No fue mala suerte ni una conjura de los astros, sino un cúmulo de negligencias alentadas por la codicia las que marcaron la noche del 1 de noviembre de 2012 y el recinto del Madrid Arena en el imaginario colectivo. Tres jóvenes de 18 años -Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce- perdieron la vida aplastadas en el único vomitorio de salida adaptado en el recinto para la fiesta de música electrónica organizada por el empresario Miguel Ángel Flores (principal imputado y en libertad bajo fianza de 200.000 euros), que doblaba el aforo recomendado. Dos jóvenes más, Belén Langdon y María Teresa Alonso, de 17 y 20 años, morían en el hospital días después. Un año después, la causa acumula casi 10.000 folios, 24 imputados y 42 testigos, pero ningún cambio sustancial sobre la normativa o la organización para evitar otra tragedia similar. Sin embargo, las familias de las fallecidas aún esperan cambios reales en la legislación para asegurar que los fantasmas del Madrid Arena desaparecen.
Un conjunto de despropósitos
1. La nebulosa del aforo
El caso puso de relevancia las carencias de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas en materia de control y seguridad en función del aforo, uno de los puntos más polémicos. Porque se mire por donde se mire, las matemáticas son unas ciencias exactas y los números no cuadran. El Madrid Arena cuenta con un aforo de 12.000 personas, rebajado por el Ayuntamiento a 9.600 por razones de seguridad. Diviertt, la empresa de Flores que organizaba el evento, aseguró en sede judicial que se habían vendido 9.650 entradas, a entre 15 y 50 euros. El recuento posterior de pases elevó el total de los encontrados a 16.791 entradas, aunque la asistencia podría haber sido incluso mayor. El análisis policial y pericial arrojan unas cifras comprendidas entre los 19.000 y 23.000 asistentes, doblando el aforo “seguro” marcado por el consistorio. Las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad muestran además a Flores con varios operarios trasladando las cajas con las entradas a un pabellón satélite minutos después del aplastamiento, lo que siembra dudas sobre el total de pases entregados al juez.
2. Lagunas en la ley
La Ley de Espectáculos públicos no relaciona actualmente el aforo con el plan de seguridad ni estipula los dispositivos mínimos de vigilantes. Tampoco marca las características del dispositivo médico en relación a los asistentes ni un protocolo de coordinación con el Samur, según ha denunciado el Círculo de Gestores Deportivos. El Ayuntamiento se ampara en un vacío legal creado por la ley, que señala a la Comunidad de Madrid como la encargada de determinar las medidas de vigilancia necesarias. A pesar de que detallar esta determinación lleva pendiente desde 1997, la Comunidad sí considera como infracción muy grave el incumplimiento de estas medidas.
3. Falta de supervisión
La asistencia de público desbordó absolutamente el dispositivo de control. La empresa Seguriber era la encargada de supervisar el acceso al recinto. Había 32 trabajadores fuera y cinco en el interior. Se controlaban las entradas y que no se introdujera ninguna de las botellas que miles de personas vaciaban en el aparcamiento anexo al recinto, previo pago de 10 euros, en un macrobotellón que duró horas consentido por el dispositivo de 13 agentes de la Policía Municipal, que no intervino para disolverlo ni impuso ninguna sanción.
Según recogieron las cámaras del recinto, alrededor de 2.500 personas accedieron a la pista para la actuación del DJ principal de la velada por el portón de emergencia, abierto por los empleados de Seguriber. En ese momento había cinco focos de avalanchas humanas en disintos puntos del Madrid Arena y la única vía de salida quedó colapsada por los que querían disfrutar del concierto y los que escapaban de la enorme melé. El edificio no contaba además con un plan de evacuación o en materia de incendios de acuerdo con la legalidad vigente.
4. Atención médica deficiente
La enfermería del Madrid Arena tenía poco más que una camilla. No contaba con desfibrilador ni otro material propio de macroeventos. Pero es que ninguna ley establece unos requisitos mínimos, de momento. Al frente de la enfermería estaba Simón Viñals, de 72 años y ex concejal de José María Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento. Su hijo y un ATS de 81 años completaban la terna médica, que no pudo hacer nada para salvar la vida de las jóvenes a pesar de que llegaron a la enfermería con vida. El Colegio de Médicos le retiró la afiliación a Viñals por entender que no se comportó de acuerdo a la práctica profesional. La coordinación con el Samur, el servicio de emergencias municipal, también se reveló nefasta. El organismo ni siquiera estaba avisado de la realización del evento y por lo tanto no se había establecido ningún dispositivo preventivo. La persona que atendió las llamadas de emergencia era un antiguo chófer del Ayuntamiento recolocado en la centralita del Samur 15 días antes de la tragedia, por el recorte de coches oficiales.
Dos consecuencias menores
La tragedia estalló de pleno en el Ayuntamiento de Ana Botella. Para la alcaldesa, su gestión del caso supuso un escarnio público cuando trascendió que el día de la tragedia se había marchado a un balneario de Sintra (Portugal) con su marido, José María Aznar. Botella tuvo que remodelar tres veces su equipo apremiada por las imputaciones.
1. Dimisiones
El primero en caer fue también el primero en señalar que todos habían cumplido con sus responsabilidades, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, hoy recolocado en el sector privado. “Madrid Arena tiene capacidad para 10.600 localidades y se vendieron 9.650”, fueron las palabras que tumbaron al hombre fuerte de los gallardonistas en el consistorio, junto a su foto sonriente del brazo del empresario Flores en un evento anterior. No fue el único.
Antonio de Guindos, ex concejal de Seguridad, también dimitió tras ser imputado en el caso. Cayó también el edil de economía, Pedro Calvo, que no obstante sigue formando parte de la corporación municipal. También se mantiene el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, sobre el que se cierne la sombra de una imputación por presuntamente tratar de camuflar a posteriori los datos sobre el dispositivo policial de la aciaga noche.
La ex concejal de Emergencias, Fátima Núñez, también ha recalado en la Junta de distrito de Carabanchel tras su actuación en la tragedia.
2. Cierres
El Madrid Arena no ha vuelto a acoger un evento de estas características. La empresa pública que se encargaba de su gestión, Madrid Espacios y Congresos fue absorbida por otras empresas municipales. Su cúpula -el consejero delegado José Rivero y el director gerente Jorge Rodrigo- fue cesada por “pérdida de confianza”, según el consistorio. Ambos habían firmado con Flores un contrato de fidelización por el que otorgaban al empresario un trato preferente durante los años 2012 y 2013. Tanto el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones como el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo permanecieron meses cerrados por deficiencias de seguridad, con las consecuentes pérdidas económicas para el Ayuntamiento.
3. “Persecución” a los locales de fiestas
Los hechos del Madrid Arena se dejaron sentir luego en el resto de la ciudad. Crecieron las inspecciones en los locales y el control del aforo. Tanto que muchos empresarios hablaron de “caza de brujas” para justificar la actuación del Gobierno municipal. Ayer mismo el Ayuntamiento volvió a clausurar la sala Caracol, que tenía prevista una fiesta de Halloween mañana, por incumplir las condiciones en la licencia. El pasado abril se autorizó su desprecintado, solo si se desarrollaban “actividades relacionadas con la música popular”.
Ana Botella lo dejó claro cuando comunicó la decisión de no realizar fiestas multitudinarias en el Madrid Arena. “Nunca más consentiremos un evento así en edificios municipales. El riesgo es demasiado grande cuando se juntan en un sitio cerrado grandes masas de jóvenes, mucho ruido, aún más calor y demasiado alcohol”.