Recuerda una a una las palabras que la jueza escribió en el auto para archivar el proceso: “No ofrece una explicación razonable al miedo que dice sentir”, las versiones de ambos son “contradictorias” y su temor es incompatible “con sus propios actos”. Siete meses después, el día empezaba para Itziar Prats con una llamada de teléfono a las seis de la mañana. La Policía le pedía que acudiera a identificar el cuerpo de su exmarido, que se había suicidado. ¿Y las niñas?, preguntó. Nadie sabía dónde estaban Nerea y Martina, de seis y dos años.
Ya arriba, en casa, los agentes le pidieron que las llamara, que quizá abrirían al identificar su voz. Pero nada. Las hijas de Itziar fueron asesinadas por su padre en Castellón el 25 de septiembre de 2018. Hoy vive en Madrid, con sus padres, en el hogar de su infancia y hace un mes que se ha reincorporado a su trabajo como técnica de orientación laboral. “En cuanto recogimos la casa me vine para acá. Yo era la única que estaba allí, así que no tenía sentido seguir. Cuando volví fue un poco como volver atrás, como si nada hubiera pasado. Aún ni yo misma me lo creo. Hay momentos de no estar en este mundo, de desconectar de todo”.
Ha pasado un año y un mes desde el día que le cambió la vida de una forma que se antoja imposible de imaginar. Itziar, nacida en Getxo hace 43 años, sujeta con manos temblorosas una taza de café con leche en una cafetería del centro de Madrid mientras cuenta su historia, la de una mujer que pidió protección al sistema y no la encontró.
A Laura Hernández también le falló. Fue la misma fecha que el asesinato de Martina y Nerea, un 25, pero esta vez de julio de 2019. Han pasado solo cuatro meses desde que David Sánchez, su exmarido, asesinó a su hijo Cristian, de solo 11 años, en el pueblo murciano de Beniel. Allí sigue residiendo Laura, junto a su madre, con la que vive desde que se separó.
A pesar de contar con una orden de alejamiento y haber quebrantado una anterior, David seguía teniendo derecho a ver a su hijo, con el que los días de visita pasaba unas tres horas tras recogerle en un Punto de Encuentro Familiar (PEF). “El niño solía irse a las 18.00 y volver a las 21.00. Pero aquel día no me lo devolvió. Viendo que eran las 21.30 y el crío no me cogía el teléfono, salí a buscarle, pero nada...”, cuenta a eldiario.es.
Laura, que tiene 38 años, había decidido separarse hacía dos. Quería dejar atrás una relación “muy machista” pero “entonces yo no me daba cuenta. Él siempre me pedía muchas explicaciones, pero son cosas que vas dejando pasar”. Tras el divorcio, “cuando empezó a ver que yo era más libre”, el control se intensificó. “Constantemente quería saber dónde estaba, me iba a cualquier lado y me perseguía. La obsesión iba cada día a más, llegaba a tener 50 llamadas en un día y si no se lo cogía probaba con mi madre, con mi prima... Le bloqueé y me llamaba desde locutorios u otros teléfonos. No me dejaba vivir”.
Hijos invisibles para el proceso judicial
Ricardo Carrascosa, el hombre con el que había estado casada Itziar Prats durante ocho años, había amenazado con acabar con la vida de las niñas con anterioridad –que se fuera despidiendo de ellas, le decía–, pero eso no fue suficiente para el sistema judicial. Tampoco las fotos del carrito de Martina roto, los audios amenazantes ni la denuncia que anteriormente había interpuesto un médico. Nada de eso le sirvió a los jueces ni fiscales para otorgarle algún tipo de protección en febrero de 2018, cuando puso una denuncia horas después de una discusión en una cafetería a cuenta del régimen de visitas, que Ricardo se empeñaba en modificar.
En el anterior procedimiento, iniciado por un sanitario que dio alerta al juzgado, Itziar se había negado a declarar. “En el Centro de la Mujer me dijeron que no pasaría nada. Yo estaba inmersa en el procedimiento de separación y siempre está esto de que puede ser visto como que te estás intentando aprovechar en el divorcio”, explica la mujer. Pero en esta segunda denuncia, decidió seguir adelante. Tras la declaración ante la Policía, le otorgaron 'riesgo bajo' –existen 'no apreciado', 'alto', 'medio' y 'extremo'–. Nadie le preguntó por sus hijas.
Entonces, el protocolo que seguían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para determinar el riesgo no incluía a los menores, algo que el Ministerio del Interior cambió en marzo de este año. Itziar denunció un viernes y declaró en sede judicial el sábado. Durante todo el fin de semana, Ricardo estuvo con las niñas y fue detenido el lunes por la tarde. A pesar de que a ella le dijeron que la llamarían para avisarle, no lo hicieron. Su madre viajó desde Madrid y recogió a sus hijas el domingo. El fiscal se pronunció a favor de archivar el caso y la jueza, utilizando los argumentos que Itziar recuerda con claridad, así lo acordó.
Para esta mujer, el nuevo protocolo del Ministerio del Interior –que incluye a los menores– llegó tarde, pero en el caso de Laura ni siquiera se aplicó. A principios del mes de junio, un mes antes del asesinato, se asustó y denunció a su exmarido por acoso. “Presenté todas las llamadas y en un juicio rápido le pusieron una orden de alejamiento. A la semana la quebrantó y hubo otro juicio. Pregunté por si eso iba a afectar a mis hijos –tiene otro de 18–, pero me dijeron que no”, cuenta. A Laura la Guardia Civil le otorgó un 'riesgo medio', al asesino le pusieron en libertad y nadie evaluó a Cristian.
“Matarnos en vida”
Tanto él como las dos hermanas de Castellón, Nerea y Martina, tuvieron que seguir cumpliendo el régimen de visitas con sus padres. Nunca un psicólogo les preguntó ni a ellos ni a sus madres, a pesar de que los menores son víctimas directas de la violencia de género desde 2015. Dos años antes, la estadística oficial comenzaba a contabilizar a los niños asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres: 34 desde 2013. A pesar de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se aprobó hace dos años, todavía está pendiente la revisión de los regímenes de visitas.
Laura e Itziar señalan directamente a las instituciones a la hora de hablar del asesinato de sus hijos. La segunda, de hecho, ha presentado un par de reclamaciones ante el Ministerio de Justicia y del Interior: “El Estado tiene una responsabilidad total y absoluta en esto. No me creyeron y hoy mis hijas no están conmigo. Me gustaría un perdón, la verdad. Que apliquen la normativa y que escuchen a los niños, porque lo tienen más claro que el agua. Que esto se solucione. A mí no me van a solucionar nada ya porque ya no es posible, pero que no se repita...”.
En ese punto de la conversación Itziar recuerda a Laura, “la mujer de Beniel”, y hay algo que se le rompe dentro. “El sistema falló porque desde una primera denuncia que puse en el cuartel de la Guardia Civil deberían de haber preguntado a mi hijo”, cuenta esta última. “Todo el mundo tenía miedo de que me lo hiciera a mi, jamás pensé que se lo podía hacer a mi hijo. Lo que nos han hecho es para matarnos en vida. Para vengarse. Para que no nos olvidemos nunca de ellos, eso es lo que quieren”, dice antes de confesar que va “cada día peor”, cada día “asumiendo la realidad que hay. Vas afrontando que a tu hijo no lo tienes”.
Una mariposa como símbolo
Itziar va “por temporadas”, pero, además del apoyo que siente por parte de su familia, amigos y compañeros de trabajo, hay algo más que le ilusiona de verdad. Casi desde hace un año teje mariposas moradas que van a parar a colegios, institutos, ONG y asociaciones. La idea partió de Isabel, una mujer que vio en televisión lo que le había ocurrido y decidió hacer algo. Investigó sobre las hermanas Mirabal, cuyo asesinato en República Dominicana dio origen al Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra este 25N. A ellas las llamaban “las mariposas”.
Así nació un proyecto con el que Isabel recorre centros educativos para concienciar contra la violencia machista e Itziar recibe diariamente fotos y referencias de personas, no solo en España, que también tejen mariposas. Las hay de dos tamaños, una más grande, que representa a Nerea, y una más pequeña, Martina. Incluso en el colegio al que iba la mayor de ellas, hay un mural con forma de mariposa que este curso rellenarán los alumnos con mariposas pequeñas. “Es un símbolo. A mí me da fuerza y esperanza en que esto cambie. No pienso nada en el futuro, pero seguiré con esta lucha”.
Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos niños asesinados por su padre en 2011, intenta sin descanso que las mujeres que pierden a sus hijos por esta causa sean consideradas víctimas. No sobre el papel, sino en la realidad. Ella alzó la voz mientras el Congreso tramitaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para denunciar que el acuerdo “se había olvidado” de ellas. “Nos han incluido, pero en la práctica no ha cambiado mucho”, lamenta en conversación con eldiario.es.
Han pasado ocho años desde el infierno al que le sometió José Bretón, condenado a 40 años de cárcel, y en cierta medida, en este tiempo, se ha convertido en un símbolo de esta realidad. Exige, entre otras cosas, medidas encaminadas a facilitar la inclusión laboral de estas mujeres y pide el fin “de la sensación de abandono” que suelen tener. “Después de esto conseguimos seguir según la fuerza y los apoyos que tengamos cerca. Yo particularmente no me he sentido ni reconocida, ni acompañada, ni protegida”.
Aunque ha logrado dejar la terapia psicológica, aún hoy asegura que está “medio bien, intentando sobrevivir todos los días. Sigo echando muchísimo de menos a mis hijos, pero no me queda otra”. Dice que siente “mucho dolor y mucha impotencia” cuando escucha en las noticias casos como los de Itziar o Laura y reclama, una vez más, que los niños dejen de ser considerados víctimas de segunda.