Lejos de calmarse, la fiebre por las macrogranjas que ha convertido a España en la fábrica porcina de Europa se ha incrementado. Las grandes explotaciones de cerdos no paran de extenderse –y con ellas los problemas ambientales que llevan asociados–. En 12 meses, las granjas intensivas de porcino de mayor tamaño crecieron un 6%. Hay 138 granjas más de tipo III, según los datos del Ministerio de Agricultura.
Una vez amainada toda la tormenta que las envolvió al inicio de 2022, trimestre a trimestre, la macrogranjas han ido aumentando. Si en octubre de 2021 había 2.193 de estas explotaciones de gran tamaño, en marzo del año pasado ya eran 2.214, en junio 2.287 y en octubre de 2022, habían alcanzado las 2.331. Un salto del 6% –el promedio de crecimiento de la década es de un 4%–.
Cada una de estas macrogranjas puede contener más de 5.000 cerdos engordando antes del sacrificio y otras 750 hembras reproductoras, según la equivalencia de unidades ganaderas mayores (UGM) que hace el Observatorio Dehesa del Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de la Junta de Extremadura. La legislación permite, además, que las comunidades autónomas suban esa capacidad un 20%. Es decir, más de 1.000 cerdos extra en la explotación.
En España cada vez hay más cerdos, pero criados en menos granjas. Las explotaciones pequeñas y reducidas han caído un 22% en la última década. Solo aumentan las de mayor capacidad de producción
A este volumen hay que añadirle las explotaciones de tipo II que pueden llegar albergar hasta 2.000 cerdos (más 200 hembras) y que también han pasado de 9.945 a 10.027 en 12 meses. No todas estas llegan al máximo pero, en definitiva, hay más de 3.300 explotaciones de cerdos en España que gestionan 2.000 o más ejemplares.
En este contexto, el número de cerdos criados en España (la mayoría en régimen intensivo como el de las macroganjas) sigue al alza. A mayo de 2022 –el último dato disponible en Agricultura– el censo estaba en más de 32,5 millones de ejemplares. Había subido un 0,5% en un año, mientras en el resto de potencias porcinas europeas –Alemania, Francia, Polonia, Dinamarca o Países Bajos– descendían.
Así que el curso pasado ha seguido consolidando un modelo ganadero de porcino intensivo y concentrado. En España cada vez hay más cerdos, pero criados en menos granjas. Las explotaciones pequeñas y reducidas han caído un 22% en la última década. Solo aumentan las de mayor capacidad de producción.
El boom de la produccion porcina ha hecho que la carne de cerdo se haya convetido en el producto agroganadero más exportado por España. En 2021 se vendió a otros países por valor de 5.500 millones de euros, por delante de los cítricos y el aceite de oliva, según el Informe de comercio exterior agroalimentario del Ministerio de Agricultura.
Pero, en el otro lado de este nicho de mercado, la concentración de miles de cerdos en factorías perpetúa los daños ambientales al aire y al agua que impone esta fórmula.
Contaminación del agua y del aire
La proliferación de megaexplotaciones de miles de cerdos ha hecho que España incumpla sistemáticamente los límites de emisiones a la atmósfera de amoniaco que provoca la degradación del estiércol de los animales.
España siempre ha rebasado los umbrales de amoniaco trazados al amparo de la normativa europea. Entre 2010 y 2019, el tope estaba colocado en las 373 kilotoneladas. Jamás se cumplió. A partir de 2020 entró en vigor una revisión legal cuyo nuevo techo era mucho más permisivo pero, de momento, también se ha fallado.
Hasta 2029 bastará con que las emisiones de amoniaco (la mayoría provienen del ganado porcino) estén un 3% por debajo de los 482 kt registradas en 2005. Pero en 2020 se contabilizaron 483 kt; es decir, más que en 2005, no menos. Los últimos datos, que serán de 2021, están por llegar.
El problema no es un secreto. En 2020 el Gobierno lanzó un decreto sobre granjas intensivas porcinas que decía: “La producción porcina puede tener un significativo impacto, especialmente en relación con la producción de nitratos y las emisiones de amoniaco a la atmósfera”.
El texto establece medidas para que las explotaciones rebajen estas emisiones, aunque para las granjas que ya existían entonces entrarán en vigor a partir de enero de este año.
Además del aire, como recogía el decreto, la cría intensiva de miles de cerdos suponen un peligro para las aguas. Los cada vez más célebres purines (los desechos de los animales mezclados con agua) pueden contaminar con nitratos los cursos y los acuíferos. Un problema sistémico en España, según ha analizado la Comisión Europea, que ha llevado al Estado al Tribunal de Justicia Europeo por incumplir la ley en materia de calidad de aguas.
Macrogranjas y deforestación
El 6 de diciembre pasado, la Unión Europea acordaba una ley contra la degradación forestal que provoca el consumo europeo. A pesar de sus lagunas, incide de lleno en un eslabón de la cadena productiva en la que se insertan las macrogranjas de cerdos españolas: la importación de soja para los piensos con los que se alimentan los animales.
Las habas de soja “son la base proteica de la alimentación ganadera”, describe Agricultura. Y debido a que apenas se produce en España “se trata de un producto necesariamente importado”. España gastó 1.700 millones de euros en comprar habas de soja en 2021. Un 49% más que el año anterior, según el informe anual de comercio exterior agroalimentario y pesquero del Ministerio.
Y el 67% del valor total importado de haba de soja procede de Brasil. Allí, el cultivo masivo e intensivo de soja ha estado detrás de la destrucción de miles de hectáreas de bosque de la Amazonia y El Cerrado. Los cerdos cuya carne exporta España comen la soja (el pienso) que crece en Brasil a costa de deforestar la selva.
Esta factura indirecta es la que intenta acotar la nueva normativa europea. Sin embargo, las macrogranjas siguen multiplicándose.