El Senado ha aprobado definitivamente este miércoles la reforma que lleva al Código Penal un delito específico para perseguir a quienes acosan y hostigan a las mujeres a las puertas de las clínicas de abortos. El pleno ha dado luz verde a la proposición de ley del PSOE que pretende poner fin a la impunidad con la que los grupos ultracatólicos llevan años actuando en estos centros a pesar de la oposición del PP y Vox, que intentaron sin éxito tumbar la iniciativa y han votado en contra.
Las derechas enarbolan en su oposición el mismo argumentario de los colectivos que protagonizan la ofensiva antiaborto en España y que convocaron una concentración a frente al Senado contra lo que denominan “la criminalización de los provida”. El partido de extrema derecha ya anunció en el Congreso que recurriría la norma al Tribunal Constitucional mientras que el PP ha centrado su intervención en criticar lo “inadecuada” e “ineficaz” que considera la reforma desde el punto de vista jurídico. En el Congreso, sus portavoces habían apelado a la “libertad” y el “ejercicio de derechos” de quienes se sitúan en los alrededores de las clínicas para intentar convencer a las mujeres que ya libremente han tomado la decisión de que no aborten.
Lo hacen desplegando una batería de acciones que van desde rezar en grupo a escasos metros de los centros, el ejemplo que habitualmente ponen las derechas, a exponer pancartas antiaborto, increpar a las mujeres, darles fetos de juguete o abordarlas con folletos cargados de información falsa y sesgada. Según una encuesta realizada entre 2017 y 2018 por la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) a 300 mujeres de diferentes puntos del país que han sufrido este señalamiento, el 89% se sintió acosada.
La reforma contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes “coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Y también al personal sanitario y administrativo de las clínicas, un cambio del texto original que pactaron los grupos posteriormente. Además, han acordado que no haga falta que la persona agraviada denuncie para que el delito se persiga.
La cámara ha debatido algunas de las enmiendas que todavía quedaban vivas, pero han sido rechazadas. Entre ellas el establecimiento de las llamadas “zonas de seguridad”, a propuesta del PNV, para impedir la convocatoria de concentraciones alrededor de las clínicas, en un perímetro de 150 metros. Es un instrumento que ya se utiliza en países como Francia, Reino Unido o Alemania. ERC y Bildu, por su parte, han pedido que se incorpore al texto el término “personas gestantes” junto al de mujeres, con el objetivo de “incluir a las personas trans con capacidad gestante” y una nueva cláusula para garantizar el anonimato y privacidad de las denunciantes durante el proceso.
La estrategia que suelen utilizar los ultracatólicos para defender su actividad se basa en rebajar la intensidad con la que actúan en las clínicas y enmarcar sus campañas en una labor de “ayuda” a las mujeres con el objetivo de “salvar vidas”, que es como denominan al hecho de conseguir que alguna de las mujeres a las que abordan dé la vuelta y no entre al centro.
En algunas ciudades y clínicas en particular, como Dator, en Madrid, la actividad es especialmente intensa. Son muchos los sábados que a las puertas del centro una ambulancia puesta en marcha por Derecho a Vivir, una plataforma antiaborto fundada por HazteOir, hace ecografías para intentar que las mujeres que ya han tomado su decisión “puedan saber que su hijo está vivo, que su corazón late” y no aborten.
La clínica, las mujeres que acuden y sus trabajadores batallan ahora además en un nuevo frente: la apertura de una sede justo en el local de enfrente para acoger y dar soporte a los grupos antielección. En la fachada, que no pasa desapercibida, aparece la cara de un bebé junto a las frases “¿Te vas a perder mi sonrisa?” o “el aborto no es la única opción”.