Así maniobra en Bruselas el lobby de las grandes farmacéuticas para conservar las patentes de vacunas y tratamientos contra la COVID-19

Países como India y Suráfrica están pidiendo que se renuncie a las patentes en la Organización Mundial del Comercio para vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Un grupo de 170 premios Nobel y exgobernantes han pedido a Joe Biden que apoye eliminar las patentes de la vacuna contra la COVID-19. Mientras Estados Unidos, Reino Unido y la UE van cogiendo velocidad de crucero con la vacunación, sobre todo los dos primeros, el resto del mundo no sabe cuándo tendrá vacunas. Y en diciembre pasado, en plena segunda ola del virus y cuando las vacunas estaban a punto de ser autorizadas por la Unión Europea, el lobby de las grandes farmacéuticas presionaba en Bruselas contra la idea de relajar las normas sobre propiedad intelectual que podrían facilitar la fabricación de vacunas en los países de rentas bajas y medias, según revela un informe del Corporate Europe Observatory tras una investigación con documentación de las reuniones.

“Los argumentos utilizados por los grupos de presión de las grandes farmacéuticas en las reuniones con la Comisión Europea para defender los derechos monopolísticos de propiedad intelectual sobre las vacunas son demostrablemente falsos”, afirma el Corporate Europe Observatory (CEO). “Todo está en buenas manos, la industria se asegurará de que las vacunas lleguen a todos en todo el mundo, no hay necesidad de medidas extraordinarias. Créanos'. Parafraseando, este es el mensaje central que las compañías farmacéuticas utilizaron en las reuniones con la Comisión Europea a principios de diciembre de 2020 al oponerse al intercambio de tecnología a través de la relajación de los derechos de propiedad intelectual para luchar contra la pandemia”, explica el CEO, que revela estos documentos de las grandes farmacéuticas conseguidos a través de solicitudes de libertad de información (FOI), en un momento de escasez de vacunas a escala mundial.

Fuentes relacionadas con la industria farmacéutica sostienen: “En estos momentos es más rápido que se fabriquen las vacunas existentes en otras fábricas que se libere la patente, porque los procesos de aprobación de genéricos, al menos en Europa, son como los de los originales, con lo que se tardarían meses hasta que una fábrica pueda ponerse a fabricar genéricos”.

Los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, sobre las vacunas y los medicamentos contra la COVID-19 han sido un campo de batalla clave en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia. “Esta vacuna será nuestro bien común universal”, afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en abril de 2020.

“Sin embargo, tal y como están las cosas, vemos una estrecha alineación entre las posiciones de la Comisión Europea y del grupo de presión de las grandes farmacéuticas”, explica el informe CEO: “La pelea por los derechos de propiedad intelectual se está intensificando. En octubre de 2020, los gobiernos de India y Suráfrica presentaron una propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para renunciar a los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas y medicamentos para permitir que los países produzcan más por sí mismos, lo que también aumentaría la producción en general ante la terrible escasez de vacunas y el ritmo actual de la pandemia. Pero Bruselas ha rechazado la idea desde el principio”.

Hace escasos días, más de 170 Premios Nobel y exmandatarios han pedido al presidente de EEUU, Joe Biden, que apoye eliminar las patentes de la vacuna contra la COVID-19 a través de una carta abierta: “Salvará vidas y nos hará avanzar hacia la inmunidad colectiva mundial”. Entre los firmantes se encuentran el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el exmandatario de Francia François Hollande; la exprimera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark; el exprimer ministro británico Gordon Brown y los Premios Nobel Joseph Stiglitz, Elizabeth H. Blackburn y Muhammad Yunus.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tuiteó la carta abierta pero luego borró el tuit, como explica la coportavoz de La Izquierda en el Parlamento Europeo, Manon Aubry (France Insoumise): de alguna manera, la petición va en contra de la línea oficial de la Comisión Europea.

En este sentido, la investigación de Corporate Europe Observatory muestra las maniobras del gran lobby farmacéutico EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas) para presionar a la Comisión Europea. EFPIA es el principal grupo de presión de las grandes farmacéuticas en Europa, con un gasto en lobby de hasta 5,5 millones en 2020 con la participación de 25 lobistas (4,6 millones en 2019) y ha dejado clara su oposición a “cualquier flexibilización de los derechos de propiedad intelectual”.

Los documentos muestran que varios departamentos de la Comisión Europeas se han mantenido en estrecho contacto con la EFPIA desde el estallido de la pandemia. Incluidas conversaciones sobre suministros, sobre todo en los primeros días, y sobre asuntos más políticos, entre ellos los derechos de propiedad intelectual. En medio de la pandemia, la EFPIA se ha reunido a menudo con funcionarios de la UE para discutir cómo garantizar normas más estrictas sobre derechos de propiedad intelectual en acuerdos comerciales bilaterales (con países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Indonesia, Chile).

Y, más recientemente, explica el informe, “la EFPIA ha presionado para que la UE rechace la propuesta que se debate actualmente en la OMC. La reunión clave tuvo lugar el 9 de diciembre de 2020 entre la EFPIA y la dirección general de Comercio de la Comisión Europea, responsable de las negociaciones de la OMC. Los dos grandes lobbys farmacéuticos llegaron con el mensaje de que la estrategia global apuntaba en la dirección correcta, en gran parte gracias a las compañías farmacéuticas. Según el acta, dos lobbistas de la EFPIA presentaron el panorama de colaboraciones que realizan los desarrolladores de vacunas y los que trabajan en los tratamientos de la COVID-19 para aumentar la capacidad de fabricación y el suministro general de vacunas y tratamientos”.

En ese momento, las tres vacunas principales (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Moderna) se encontraban en las etapas finales de aprobación.

La EFPIA distribuyó un documento en el que se describe la posición del lobby farmacéutico, escrito por la asociación mundial de los sectores farmacéuticos, la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), que muestra un alto nivel de unidad entre las grandes farmacéuticas. En cuanto a la propuesta de India y Suráfrica de renunciar a las patentes para tratamientos y vacunas contra la COVID-19 en la OMC, la posición de EFPIA/IFPMA es elocuente: “Representa una medida extrema para un problema no identificado”.

A día de hoy, solo unos pocos países en todo el mundo están cerca de una aplicación sustancial de vacunas (Reino Unido, EE UU e Israel); el número de muertes diarias en el mundo supera a cualquier momento previo a diciembre de 2020, y lo mismo ocurre con el número de casos activos y nuevos infectados. Al tiempo, nuevas variantes están ganando terreno en varios países. Y, a escala mundial, una parte significativa de la humanidad no tiene perspectivas de recibir una vacuna a corto plazo.

Según un análisis escrito en enero de 2021 por The Economist Intelligence Unit, 85 países no verán un despliegue sustancial de vacunas hasta 2023, y en los meses posteriores a esa evaluación las cosas no han mejorado. En el momento de redactar el informe del CEO (10 de abril de 2021), solo 3 de los 54 países africanos han podido vacunar al 1% de los ciudadanos. De hecho, la OMS ha descrito la situación actual como un “fracaso moral catastrófico”.

Mientras tanto, la escasez ha desencadenado restricciones a la exportación en la UE, EE UU, India y otros países, y las empresas farmacéuticas se encuentran bajo una inmensa presión para cumplir sus compromisos, que en muchos casos no pueden hacer.

A pesar de esta situación, en la reunión de diciembre de 2020, la EFPIA enumeró un gran número de empresas involucradas en la investigación y desarrollo sobre “1.100 tratamientos y vacunas potenciales”, y argumentó: “La industria tiene la capacidad para hacer frente a la pandemia”. Los únicos obstáculos para una rápida implementación de la vacuna a nivel mundial eran la “preparación del país”, las “aprobaciones reglamentarias oportunas” y el “escrutinio de la cadena de suministro”.

“Y nadie parece cuestionar que la capacidad de fabricación es el problema principal. Hoy de esto trata el debate sobre las vacunas, de cómo aumentar la producción en una situación de escasez”, dice el informe: “Eso plantea la pregunta de cómo encontrar capacidad de fabricación adicional, dado que las empresas farmacéuticas no han cumplido con las expectativas y los contratos hasta ahora”.

Según los análisis, la industria farmacéutica de India puede producir hasta 2.400 millones de dosis al año. Pero, por el momento, solo una fábrica, el Serum Institute of India, ha cerrado un acuerdo para producir una de las vacunas clave (AstraZeneca) y está previsto que produzca solo 1.000 millones de vacunas este año.

Desde la Coalición para las Iniciativas de Preparación para Epidemias (CEPI), una de sus expertas, Nicole Lurie, declaró recientemente en un seminario web organizado por la Universidad de Columbia: “Todavía hay un exceso de capacidad. El desafío es que en este momento las empresas que han establecido vacunas son realmente reacias a formar asociaciones, particularmente con algunos fabricantes de países en desarrollo”.

“Si, como afirman las grandes farmacéuticas, los derechos de propiedad intelectual no son una barrera para el acceso a las vacunas, ¿por qué sigue siendo tan limitado? ¿Por qué no se está poniendo a trabajar a docenas de productores locales para suministrar vacunas al mundo?”, se pregunta el CEO.

En octubre pasado, Moderna anunció que “mientras la pandemia continúe, no aplicará” sus “patentes relacionadas con el covid-19 contra aquellos que fabriquen vacunas destinadas a combatir la pandemia”.

No obstante, como publicaba el New York Times, hay disputa con las patentes de Moderna, ya que la patente de la investigación que forma la base de su vacuna pertenece al Gobierno de EEUU.

Según el documento de la EFPIA de diciembre de 2020, “los desarrolladores de las vacunas aprobadas pueden participar en acuerdos de fabricación, que pueden incluir transferencia de tecnología, proceso con tenedores de licencia o fabricantes contratados cuidadosamente seleccionados”.

Es cierto que ninguna regla sobre los derechos de propiedad intelectual impide que los desarrolladores de vacunas negocien licencias con otros productores o acuerden un “contrato de fabricación”. Pero las normas sobre los derechos de propiedad intelectual generan “que rara vez tengan interés en hacerlo. Los derechos conferidos a los monopolios de las vacunas les han permitido dar la espalda a los intentos internacionales de compartir tecnología, con un bloque unificado de grandes agrupaciones farmacéuticas que rechazan el COVID Technology Access Pool, la iniciativa C-TAP creada bajo los auspicios de la OMS para asegurar el acceso para todos. Como consecuencia, ese grupo de tecnología compartida permanece vacío, dejando, por ejemplo, a productores de genéricos sin medios para fabricar”, afirma el Corporate Europe Observatory: “Dejar los derechos de las vacunas a unas pocas empresas significa dejarles el poder de decidir si permitir la producción en las economías emergentes o no. Y los propietarios de vacunas han mostrado muy poco interés en expandir la producción a través de licencias o fabricación por contrato. Por ejemplo, Pfizer-BioNTech no ha suscrito ningún acuerdo de este tipo fuera de Europa, Israel y EEUU. La única empresa que ha hecho acuerdos con cinco empresas en el sur para producir vacunas es AstraZeneca debido a la presión de sus socios de la Universidad de Oxford, con acuerdos en Indonesia, India, Japón, Australia, México, India y otros lugares”.

AstraZeneca, además, precisamente por este vínculo universitario, vende su vacuna prácticamente a precio de coste, casi diez veces más barata que Pfizer, por ejemplo. Los problemas de AstraZeneca, no obstante, vienen por sus problemas para entregar las vacunas acordadas y por sus efectos secundarios con casos de trombos, algo que también se está investigando con la de Janssen, cuya distribución está parada en EEUU y la UE.

Los términos de todos estos acuerdos siguen siendo secretos, pero la mayoría de ellos se refieren a cantidades relativamente pequeñas, con algunas excepciones notables. Sin el Serum Institute of India, los países de bajos ingresos se encontrarían en serios problemas.

Este fin de semana, la RAI publicó los contratos de la UE con Moderna y Pfizer.

“Hay una cuestión financiera en juego, pero COVAX ha recorrido un largo camino con fondos de gobiernos y fondos de caridad con vínculos corporativos, entre ellos la Fundación Bill y Melinda Gates”, explica el informe: “El verdadero problema es el suministro. Por el momento, COVAX tiene un acuerdo con Pfizer para la entrega de solo 1,2 millones de dosis a través del programa, mientras que AstraZeneca ha firmado un acuerdo sobre 340 millones de dosis. A corto plazo, el destino de COVAX depende de AstraZeneca. Se supone que el suministro de AstraZeneca para COVAX proviene de una sola fábrica, el Serum Institute of India. Según el SII, cuentan con una capacidad de 1.000 millones de dosis, pero hasta ahora el contrato con AstraZeneca ha desatado una pelea de perros por los productos, con el Reino Unido reclamando 10 millones de dosis, la UE pidiendo otros 10 millones y finalmente el Gobierno indio interviniendo y deteniendo todas las exportaciones hasta junio de 2021 para asegurar el suministro del SII a la propia India”.

Estos problemas de COVAX contrasta con la tesis del lobby farmacéutico de que “COVAX es la única vía viable”.

Los derechos de propiedad intelectual no han sido una “barrera para la colaboración” entre el sector público y las empresas privadas, afirma el documento de la EFPIA, “han sido una fuerza habilitadora” y garantizan que “la próxima generación de inventores e inversores siga participando”.

“Esto es indudablemente cierto”, dice el CEO: “Sin duda, es un rentable para un inversor que las instituciones públicas y los gobiernos dejen a unas pocas empresas con los derechos exclusivos de recetas de vacunas vitales para todo el mundo. Pero, además de la pregunta de si es el camino correcto a seguir dadas las circunstancias, existe otra pregunta sobre cuándo una empresa puede legítimamente reclamar tal propiedad”.

En el informe también se recuerda “el apoyo financiero masivo de instituciones públicas para la investigación de vacunas”, y apunta: “Estamos siendo testigos de una estafa importante. Una evaluación inicial de la financiación pública del desarrollo de vacunas muestra que las seis vacunas más destacadas han recibido una media de alrededor de 1.500 millones de euros de fondos públicos en apoyo. ¿Qué proporción de los costes de investigación cubre esto? Esa pregunta no tiene respuesta para todas las vacunas, debido a la falta de transparencia tanto de las empresas como de los poderes públicos”.

El CEO recoge el informe anual de uno de los actores, BioNTech en Alemania: “Esa empresa, junto con su empresa socia Pfizer, ha recibido alrededor de 2.000 millones de euros en apoyo público, de los cuales 370 millones de euros provienen del gobierno alemán y cerca de 2.000 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos. Según su informe anual de 2020, los costes de investigación y desarrollo ascendieron a 645 millones de euros, un aumento de unos 420 millones de euros en comparación con el año anterior, debido principalmente a los gastos para el desarrollo de la vacuna Pfizer-BioNTech, un poco más que la cantidad recibida del gobierno alemán. Dado que los costes se repartieron a partes iguales entre las dos empresas, una estimación aproximada del coste del desarrollo de la vacuna lo sitúa ligeramente por debajo de los 1.000 millones de euros, o la mitad de la financiación pública de una estimación de Medicins Sans Frontiéres”.

Las proyecciones son que Pfizer-BioNTech espera recibir una avalancha de dinero este año. “Según una estimación conservadora, los ingresos de 15.000 millones de dólares de las ventas de la vacuna por parte de Pfizer este año lo convertirán en el segundo fármaco que más ingresos genera en cualquier momento y en cualquier lugar, según informes de la industria, con un beneficio estimado de 4.000 millones de euros (sólo superado por un fármaco contra la artritis). Otros analistas alcanzan una cifra mucho más alta al tomar en cuenta una decisión reciente de aumentar la producción a 2.500 millones de dosis, y un beneficio de 3-5 dólares por dosis: entre 7.500 y 12.500 millones de dólares beneficios (es decir, 10.500 millones de euros)”, afirma el Corporate Europe Observatory.

En la OMC, a principios de marzo de 2021, el mensaje de la UE fue que se necesita una asociación más estratégica con la industria para resolver los problemas de acceso a las vacunas. “La propiedad intelectual es un factor clave para proporcionar un marco que permita esta cooperación”, dijo el representante de la UE, según recoge el CEO: “Hay demasiados signos de fracaso en la estrategia de la UE para lograr un despliegue mundial de la vacunación. En Europa y Estados Unidos, los estados con los bolsillos más llenos, eligieron algunas grandes compañías farmacéuticas dejándoles los derechos de monopolio de las vacunas, con miles de millones en la mitad de los países del mundo con pocas perspectivas de ver un despliegue completo de las vacunas. Este fracaso debe abordarse rápidamente, y el primer paso debe ser que los políticos y las instituciones públicas tomen el volante y neutralicen la amenaza de los exorbitantes derechos de propiedad intelectual. Esto incluirá revertir las promesas hechas a Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson y similares, y revertir los derechos de propiedad intelectual. Por el momento, la exención propuesta en la OMC por India y Suráfrica cuenta con el apoyo de más de 100 países. Los que bloquean son los gigantes farmacéuticos con acuerdos de compra excesivamente generosos, unidos en la EFPIA y respaldados por gobiernos de países ricos como la UE y EEUU”.