La plantilla de operarios de limpieza de Madrid está a punto perder un 18% en efectivos. Las empresas concesionarias planean un ERE para más de 1.100 personas. Ya se han deshecho de 350 trabajadores a los que no asimilaron al hacerse con el contrato presentado por el Ayuntamiento de Ana Botella. Los 6.000 operarios han comenzado una huelga que va invadiendo las calles de basura. Botella se ha defendido: “Los servicios de limpieza están externalizados, es un asunto entre los trabajadores y los sindicatos”. Y con los cortes y recortes en cadena, las calles de Madrid comienzan a acumular basura por una huelga indefinida que arrancó a las cero horas del 5 de noviembre y ya invade las redes sociales con quejas sobre la suciedad en la capital.
Es el eslabón más inmediato de un progresivo hachazo que el PP de la capital lleva a cabo en los servicios públicos de su competencia. La fórmula se repite: el Ayuntamiento crea una adjudicación que aúna labores y le da un buen bocado al dinero que presupuesta. El resultado es que las contratistas que ganan los lotes pasan directamente a recortar las plantillas que heredan completas por ley, pero luego podan mediante ERES. Y no se trata de migajas.
Hoy es el contrato de limpieza (más de 2.000 millones). Pero con esta dinámica se ha adjudicado el de “Movilidad de la ciudad”, que son 884 millones en 12 años –un 10% de rebaja–, y en cuyas funciones trabajan actualmente unas 1.200 personas según el sindicato CC OO. Los trabajos de pavimentación, aceras y asfaltado de baches corresponderán a otro contrato integral: infraestructuras viarias que, sumando los lotes y los nueve años de duración, manejará 263 millones, una rebaja del 50% según el cálculo de CCOO.
El mismo camino sigue el de Viveros y Parques Históricos. Ana Botella lo sacó a concurso por 386 millones, pero las contratistas le han ofrecido una rebaja del 36%: 246 millones. A día de hoy, ese cuidado lo hacen 800 trabajadores. El Alumbrado Público, Fuentes y Túneles debe ahorrar un 20%. Afecta a una plantilla de 500 personas y el Ayuntamiento repartirá entre las empresas 785,8 millones de euros.
La rebaja efectiva de los operarios municipales responde a que la política del Ayuntamiento de Madrid tiene una mochila de más 7.000 millones de euros que condiciona todas sus decisiones. Es la deuda con la que el propio consistorio calcula cerrar este año. Así que el 22 de octubre tuvo que publicar en su Boletín Oficial una hoja de ruta para rebajar el exceso de deuda: Plan de Reducción de la Deuda (2013-208). El Gobierno de Ana Botella estaba obligado a presentar el texto, ya que incumplía los límites trazados por la Ley de Presupuestos redactada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La deuda superaba, a 30 de junio de 2013, el 171% de los ingresos, según consta en el plan, e incumplía las disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
A partir de este escenario, los esfuerzos de la alcaldesa Ana Botella van encaminados a cumplir con las matemáticas de la contabilidad. Así, en agosto de 2013, Botella presentó un contrato integral para la “limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes”, el que ha detonado la huelga. Una adjudicación por 2.316 millones de euros y ocho años. ¿Su principal virtud? Aplicar un ahorro anual, según Botella, de 32 millones de euros. 256 millones para la duración de los contratos. Una vez escogidas las contratistas, tres de las empresas (Valoriza, FCC y OHL) decidieron que la plantilla era excesiva para obtener los beneficios previstos. Consecuencia, un ERE para más de 1.100 trabajadores.
Sin embargo, el propio Ayuntamiento marcaba como “aspecto destacado” del contrato “asegurar la calidad en los servicios al ciudadano”. De hecho, existen acciones más allá de desplazar la responsabilidad a las empresas y sus asalariados, ya que la adjudicación obliga al equipo de Ana Botella a vigilar “los indicadores de calidad” para, en su caso, aplicar “detracciones de la certificación mensual (que) podrán afectar hasta a un 20% del valor de la misma, pudiendo incrementarse este porcentaje de descuento en casos como la reiteración del incumplimiento de un indicador durante tres meses consecutivos o más”.
Bien es cierto que de los cuatro puntos básicos que el Ayuntamiento pretendía alcanzar con la contratación, tres eran de este cariz: “Mayor eficiencia en la contratación y en el control de los servicios; ahorros por sinergias y economías de escala y una racionalización y reducción del gasto por la gestión unificada de los contratos”. Porque la presión de las cuentas no cesa. Madrid ha tenido que pedir una tercera ayuda financiera para hacer frente a los pagos a proveedores (350 millones de euros). Pero, además, al reestructurar sus sociedades públicas, tuvo que asumir préstamos que en su día solicitaron empresas como Madrid Espacios y Congresos y la Empresa Municipal de la Vivienda: 265 y 233 millones respectivamente. Su “crítica situación”, reconoce el Ayuntamiento, es el “desencadenante” de este plan que lastra la acción de la ciudad. 849 millones para engordar la deuda. El documento ya indica que se buscará refinanciar 337 millones para alargar los vencimientos. Este peso es tan evidente que en 2013, 2015 y 2015, Madrid está obligado a atender 1.104 millones pedidos a préstamo en 2009.
Los recortes en la ciudad no pueden pararse. El plan publicado hace 15 días espera que en 2018 la deuda de la capital ronde los 3.600 millones. Una reducción de casi el 50%.