Madrid se erige como la principal oposición a las medidas anticontaminación de Europa
La ciencia lleva tiempo siendo robusta y clara: rebajar la contaminación del aire salva vidas. Las normas que restringen más la polución que respiran las personas, como la que está preparando la Unión Europea, evitan muertes. Sin embargo, la Comunidad de Madrid se ha unido a un grupo de regiones europeas que pretende debilitar esa futura ley.
En España unas 30.000 personas perecen por este motivo al año, según la última evaluación de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva tiempo peleada con la ciencia y las medidas contra la polución. Este nuevo movimiento coloca a la región madrileña en el núcleo de la oposición a las medidas anticontaminación, pero la presidenta regional no se ha estrenado con este movimiento de lobby en Estrasburgo.
El documento que ha firmado Madrid, junto a algunas regiones de Italia, Holanda o Austria que forman parte de la denominada Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR, según sus siglas en inglés) –y del que finalmente se ha desmarcado Catalunya–, dice: “Recomendamos que la opción de derogación para regiones específicas sea parte de la revisión de la directiva de calidad del aire”.
Al conocerse el documento, la Generalitat ha contestado que no habían quedado contentos con la redacción final –que se culminó en octubre pasado– y que su pretensión es no rebajar ningún límite máximo de contaminantes. Este jueves han dicho que sopesan salirse de este grupo regional. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo catalán cuentan que sí están de acuerdo en pedir flexibilidad a la hora de aplicar la normativa.
En enero de 2020, Díaz Ayuso aseguró que “nadie ha muerto” y tampoco “se va a morir” por la mala calidad del aire. “No quiero que se cree una alarma de salud pública por esto”, remataba. El Instituto de Salud Carlos III estima que no menos de 1.300 muertes anuales en esta Comunidad son atribuibles al NO2 y las micropartículas (MP).
Un poco antes, en abril de 2019, la misma Ayuso decía que “los atascos son una seña de identidad de nuestra ciudad”. No los disfrutaba, decía, “pero forman parte de la vida de Madrid”. El propio Ayuntamiento de la ciudad informa: “El tráfico rodado es la causa que lidera el ránking de fuentes contaminantes de la ciudad de Madrid”. Más atascos suponen más coches emitiendo más contaminación. Es una ecuación científica.
Dudas “sobre algo que es evidente”
“Llama mucho la atención que se tomen estas posturas sobre algo que es tan evidente”, afirma Irene Bernal, experta de la plataforma Salud por Derecho e implicada en la iniciativa Clean Cities. “Hay una enorme evidencia científica y sorprende que sean lugares precisamente como Madrid, un punto rojo de la contaminación en España, donde se tomen esas iniciativas. Es muy sorprendente”.
Al conocerse que Madrid ha formado parte de esta iniciativa, el Ministerio de Transición Ecológica ha reaccionado diciendo que “pone en riesgo vidas” y que contradice las negociaciones del Gobierno en Bruselas que buscan que la regla “sea mucho más exigente”.
Madrid es “punto rojo” ya que, debido al incumplimiento reiterado de los niveles máximos de contaminación –junto al área metropolitana de Barcelona–, el Tribunal Europeo de Justicia condenó a España en diciembre de 2022 por infringir la normativa sobre calidad del aire. Desde que entraron en vigor esos límites en el año 2010, Madrid solo se ha salvado una vez, el año 2022 gracias a las lluvias extraordinarias acumuladas en la primera quincena de diciembre que dejaron la acumulación anual de NO2 justo por debajo del umbral legal.
La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación atmosférica como una “de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana” De hecho, insiste en que las evidencias científicas han mostrado que los daños se producen “a concentraciones aún más bajas de lo que se suponía”. Por eso disminuyó en 2021 los umbrales máximos de dióxido de nitrógeno o micropartículas en el aire trazados para la protección de los humanos. El objetivo: “Evitar millones de muertes”.
Anteponen cierto tipo de intereses a los de los ciudadanos. La salud debe estar por encima. No hacerlo así supone que no te importa la salud de los ciudadanos o que no te crees los estudios científicos
El codirector de la Unidad de cambio climático, salud y medio ambiente urbano de la Escuela Nacional de Salud, Julio Díaz, explica que “el NO2, las MP10 y las MP2,5 no tienen umbral de seguridad. Eso quiere decir que para cualquier concentración hay un impacto en salud”. La iniciativa firmada por el grupo en el que están la Comunidad de Madrid y Catalunya –que se ha desmarcado del texto– ha caído como un jarro de agua fría.
Díaz, que lleva décadas estudiando como afectan el calentamiento global, el dióxido de nitrógeno y las micropartículas en la salud, considera que las administraciones que abogan por mantener altos los límites permitidos de contaminación, “anteponen cierto tipo de intereses a los de los ciudadanos”. “La salud de la gente debe estar por encima de todos los intereses. No hacerlo así supone que no te importa la salud de los ciudadanos, que no lo quiero pensar, o que no te crees los estudios científicos que hay hechos. Cualquiera de las dos cosas es enervante”, reconoce a elDiario.es.
La UE sigue por detrás de la OMS
En esa línea, la Unión Europea está revisando la directiva de Calidad del Aire para hacer más estrictos los límites de contaminantes, es decir, rebajar la polución. La normativa está en fase de tramitación en el Consejo Europeo y el Europarlamento. Sin embargo, un grupo de regiones entre las que está la Comunidad de Madrid y Catalunya, intenta que las reglas sean más permisivas en circunstancias especiales.
“Sorprende mucho”, explica el director de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud del Instituto de Salud Global de Barcelona, Mark J. Nieuwenhuijsen. Este experto considera que, lejos de relajar la nueva normativa “deberíamos ir más allá. Deberíamos intentar alinearnos con lo que pide la OMS”.
“No ponen esos valores porque les apetece, se basan en la evidencia científica”, insiste Díaz, que explica que “como no son de obligado cumplimiento, la Unión Europea tiene que montar su directiva en función de esos baremos. Luego los Estados miembro los trasponen y ya serían obligatorios”.
Este investigador considera que “es extraño que, justo donde están los mayores problemas de contaminación y salud se pida hacer menos en lugar de hacer más”.
La propuesta de la Comisión Europea lleva el nivel máximo de concentración anual de dióxido de nitrógeno de 40 micogramos por metro cúbico de aire a 20 microgramos. La OMS ha trazado el umbral de protección para la salud en 10. Para las micropartículas PM 2,5, la directiva actual marca 25 microgramos y la propuesta de Bruselas los deja 10. El límite de la OMS es 5.
Estos gobiernos deberían proteger la salud y la ciencia es muy robusta: la contaminación causa muchas muertes y enfermedades. Debemos recortarla lo máximo posible
Todos estos nuevos límites máximos están previstos para 2030 con niveles intermedios de adaptación a las nuevas exigencias y la posibilidad de prorrogar los plazos “si se están aplicando las medidas oportunas”. Lo que pretenden los opositores es flexibilizar aún más esta normativa y permitir excepciones en lugares donde, consideran, es difícil alcanzar esos objetivos.
“Es complicado saber porqué pretenden esto”, reflexiona Nieuwenhuijsen. “Puede ser que crean que les va a costar mucho dinero o mucho capital político. O que es muy difícil conseguirlo, pero estos gobiernos deberían proteger la salud y la ciencia es muy robusta: la contaminación causa muchas muertes y enfermedades. Debemos recortarla lo máximo posible”.
Catalunya se desmarca del documento
El documento que este grupo de regiones ha circulado por el Parlamento Europeo para intentar aguar la nueva norma llevaba la firma de la Comunidad de Madrid y Catalunya. Sin embargo, una vez que ha saltado la noticia, la Generalitat ha mantenido una posición ambivalente, aunque finalmente ha acabado desmarcándose del documento y se plantea romper con el grupo AIR. Con todo, la posición catalana ha sido confusa hasta ahora.
La Generalitat forma parte de este grupo de regiones desde el año 2011 y, como tal, participa de la redacción de este tipo de documentos. En octubre pasado, miembros del Govern trabajaron junto al resto de regiones en la opinión que acabó enviándose a la Comisión Europea y que ha generado polémica ahora.
Fuentes del Govern explican que, pese a su implicación, la delegación catalana no acabó contenta con el redactado final, al considerar que hacía unas peticiones que no iban en la línea de los intereses de Catalunya. Según explican, la Generalitat está totalmente de acuerdo en endurecer los límites de contaminantes en el aire hasta llegar a las cifras que recomienda la OMS y comprometida con aplicar la nueva directiva. En cambio, el Govern sí está de acuerdo con la petición de flexibilizar los límites en el caso de regiones que necesitan periodos más largos para cumplir con los estándares.
En Catalunya, la zona de peor calidad del aire se concentra en el barrio del Eixample, en Barcelona. Allí se encuentra la única estación cuyos valores de NO2 incumplen las actuales directrices de la Unión Europea y que han contribuido a la condena a España por contaminación. En los últimos años la tendencia ha sido a la baja y durante la pandemia se llegó a cumplir la normativa, pero en 2022 ha repuntado.
El problema para Catalunya es que con las nuevas directrices que propugna la UE muchas de sus estaciones pasarían a incumplirlas, especialmente en el área metropolitana, a no ser que haya una reducción drástica de las emisiones. Y no solo en cuanto a NO2. También en las llamadas partículas finas. Por ejemplo, hoy ninguna estación sobrepasa el umbral de las partículas PM10, que está fijado en 40 µg/m3 al año, pero cuando esté en 20 µg/m3 serían la práctica totalidad de las que están en la corona barcelonesa y en la Catalunya interior.
Teniendo en cuenta que había diferencias de fondo con el documento de AIR, la Generalitat envió al Parlamento Europeo sus propias enmiendas a la directiva, que a juicio del Govern dejan claro que no están alineados con las posiciones más duras de regiones del norte de Italia, como parece desprenderse del texto del grupo AIR. En la misma línea, explicó su posición a eurodiputados y entidades científicas.
Tras la polémica de estos días, la Generalitat ha mostrado su malestar con el grupo AIR, al considerar que el representante lombardo expresó ante el Parlamento Europeo una posición muy diferente no solo a la de Catalunya, sino incluso más beligerante que la que refleja el documento de AIR.
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