Javier Lasso de la Vega sigue sin entender por qué el 2 de febrero se personó en su casa un grupo de agentes de policía, trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y una comisión judicial para desahuciarle del piso de protección oficial en el que lleva 23 años viviendo.
Asegura que previamente no había recibido ninguna notificación advirtiéndole de que tenía un proceso judicial abierto o una fecha de lanzamiento. Dice estar al corriente de pago y muestra un contrato de alquiler que su madre firmó en 1996 con la EMVS en el que se lee “por tiempo indefinido”. Sin embargo, la EMVS justifica esta decisión al señalar que Javier se negó a firmar un nuevo contrato al “extinguirse el que tenía”. Hechos que ratifican sus vecinos, que fueron los que consiguieron frenar el desahucio mediando con la comitiva judicial.
“Cuando llegan los policías les explico que tiene que haber un error. Javier se empieza a poner nervioso en el momento en el que le dicen que está declarado en rebeldía. Entonces hacen un amago para intentar reducirle y les advierto de que tiene una discapacidad psíquica”, cuenta Loli Ramírez, vecina de Javier. Ambos viven de alquiler en el centro de Madrid, en el número 24 de la calle Madera, en unos inmuebles de carácter social que les fueron adjudicados al ser realojados por problemas estructurales en sus viviendas.
Javier tiene 56 años y sufre una minusvalía psíquica valorada en un 65%. Vive solo desde que su madre falleció. “Tiene su pensión. Entra y sale, hace su vida y está integrado en la comunidad”, añade Loli. “Cuando el procurador vio los papeles de mi discapacidad se echó para atrás. Comentó que en este proceso hay algo raro”, recuerda Javier, que asegura que esa era la primera vez que algún empleado de la EMVS se ponía en contacto con él.
Al final, la insistencia de sus vecinos consiguió paralizar el desahucio y quedó aplazado al 25 de febrero. Antes de esa fecha, su abogada consiguió que se anulase el proceso judicial iniciado por la EMVS al demostrar que los avisos no se notificaron en el domicilio de su cliente. Hasta en seis ocasiones intentaron comunicárselo pero, según explica la letrada, “ninguno de los días llamaron a la puerta de mi demandante”. Un error que le resulta chocante, ya que no entiende cómo el Ayuntamiento de Madrid no pone atención al comunicar correctamente un desahucio. Aunque “no se confunde en ningún momento”, añade, al mandar correctamente otro tipo de documentación más irrelevante al buzón de Javier.
“Si ese lunes no llegamos a estar en casa o si Javier está haciendo un recado, al volver se encuentra con la puerta tapiada”, lamenta José Luis Bejarano, el primer vecino que vio a la comitiva entrar en el portal. Ni Javier ni sus vecinos entienden qué ha alegado la EMVS para desahuciarle. “Todo lo que nos decían era que está declarado en rebeldía. Por lo visto, se llegó a producir un juicio al que Javier no se presentó porque nadie le informó”, señala Loli.
La batalla de los vecinos contra el Ayuntamiento
Los vecinos del portal número 24 de la calle Madera tienen un conflicto abierto desde 2012 con el Ayuntamiento. El Gobierno de Ana Botella quería vender sus casas dentro de un paquete de 120 pisos de carácter social a Renta Corporación, una inmobiliaria de la que ha sido consejero Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal. Al final, la compañía renunció a esta operación, lo que no ha detenido a la EMVS en su intento de vaciar estos bloques.
Para evitarlo, los 27 edificios afectados han creado la asociación 'Yo no me voy'. A través de esta agrupación trabajan conjuntamente para impedir que la EMVS presione a los vecinos de forma individual con el fin de que cambien las condiciones de sus contratos. “Hace tres años nos empezaron a decir que nuestros contratos habían prescrito y que había que firmar uno nuevo. Hemos demostrado en los tribunales que eso no es así. Si nosotros tenemos la misma situación económica, ese documento es vigente”, explica Alberto Romeral, afectado y miembro de la directiva de 'Yo no me voy'.
eldiario.es se ha puesto en contacto con la EMVS, que no da explicaciones específicas sobre el caso de Javier. “Los alquileres sociales no son indefinidos, sino que están sujetos a determinadas características y criterios sociales y económicos, que en ocasiones son coyunturales”, asegura su departamento de Comunicación. También defiende que “el deber y obligación del Ayuntamiento es velar por el cumplimiento de esos criterios, ajustando las rentas y las viviendas a las necesidades reales de los demandantes”. La EMVS también confirma que van a recurrir la suspensión del desahucio.
Javier sigue sin entender que el Consistorio le quiera desahuciar de su casa de protección oficial: “No es normal que me quieran poner en la calle. Es un trastorno, las personas que sufrimos una discapacidad estamos más amparadas por la Constitución”.