La histórica activista trans Mar Cambrollé lo tiene claro: “La movilización ha sido el único camino para conseguir nuestros derechos. No nos van a regalar nada”. Por eso, la Plataforma Trans, de la que es presidenta, ha vuelto a convocar este sábado al colectivo para conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans, denunciar las violencias que sufren y pedir que se mejore y acelere la tramitación de la ley trans y contra el fascismo.
El Día Internacional de la Memoria Trans se celebra cada año, desde 1998, en varios países del mundo para recordar a aquellas personas que han sido víctimas de la transfobia. Desde 2008, en España han sido asesinadas 14 personas trans, dos de ellas en 2020, según el registro del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de la plataforma Trans Respect, que ha contabilizado un total de 4.042 casos reportados en todo el mundo hasta septiembre de este año. De esos más de 4.000 asesinatos de los que se ha tenido constancia, 375 se han producido en el último año y el 96% de las víctimas eran mujeres o personas trans femeninas.
Según el último informe sobre la evolución de delitos de odio en España, publicado por el ministerio de Interior, en 2020 se registraron 277 casos por orientación sexual o identidad de género. Es uno menos que el año anterior, previo a al confinamiento, y representa más del 20% del total. El recuerdo de dos de los últimos casos de violencia contra las personas trans en España ha estado presente en la lectura del manifiesto, en la Puerta del Sol: el de la joven arrojada desde la muralla de Lugo y el de la mujer de 63 que se precipitó desde una tercera planta cuando escapaba de su agresor en Málaga. Pero estas no son las únicas: diferentes entidades han ido denunciando otros casos en los últimos meses, como la agresión a una persona trans a la salida de un bar en Palencia en septiembre o los tres puñetazos a una mujer de 64 años al grito de “maricón de mierda” en Vitoria en julio.
La discriminación no solo llega en forma de violencia directa, sino también a través de otros ámbitos, como el laboral o el escolar. Diversos informes revelan que las personas trans tienen más difícil acceder a un puesto de trabajo que las cisgénero. Según un estudio de UGT, publicado este verano, el 80% de las personas trans se encuentra en situación de desempleo y casi el 70% teme reconocer su identidad de género en el trabajo. Otro informe de la FELGTBI+ señala que el 58% del alumnado trans ha sido víctima de acoso escolar.
“Derechos trans son derechos humanos”, han coreado decenas de personas, que han recorrido la Gran Vía desde la plaza de Pedro Zerolo, en Chueca, hasta la Puerta del Sol, pasando por la calle Preciados, tras una pancarta que recogía que “contra el fascismo, ley trans”. Una reivindicación que tienen en cuenta el auge de la extrema derecha y el temor a que los derechos LGTBI entren en la negociación política o se pierdan ante Gobiernos de distinto signo. Tienen en cuenta, por ejemplo, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a hacer cambios en estas leyes autonómicas para lograr el apoyo de Vox a los Presupuestos o la propuesta de PP y Vox en Murcia de multar a quien use el lenguaje inclusivo en la Administración.
“El Gobierno no nos puede dejar abandonados a la aventura de otras formaciones”, dice la presidenta de la Federación de colectivos trans del estado español Plataforma Trans, que pide saldar “la deuda con las personas trans”. “No queremos más, pero tampoco menos”, reclama.
“No vamos a permitir la dilatación de una ley que llega tarde y que viene a compensar y reparar la deuda con las personas trans”, explica Cambrollé. Los colectivos en defensa de las personas trans reclaman que se mejore ese anteproyecto de ley en tres aspectos clave: la inclusión de las personas trans migrantes, las identidades no binarias y que no deje fuera a las infancias trans.
Elena Fernández es la madre de un menor trans. Ha acudido a la manifestación porque “queda mucho para conseguir que todo sea igual en la sociedad” y porque le preocupa “la entrada gorda de partidos con tintes fascistas” en el escenario político.
En 2019, el Tribunal Constitucional estimó que los menores trans con suficiente madurez podían registrar su cambio de sexo y que exigir ser mayor de edad para un cambio de género en el DNI es inconstitucional. Algo que la nueva ley trans y LGTBI no contempla, como indica Cambrollé, que amenaza con llevar la norma hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no se incluye esta reivindicación: “Pedimos el derecho a la identidad y que nuestras infancias no sean maltratadas”.
Las identidades no binarias también quedan fuera del anteproyecto. Cris Sol, une joven de 23 años, se manifestaba este sábado “por la memoria trans”, pero también para pedir que se pueda incluir su identidad en el DNI. “Nuestra reivindicación es el derecho a ser y el respeto”, señala. “No somos incluides para nada y tampoco podemos cambiar el nombre”, lamenta, rodeade de un grupo de compañeres. “Pensamos que va a tardar (en incluirse)”, explica, pero su prioridad es ir “paso a paso” para que “las personas trans consigan sus derechos”.
El pasado mes de junio, el Gobierno aprobó el anteproyecto de la nueva 'ley trans', fusionada con la LGBTI. Una norma que generó tensiones en el seno del Gobierno de coalición y mantiene la oposición de un sector del movimiento feminista, contrario a la libre determinación de género, que permite a las personas trans realizar el cambio registral sin aportar pruebas o el testimonio de terceros. Estas tensiones han estado presentes en la marcha, donde se ha coreado en repetidas ocasiones que “la transfobia no es feminismo” y se ha recordado la oposición de la ya ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la autodeterminación de género, al considerar que no garantiza la “seguridad jurídica”.