La manifestación de regantes contra el Gobierno por el trasvase Tajo-Segura atrae a políticos y grandes empresas

La concentración convocada por el sindicato de regantes del trasvase Tajo-Segura (Scrats) era demasiado golosa para perdérsela. La protesta contra la planificación hidrológica del Gobierno que asegura un caudal ecológico al río Tajo como demanda la ley ha atraído este miércoles, junto a los regantes, a empresas y políticos ante la fachada del Ministerio de Transición Ecológica.

La reivindicación del Scrats es que, si se aseguran unos caudales para función biológica del Tajo, no podrá bombearse por el acueducto tanta agua como ellos precisan para las explotaciones de regadío del levante (Alicante, Murcia y Almería). La convocatoria ha reunido a unos miles de personas en la sede ministerial con lemas como “el levante sin agua, desierto y paro”.

“Esto no va de ecología”, decía el speaker de la concentración. “¿Quién va a llevar las verduras a los supermercados? ¿Las van a traer de Marruecos? A lo mejor es lo que quieren, que las traigan de Marruecos”, ha alentado para luego animar al público: “Ministra dimisión”.

Con solo unos meses antes de las elecciones autonómicas, la manifestación de este miércoles se ha mostrado una fecha irrenunciable para los políticos que van a entrar en liza. Hasta Madrid se ha desplazado el presiente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), un habitual cuando los regantes arremeten contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez representado por la vicepresidenta tercera Teresa Ribera.

Pero también se ha pasado por allí el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano Martínez (PSOE) para decir que “un millón de personas del sureste español beben” del agua del trasvase. La manifestación ha sido convocada por los regantes agrícolas. De hecho, la ley de Aguas española coloca el abastecimiento humano como primera prioridad que tiene que garantizarse. Es decir, se cortaría toda el agua de riego antes dejar si beber a la población.

También se ha dejado ver la consellera de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro, quien ha pedido un consenso, “en el que se encuentre el equilibrio entre la sostenibilidad y las inversiones necesarias para mejorar las condiciones del río Tajo y garantizar la continuidad del trasvase”. El próximo candidato de Compromís a la presidencia de la Comunitat Valenciana, Joan Baldoví, también se ha aproximado a la concentración.

Incluso el líder ultraderechista de Vox, Santiago Abascal se ha pasado a hacerse fotos –su partido ha desplegado incluso una pancarta en medio de la manifestación–. El sindicato adherido al partido de Abascal, Solidaridad, directamente ha repartido panfletos pidiendo la afiliación entre los manifestantes.

Unos manifestantes entre los que se contaban numerosas comunidades de regantes, pero, al mismo tiempo, muchos trabajadores de grandes empresas hortofrutícolas, este miércoles con permiso para estar en Madrid. De hecho destacaban los petos, gorras y distintivos de los trabajadores de corporaciones como Peregrin –50 millones de euros en facturación–, Jimbofresh –67 millones–, Agromark –73 millones–, La forja selección o Mimaflor –casi 200 millones–. También se ha visto una pancarta de la empresa de colocación Interempleo, patrono de la Fundación Ingenio, el lobby del regadío en el murciano Campo de Cartagena.

“Pero más alto que no se oye”, se ha estado quejando una manifestante cuando se pedía gritar por la dimisión de la ministra Teresa Ribera. La vicepresidenta tercera contestó este martes que la planificación responde, “por primera vez”, a la realidad que impone la crisis climática: “Ciclos mucho más largos de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros”.

“No nos pueden quitar el trasvase. No lo vamos a consentir”, proseguían los manifestantes. El plan del Ejecutivo es que el volumen que no se bombee pueda sustituirse con otros recursos como las desaladoras. “Es cuatro veces más cara. ¿Quién puede pagarla?”, contestan automáticamente los regantes.

En medio de esta pelea, queda diluido que el establecimiento de caudales ecológicos es una obligación legal que se ha incumplido desde hace muchos años. El Tribunal Supremo reprochó en 2019 que, en la planificación que ha regido el Tajo hasta ahora “no se han fijado caudales ecológicos”, por lo que anuló las partes del plan que escamoteaban esa imposición legal.

“Los caudales ecológicos no son un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para la consecución del buen estado”, del río, dejó escrito el Supremo. Un buen estado que está todavía por conseguirse.