Madrid, Catalunya, Andalucía y el territorio que depende del Ministerio de Educación, Ceuta y Melilla, son las regiones de España que tienen más alumnos por aula, según el informe anual de principio de curso de Comisiones Obreras. Las comunidades más pobladas son también las que más concentran a sus estudiantes en clase.
Sucede de manera prácticamente invariable en todo el periplo educativo, desde Infantil hasta Bachillerato, con pequeñas oscilaciones: si bien Melilla es la región con peores tasas en todas ellas, rozando o incluso superando en Primaria e Infantil los límites legales, el resto varía según la etapa: Madrid está peor que Catalunya y Andalucía en Primaria, pero algo mejor en Secundaria y peor de nuevo en Bachillerato, siempre según los datos del informe de CCOO..
La normativa que aprobó en 2012 el exministro de Educación, José Ignacio Wert, elevó los límites a 25 alumnos por clase en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
La rebaja de estas cifras es una de las principales reivindicaciones del profesorado y sus organizaciones sindicales, especialmente cuando a raíz de la pandemia las comunidades contrataron de un curso para otro más de 33.000 docentes, “prueba que pueden hacerlo si quieren”, ha defendido este lunes el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García.
La pandemia ha servido para poner el debate de las ratios encima de la mesa. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reiterado en numerosas ocasiones que cree que una bajada de las ratios de alumnos por clase de manera generalizada tendría demasiado coste y no tanto beneficio, y que el Ministerio apuesta más por bajadas selectivas en centros de difícil desempeño o con alta presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Se da la circunstancia de que el territorio que gestiona directamente Educación, es decir, Ceuta y Melilla, presenta de las peores estadísticas en este apartado.
CCOO ha recogido el guante del Ministerio y ha realizado un informe pormenorizado a partir de los postulados de la ministra. Para ello, ha estudiado la presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) en los diferentes grupos y propone contar a estos estudiantes en sus grupos como si fueran dos personas a la hora de fijar las ratios (algo que se hace de manera parcial en algunas comunidades). Por ejemplo, una clase con 23 alumnos de los que tres son ACNEAE contaría como si tuviera 26 miembros. A partir de ahí el sindicato ha calculado –de media con los datos oficiales– cuántos estudiantes menos debería tener cada clase para que se cumpliese la ratio máxima.
“Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es que es diferencial: va a tener menos alumnado un grupo con ACNEAE que otro que no tiene”, valora el responsable de Función Pública de CCOO, Héctor Adsuar.
Según estas cuentas, he desgranado Adsuar, las clases deberían tener –siempre de media y siempre según estimaciones– un alumno menos en Primaria y otro en Secundaria, aunque con grandes diferencias entre territorios. En Primaria destacan (por exceso) Melilla (haría falta rebajar 6,2 alumnos por aula), Baleares (4,98), Ceuta (4,43), la Comunitat Valenciana (3,43) y Catalunya (2,57). En Secundaria son básicamente los mismos y en el mismo orden.
Esta relación de comunidades es parecida a la de las que tienen las ratios más altas pero no igual, porque además del número de alumnos por aula se mete también en la ecuación el número de ACNEAE, otra cifra que difiere mucho entre las regiones.
“La bajada de las ratios mejora la calidad para todos, pero beneficia enormemente al alumnado más desfavorecido. Lo consideramos un elemento estratégico de la mejora a la diversidad; mejora objetivamente la equidad de la educación”, ha afirmado García.
84.055 profesores más
Dentro de su batería de propuestas de cara al curso que arranca, CCOO sostiene que harían falta 84.055 docentes extra para atender correctamente a la diversidad en la escuela y bajar las ratios. Adelantándose a las posibles objeciones por ser demasiados como para contratarlos de golpe, García ha recordado que solo durante la pandemia, de un curso para otro, se contrataron 33.000, casi el 40% de los que harían falta ahora. Comisiones cree que en cuatro años podría alcanzarse la cifra que proponen.
El sindicato desgrana su propuesta, calculada hasta la última unidad en su informe. Por un lado, la propuesta de la reducción de ratios de alumnos por clase implicaría la creación de nuevos grupos (si sacas alumnado de clase algo habrá que hacer con él), que CCOO calcula en un total de 13.642 entre Primaria y Secundaria. Solo para cubrir estos nuevos grupos harían falta 23.040 docentes.
Dando por buenos los argumentos de Educación –poner los recursos para quien los necesita y no de manera generalizada– para atender la diversidad hay que identificarla, defiende CCOO. En nueve de cada diez aulas hay, de media, un estudiante con necesidades de apoyo, y en la clase restante, dos. Aún así, aseguran que este perfil de alumnado está porcentualmente infrarrepresentado en la escuela respecto al 10% que hay en la población general. Por eso defiende el sindicato que la primera necesidad es contratar más personal para los departamentos de orientación: en total, calculan que faltan 10.026 orientadores y otros tantos profesores técnicos de servicios a la comunidad, teniendo en cuenta el número de centros que hay y las cifras de alumnado al que atenderían.
Una vez diagnosticados e identificados todos los casos, el siguiente paso es atenderlos y seguirlos. Esta labor la realizan los profesionales de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT). La cifra mágica para estos profesionales es 12; es el número de alumnos que idealmente deben atender estos especialistas. Con estos datos el sindicato calcula que harían falta 18.149 docentes de cada uno de estos dos perfiles.
La suma de todas las partidas es 84.055 docentes extra, lo que supondría sumar un 15% de profesionales a la actual plantilla. Todo ello, asegura CCOO, tendría un coste de 4.275 millones de euros anuales, un 0,3% del PIB. Una cifra inferior a lo que se perdió solo el año de los recortes de José Ignacio Wert, 2012, cuando la Educación se dejó en inversión todo un punto porcentual del PIB, por aquel entonces algo menos de 10.000 millones de euros.
Gráficos por Ana Ordaz.