La Comunidad de Madrid no quiere líos con Florentino Pérez. El Gobierno regional ha perdonado a dos empresas del grupo ACS la fianza que tuvieron que depositar al ganar el concurso de gestión del Parque Nacional del Guadarrama, a pesar de que las contratistas se echaron para atrás una vez elegidas. Ha bastado un aviso por parte de las contratistas de que habría “pleito” si se les retenía el dinero para liberar los fondos, según ha admitido la Consejería de Medio Ambiente. La garantía ascendió a 118.000 euros de los que podría haber incautado unos 85.000.
Así que, a pesar de que el contrato no se formalizará porque Imesapi y Api-Movilidad –la Unión Temporal de Empresas adjudicada– decidieron que no les compensaba económicamente realizar el encargo por el que pujaron, Madrid ha autorizado devolverles la “garantía definitiva”. Esta garantía está pensada para asegurar el correcto cumplimiento del contrato y la Ley de Contratación del Sector Público establece que “cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional”. Eso daría derecho a retener esos 85.000 euros.
La Consejería de Medio Ambiente admite que ha decidido no hacer efectiva la fianza. Ha justificado esta medida en que “como la empresa nos había dicho que si incautábamos el dinero plantearían un juicio, puesto en la balanza, no compensa”. Según su versión, “esto paralizaría la adjudicación y para no afectar al servicio se ha preferido esta vía”. Además, ha añadido que si se tardara en formalizar el contrato, podría haber “decenas de despidos de las personas que ahora trabajan en el parque”. Imesapi no ha querido contestar a ninguna de las cuestiones relacionadas con el asunto del parque nacional.
Las garantías económicas que puede exigir la Administración a la hora de realizar una licitación están diseñadas para asegurar “la seriedad de las ofertas” y que la ejecución del encargo es la adecuada, según fuentes legales. La UTE formada por las sociedades del grupo presidido por Pérez ofreció una rebaja del 17% sobre el precio del contrato: de 3,4 millones de euros a 2,8 millones. Se llevaron el concurso. Luego se arrepintieron e informaron, después de ser requeridas para formalizar el contrato, que renunciaban. “No les rentaba”, explicaron en el Ejecutivo. La siguiente en el ránking de ofertas, Audeca, presentó un plan por 3,08 millones, un 9% más caro que la de ACS.
Control de la Unión Europea
La mayoría de la financiación de este proyecto llegará desde Europa mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El presupuesto de la Unión se hará cargo del 55% de los gastos (1,6 millones en el caso del abortado encargo a ACS). Esto implica, según la normativa continental, que los Estados deben articular un sistema de gestión, control y certificación sobre los proyectos adscritos. Un proceso judicial en el que pudiera demostrarse que el diseño del concurso por parte de la Administración fue incorrecta y por lo tanto la retirada de Imesapi estaba justificada “podría llamar la atención en Europa”, han contado a eldiario.es fuentes de Medio Ambiente.
En todo caso, Madrid ha optado por que el dinero vuelva a las cuentas de las empresas. Tanto es así que en la misma orden en la que se dejaba sin efecto la adjudicación y se autorizaba a “la devolución de la garantía definitiva”, el director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, también daba el visto bueno a reembolsar a la UTE “los gastos de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad (...) por no resultar adjudicataria en el procedimiento”. Una bagatela de 2.000 euros.