A finales de enero, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó una estrategia de protección a la maternidad y la paternidad y de fomento de la natalidad y de la conciliación. El plan cuenta con 80 medidas ya en marcha o que prometen desarrollar durante los próximos cinco años. Entre ellas también se incluyen propuestas relacionadas con la reproducción asistida en la sanidad pública. El objetivo, según Isabel Díaz Ayuso, es “hacer frente al reto demográfico”.
Por un lado, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el límite para que las mujeres accedan a la reproducción asistida pública se incrementará gradualmente hasta los 45 años. Esta medida es muy novedosa y, si se acaba implementando, convertirá a la región en la autonomía con la barrera de edad más alta. Hoy en día, según una investigación publicada por Civio, la regla estatal sitúa en 40 años la edad máxima para someterse a estos tratamientos.
No obstante, este límite estatal es un requisito mínimo, es decir, si los gobiernos autonómicos desean ampliar la oferta de servicios públicos, como ha prometido el madrileño, pueden hacerlo, ya que está dentro de sus competencias y lo costearían con sus propios presupuestos.
Eso sí, hasta ahora, la Comunidad de Madrid era una de las pocas regiones –junto con Galicia y País Vasco– que optaba por racanear en cuestiones de edad. La regla estatal especifica que la mujer no podía haber cumplido los 40 años “en el momento del inicio del estudio”. Por ello, la interpretación lógica sugiere que este comienzo coincide con la primera cita de la paciente.
Sin embargo, según explican desde el Hospital 12 de Octubre, si una mujer que viva en Madrid cumple los 40 años entre ciclo y ciclo, en la actualidad se interrumpe el tratamiento. Es decir, en la región se interpreta hoy la norma estatal de forma muy estricta, lo que expulsa a muchas personas del sistema público. Y de momento no está claro cómo se aplicará el nuevo criterio de edad de los 45 años ni a partir de cuándo se introducirá oficialmente.
Por otro lado, el plan señala que “el número de intentos completos pasa de 3 a 4 por mujer”. Aunque el documento no lo detalla, esta cifra se refiere al número de ciclos máximos que se ofrecen de fecundación in vitro (FIV). A nivel estatal, el tope de intentos de inseminación artificial es de seis ciclos con semen de donante y de cuatro con semen de pareja, mientras que el de FIV es de tres.
Aquí la Comunidad de Madrid no es pionera, de acuerdo con los datos obtenidos por Civio, en el marco de una investigación de la red europea de periodismo de datos (EDJNet). El Gobierno de La Rioja ya ofrece cuatro intentos para los ciclos de fecundación in vitro, mientras que otras comunidades asumen los mínimos estatales y otras los incumplen en algunos casos, como ocurre en Andalucía, Asturias, Baleares o Cataluña.
De cualquier modo, la medida anunciada en Madrid puede considerarse como positiva pues ofrece más posibilidades en lo público para una técnica especialmente cara, que no está al alcance de cualquiera: cada tratamiento por lo privado de FIV puede alcanzar los 5.000 euros.
Aumentar el número de intentos también puede ser lógico al incrementar la edad de acceso, lo que no está exento de dificultades. Y es que, según datos publicados desde el Hospital 12 de Octubre, las posibilidades de tener éxito en la fecundación in vitro se reducen con el paso del tiempo: pasan de un 40-50% a los 35 años a tan solo un 5-10% a los 40 años de edad.
Por otra parte, el incremento de la oferta pública, a la que también podrán acceder mujeres que ya tienen un hijo en la Comunidad de Madrid, puede venir acompañado de una mayor demanda, lo que puede saturar todavía más un sistema muy debilitado. De acuerdo con una información difundida por El País en 2019, los hospitales madrileños tenían listas de espera para las unidades de reproducción asistida de entre dos y cuatro años.
Dentro de la estrategia madrileña, el llamado Plan de Fertilidad en Red promete establecer una lista de espera común y garantizar la libre elección de hospital. Además, el documento también recoge que la demora media en pacientes con prioridad normal sea de 60 días. Sin embargo, estos objetivos resultan difícilmente alcanzables teniendo en cuenta la situación de partida, la necesidad de aumentar el número de profesionales y de invertir en más recursos.
El doctor Carlos Calhaz-Jorge, presidente de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), también advertía de ello en una entrevista con Civio. Haciéndose eco de la situación en su país de origen, destacaba la necesidad de que hubiera más apoyo público y financiación. “Tenemos los recursos muy limitados”, coincidía la doctora Irene Cuevas, coordinadora del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).
Por último, la estrategia presentada por el Gobierno de Díaz Ayuso también incluye varias medidas sobre los bancos donde se pueden congelar óvulos y embriones para su conservación. Así, el plan contempla la reactivación del Banco Madrileño de Ovocitos, ubicado en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Además, también prevé la potenciación del Banco de Embriones de la Comunidad de Madrid, garantizando la custodia de embriones sin límite de tiempo.
Sin embargo, el documento no se refiere en ningún momento a un banco público de semen. Este detalle no es menor puesto que hoy en día, en la Comunidad de Madrid, quienes necesiten esperma donado deben pagárselo de su bolsillo, algo que también ocurre en La Rioja. Sin embargo, el resto de comunidades autónomas sí cubren ese gasto como parte del tratamiento, aunque lo adquieran a laboratorios externos. Con las promesas anunciadas en la Comunidad de Madrid, de momento, el copago de estas muestras se mantiene.
María Álvarez del Vayo, Eva Belmonte, Ángel Bernardo, Carmen Torrecillas, Olalla Tuñas y Miguel Ángel Gavilanes han participado en este análisis publicado originalmente en Medicamentalia, de CIVIO.