UPyD. En su derrotero la norma ha llegado incluso a la Comisión Europea, hace unos 10 días, cuando CC OO denunció ante este organismo tres artículos de la ley que el sindicato considera que vulneran tratados comunitarios suscritos por España como país miembro.
A pesar del descontento social generado por la norma, que ha movilizado a toda la comunidad educativa, las enmiendas no han limado los aspectos más polémicos, sino que los han apuntalado.
1. Agentes privados en la educación pública
La LOMCE ya incluía en su definición la presencia de agentes privados en la regulación de la educación en España. Las enmiendas incluyen además dos novedades importantes respecto a estos agentes privados. La primera es que el grupo parlamentario propone que las pruebas de reválida que se realizan desde el Estado para poder pasar curso podrán ser corregidas ahora también por profesores de centros privados. Los sindicatos, incluso ANPE, que es el único que comparte algunos puntos con el actual gobierno, creen que esto atenta contra las garantías en el proceso.
El presidente de ANPE, Nicolás Fernández, lo explica: “La función pública garantiza la objetividad e independencia y por eso las pruebas externas de acceso al sistema deben ser corregidas por funcionarios docentes que han superado unos sistemas de acceso rigurosos. Si no, abrimos la puerta a la falta de objetividad y a que empresas privadas o centros presionen. Es un peligro que entren agentes externos que puedan pervertir el proceso”.
2. Profesores sin oposición
La otra vía de entrada de profesores que no sean funcionarios y que ha indignado a la comunidad educativa es la que permite la contratación de profesores nativos para lenguas extranjeras al margen de los mecanismos de los accesos a la función pública docente. Este es uno de los aspectos que CCOO ha remitido a la Comisión Europea, ya que considera que “vulnera los principios de mérito y capacidad de la función pública que regulan los procesos de acceso a la función pública. Es un agravio inadmisible para los funcionarios que tienen que acreditar su capacitación pedagógica y estos docentes sólo tendrían que acreditar su capacitación lingüística”, según explica la responsable de Política Educativa de CCOO, Montse Millán.
3. Suelo regalado a empresas privadas
La nueva ley de administraciones locales contempla que los ayuntamientos deben ceder el suelo para usos dotacionales. Ahora la enmienda 754 al artículo 116 de la LOMCE añade que “las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”. Esto, que ya ocurría en algunas comunidades autónomas como Madrid, queda así institucionalizado y consolidado.
Esto tampoco gusta a la comunidad educativa. “La educación es un servicio público esencial, que en una ley digan que las administraciones van a liberar suelo para regalárselo a empresas privadas para que hagan su negocio no nos parece adecuado. Si se necesita un centro, que se haga público. Si no, la enseñanza pública se quedará sólo como la educación para los guetos en las zonas marginales, donde las empresas privadas no ven el negocio”, censura el presidente de ANPE.
4. Tratar a las lenguas cooficiales al nivel que a los idomas extranjeros
El nuevo formulado, no rebaja las tintas en los polémicos postulados lingüísticos en los que se obligaba a la administración a garantizar la enseñanza en español, incluso en centros privados si fuera necesario. Por el contrario, a propuesta de UPyD se ha aceptado la enmienda 769 a la disposición adicional 38. Ésta contempla que el castellano figure como lengua vehicular de la enseñanza en toda España. “Esto es incompatible con los modelos lingüísticos de inmersión, como el catalán. Es una vuelta de tuerca en el aspecto homogeneizador de la norma y en las trabas para que puedan subsistir los modelos lingüísticos de lenguas cooficiales”, explica Millán.
La otra parte de la enmienda propone cambiar uno de los párrafos de la norma que dice que pueden existir sistemas donde se impartan las asignaturas no lingüísticas en lengua cooficial, para introducir que estos modelos puedan estar también disponibles como “modelos de inmersión en cualquier lengua extranjera”. Esto supondría que la ley consideraría al mismo nivel la lengua cooficial que una lengua extranjera. “Da la sensación de que no se busca el bien común sino el despreciar la lengua cooficial ¿Cómo se puede montar un centro de inmersión en italiano, ruso o chino garantizando además la enseñanza en castellano?”, añade la portavoz de CCOO.
5. Blindaje a la escolarización por sexos
No se ha modificado en lo sustancial ni se ha aceptado ninguna enmienda al respecto, aunque este asunto también está siendo revisado por la Comisión Europea, ya que un tratado de la Unión establece que no pueden ser financiados con fondos públicos los centros escolares que ejerzan la discriminación sexual.
6. Notas a los directores por los resultados de sus alumnos
Se mantienen los postulados del director como un responsable de RRHH, de un consejo escolar despojado de sus funciones decisorias, y se acepta la enmienda de UPyD del artículo 136 de la LOMCE que permitiría renovar en su cargo a un director tras una evaluación previa que tenga en cuenta las evaluaciones de sus alumnos en las pruebas externas.
“Es un despropósito evaluar a un director por los resultados académicos de sus alumnos. Hay centros en los que la excelencia para un director es que logre que un chaval de una familia desestructurada vaya a clase, y eso no se puede medir con un resultado académico. Cada día se recuperan a chavales de situaciones familiares desastrosas para incorporarlos a un oficio en un Programa de Cualificación Profesional y eso no se ve en los resultados académicos” .
7. Educación en Valores, una materia obligatoria no obligada
Aunque varias enmiendas hacían referencia a que la UE obliga a que los alumnos cursen los contenidos de la materia de Valores Sociales y Éticos (antigua Educación para la Ciudadanía) la única enmienda introducida al respecto no lo garantiza, sino que sólo contempla que los centros puedan ofertarla. También este aspecto ha sido denunciado por CCOO ante Europa.
8. Control de los contenidos
Si la LOMCE insistía en garantizar un mayor control de los contenidos comunes, la enmienda 733 al artículo 6 bis propone que se garantice que los títulos tengan validez en el territorio nacional “con el fin de asegurar una formación común”, cuando el artículo ya lo garantizaba. “Esta enmienda es eminentemente ideológica, para darle más importancia a los contenidos comunes, homogéneos. Insiste en la centralización, que trata de borrar la diferencia territorial y la pluralidad”, concluye Millán.
9. La educación, ¿un servicio público?
Durante el proceso de negociación se peleó por cambiar dos denominaciones del prefacio. La primera era que el ciudadano pasaba a ser “beneficiario” en lugar de “sujeto de derecho a la educación”. La segunda cuestión era que lo que en la anterior ley era “el servicio público de la educación” en esta figurara como la “prestación de servicios educativos”. Parece un matiz lingüístico, pero es fundamental, porque desde esa definición se articularán las decisiones posteriores. “No se trata de prestar un servicio de limpieza o algo similar; es una responsabilidad de los poderes públicos”, explica Millán. Tras una larga negociación, los “sujetos de derecho” recibirían “el servicio público de la educación”.
Pero sólo duró hasta que se aceptaron las diversas enmiendas del PP. Una de ellas elimina la palabra “público” del texto y han devuelto el párrafo al borrador original. “Es una falta de respeto democrático que se comprometan con agentes sociales y organizaciones a modificarlo y lleguen al Congreso y con el atajo de una enmienda den al traste con algo que es fundamental para articular una ley”, protesta Millán.
10. El profesor como autoridad pública
Otra de las enmiendas aceptadas a propuesta de UPyD contempla que se incluya al profesor como autoridad pública. En la práctica esta medida ya estaba implantada en algunas comunidades autónomas del PP como Madrid o Cantabria, donde fue muy cuestionada. Se le critica por judicializar problemas de convivencia en las aulas resolviéndolos por decreto y sin atajar causas del problema. El presidente del sindicato ANPE, que lleva peleando 15 años por esta consideración, se lamenta de que este reconocimiento no haya llegado tras un diálogo con los actores implicados sino en forma de atajo como una enmienda. “Si se hubiera tramitado adecuadamente, habría surgido un debate social en el que se podrían haber planteado puntualizaciones a cómo ese reconocimiento debía contemplarse, pero no se nos ha tenido en cuenta en ningún momento”, asegura Fernández.