La Comunidad de Madrid, obligada a salvar contra reloj sus carencias para intentar avanzar de fase en la desescalada

A la Comunidad de Madrid se le echa el tiempo encima otra vez. Este miércoles tiene que haber resuelto las carencias que impidieron que pasara a la fase 1 de desescalada y que están centradas en su sistema de detección rápido de casos desde Atención Primaria. En principio, ese es el plazo para presentar ante el Ministerio de Sanidad la solicitud y acceder a la fase el 18 de mayo.

El proceso va a marchas forzadas. El protocolo para esa detección precoz no estuvo listo hasta la noche del domingo, cuando se remitió a los centros de salud. Ahora, los sanitarios tienen que adaptarlos para que sean funcionales. También están llegando a los centros de salud paquetes de kits de pruebas PCR. Lo que aún falta es el refuerzo de profesionales que implementen la red de control de la enfermedad.

“No nos han informado absolutamente de nada. Nosotros estamos pidiendo que se mantenga el volumen de contratación hasta el 31 de diciembre”, explica Julián Ordóñez del sindicato UGT. Es decir, que no haya caída en las plantillas en ningún momento. El Gobierno madrileño aseguró públicamente que incorporaría a 650 sanitarios al sistema, pero no ha concretado cómo va el proceso de contratación e incorporación, tras ser consultado por eldiario.es.

“Aquí llega de todo menos personal”, cuenta una médica de Atención Primaria de la periferia. Muchos sanitarios cuentan que a los centros de salud todavía no ha llegado nadie para reforzar las tareas que se prevén esenciales para iniciar cualquier desescalada. El propio protocolo de la Comunidad pormenoriza cómo debe evaluarse cada caso sospechoso, hacerle una prueba de PCR, obtener el resultado “en 24-48 horas” y comenzar el rastreo de contactos de los posibles contagios. Además de atender el resto de las enfermedades.

Todos estos aspectos son los que deben quedar explicados en la nueva solicitud de este miércoles para comenzar el proceso de valoración bilateral entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid antes de tomarse una decisión final que, según la orden de cogobernanza, corresponde al ministro Salvador Illa.

Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y su vicepresidente Ignacio Aguado, han aprovechado este martes para repetir sus motivos para avanzar en la desescalada: Díaz Ayuso se ha visto telemáticamente con representantes de los sectores de la hostelería y el ocio nocturno, según ha informado el Ejecutivo regional, para trasladarles “su interés en poder avanzar en la desescalada para recuperar la normalidad”. Aguado ha repetido que la Comunidad de Madrid necesita “dar el salto a la fase 1 para reactivar la economía, dado que el confinamiento aumenta el riesgo de pobreza”.

Detectar señales de incrementos con anterioridad

Más allá de las polémicas públicas que han desatado diversos gobiernos autonómicos cuyos territorios no obtuvieron el visto bueno para desescalar que pretendían, la pieza de clave del periodo de transición está colocada en esta capacidad del sistema de Atención Primaria para detectar cualquier posible caso de COVID-19 y que no se expanda de nuevo.  

El director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado este martes que “los sistemas de vigilancia, la capacidad de diagnóstico precoz a cualquier persona que tenga la sintomatología establecida en el sistema y la capacidad además de notificar estos casos rápidamente es fundamental”.

El objetivo es localizar cualquier nuevo contagio. “Para detectar señales que nos indiquen un posible incremento con una precocidad mayor que la que actualmente tenemos”, ha añadido Simón.

Las otras comunidades pendientes de revisión

El Gobierno de la Generalitat valenciana ha asumido que debe aumentar las pruebas PCR que realiza a los casos sospechosos para saltar a la fase uno de la desescalada en los 14 departamentos de salud que permanecen en fase 0. El Gobierno autonómico decide este miércoles si vuelve a solicitar el avance de etapa. La consejera de Salud Universal, Ana Barceló, ha afirmado que se harán tests a sospechosos al máximo de su capacidad.

Algo parecido ocurre en Andalucía, donde la Junta ha acusado al Gobierno de utilizar “criterios políticos” para no permitir el progreso de fase en Granada y Málaga. Allí la situación epidemiológica es más favorable que en lugares como La Rioja o Navarra, pero hacen cuatro veces menos pruebas de PCR.

Y se repite la situación en Castilla-La Mancha. El Gobierno de Emiliano García Page ha presentado este martes la documentación para pedir que Toledo, Albacete y Ciudad Real empiecen la fase uno el 18 de mayo. Al explicar la decisión, el director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha enumerado las mejoras que han remitido a Sanidad: estrategias específicas de Vigilancia de Casos y Contactos de la región o el plan formativo de las Enfermeras Investigadoras de Casos. Es decir, una vez más, un sistema par detectar rápidamente contagios, sus posibles contactos y contener así una posible diseminación. Con todo, Fernando Simón ya dijo el domingo que Granada, Málaga, Toledo, Albacete y Ciudad Real estaban en buena situación para alcanzar la fase uno el lunes que viene.

En las dos comunidades que menos territorio solicitaron pasar a la nueva etapa de desescalada, Castilla y León ha pedido que 14 zonas básicas de salud que no obtuvieron el visto bueno se incorporen el 18 de mayo. Hacía falta completar los datos de movilidad de estas áreas y llegaron demasiado tarde. En Catalunya no confirman si presentarán esta semana los informes para las zonas que no incluyeron la vez anterior.   

Al mismo tiempo que Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Andalucía revisan sus planes para conseguir llegar a la fase 1 este 18 de mayo, otras comunidades siguen avanzando: el Gobierno de las Islas Baleares ha anunciado que este miércoles pedirá que Formentera, su primer territorio en fase 1, pase a la siguiente etapa por no haber registrado ningún caso desde el 17 de abril.

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