El Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (PP) pagó 2,3 millones de euros en comisiones al vender 1.860 viviendas de protección pública al fondo buitre Blackstone en julio de 2013. La operación, que terminó con 18 promociones de casas públicas de alquiler y alquiler con derecho a compra en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda (ambas filiales de Blackstone), les reportó unos “honorarios de asesoramiento e intermediación” de 1,9 millones de euros (excluido el IVA) a la unión de empresas Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona, según lo certifican las facturas emitidas por la UTE, a las que ha tenido acceso eldiario.es.
El 24 de julio de 2013, el Ayuntamiento anunciaba que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) había aprobado la venta de las casas a cambio de 125,5 millones de euros. Una operación que Madrid consideró que se había “caracterizado por su transparencia y concurrencia competitiva”. El dinero obtenido, publicitaba el Consistorio, eran “nuevos recursos para continuar sus políticas sociales”. Al mismo tiempo la empresa municipal tuvo que abonar esos dos millones en lo que ella misma denominó “la comisión por la intermediación en la venta” en su Informe de Cuentas Anuales y de Gestión de 2014.
Las comisionistas dividieron el cobro de los millones en sendas facturas. Una con fecha de 10 de diciembre de 2013 y otra de 31 de enero de 2014. Ambas calcan el importe: 988.750 euros –a los que hay que añadir el IVA aplicable del 21%–. La suma de estas facturas es lo que la empresa pública imputa en sus cuentas: 1.977.500 euros. La UTE de Itaca y Creaziona firmó un contrato para asesorar al Ayuntamiento en materia de venta de viviendas en diciembre de 2012 y una carta de reconocimiento de cliente en abril de 2013. El “portfolio” de 18 promociones se vendió al fondo en julio de ese mismo año.
El precio de venta que aceptó Madrid para adjudicar todo el paquete de casas estaba por debajo de lo que valían las viviendas. Como el Informe de Gestión recoge, la operación entre el Ayuntamiento y Blackstone “supuso una rentabilidad negativa de 30.655.889 euros”. Las promociones tenían en ese momento un “valor neto contable” de más de 159 millones de euros. Sin embargo, una herramienta contable permitió mostrar esta adjudicación como beneficiosa al aplicarle la Empresa Municipal a estas 18 promociones 34 millones de euros de subvenciones de capital pendientes: es decir, inyecciones de dinero que el Ayuntamiento hace a la EMVS para su funcionamiento. La diferencia entre el precio que se le puso a las casas y el valor de estas es el argumento que utilizó el Partido Socialista de Madrid para llevar esta operación a los tribunales (proceso archivado en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 38).
“Lo único que cambiará es el recibo”
Mientras, la entrada de fondos de inversión en la gestión de hogares concebidos como de alquiler protegido sigue dejando su rastro. A pesar de que el Gobierno local de Ana Botella subrayó que se “garantiza los contratos y condiciones de los inquilinos actuales” y que “lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor, en vez de la EMVS será el nuevo propietario de los inmuebles”, a medida que se han ido cumpliendo los plazos de arrendamiento, Fidere –Blackstone– ha ido modificando sistemáticamente las condiciones del alquiler.
Basta con comparar los contratos que los inquilinos firmaron con el Ayuntamiento y lo que les remite Fidere. La revisión de ambos documentos, referidos a un mismo inmueble, muestra cómo el inquilino que quiera continuar viviendo en la que ha sido su casa deberá abordar un incremento del 40% en el precio por el simple hecho de que el recibo del alquiler ya no sea de la EMVS sino del “nuevo propietario”: Fidere. De golpe, una renta anual de 4.388 euros se convierte en otra de 6.183, según los documentos revisados por este diario. Los inquilinos se tienen que adecuar en un par de años a este nuevo precio.
Otra diferencia es que el contrato público duraba dos años y se prorrogaba “obligatoriamente” por plazos anuales al llegar el vencimiento, y el que envía el fondo estipula un año de duración y solo añade que “se prorrogará por periodos anuales sucesivos hasta un máximo de tres anualidades”.
Así, de las advertencias que hacían los afectados sobre el riesgo que implicaba dar cabida a estos nuevos dueños en las promociones de vivienda protegida se ha pasado a las órdenes de desahucio que llegan en casos como el de Ana Vargas o José Antonio, que se manifestaban en la sede de la Empresa Municipal en enero pasado una vez recibida la notificación para abandonar sus casas. Fidere no gestiona viviendas protegidas, sino simplemente viviendas. Y a quien no le alcanza, tiene que marcharse.