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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

ENTREVISTA – MINISTRO DE UNIVERSIDADES

Manuel Castells: “Hemos hecho la ley universitaria más feminista de la historia”

El Ministerio de Universidades echa humo estos días. Las iniciativas parlamentarias del responsable de la cartera, Manuel Castells, se acumulan en el Consejo de Ministros. Y vienen más, anuncia su titular. Entre las ya presentadas está una de las leyes de mayor calado de la legislatura para este Ministerio, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), destinada a cambiar los campus tras más de 20 años de LOU.

Castells recibe a elDiario.es para hablar de esta ley en su despacho del Ministerio, un espacio modesto y austero, apenas decorado, con vistas sobre el paseo de la Castellana de Madrid. El ministro se defiende de las acusaciones de que su LOSU resta democracia interna a las universidades con los cambios que introduce en el sistema de gobernanza (“los cambios son opcionales y no se pierde más democracia de la que las universidades quieran perder”); defiende que la norma “es la más feminista de la historia” por su carácter transversal, además de la medidas concretas de acción positiva destinadas –en principio, pero no solo– a la mujer; que acabará con la precariedad del más precario de los colectivos universitarios, los profesores asociados; y admite que aunque la financiación acordada para la Educación puede resultar escasa, es un punto de partida sobre el que trabajar.

Al ministro le gusta hablar de la Universidad. Y se nota. A diferencia de algunos de sus colegas, no rehúye las preguntas, acepta ser interrumpido e interrumpe si no está de acuerdo con los periodistas. Durante la clásica conversación informal previa a la entrevista, bromea con que ya nadie le llama el “ministro ausente”, como sucedió durante la pandemia. En cuanto se encienden las grabadoras, el ministro para de hablar y con un “vosotros diréis” da por comenzada la entrevista, que concluirá con una “world premiere”, en sus propias palabras: no seguirá al frente del Ministerio cuando acabe este ciclo. “Una legislatura es más de lo que nunca pensé que pudiera hacer”, confirma. Durante la charla, Castells utilizará indistintamente el masculino y el femenino para referirse a rectores, profesoras o decanos en su conjunto.

La ley cambia bastante el modelo de gobernanza de las universidades. ¿Hay cosas que no funcionan? 

No. Si pensáramos que el modelo actual no funciona lo habríamos suprimido. Depende de si se refieren al procedimiento de la elección del rector o a otra cosa.

[Con la posibilidad de cambiar de sistema de elección de rector] no se pierde más democracia de la que las universidades quieran perder

La elección del rector es una cuestión, la reducción del número máximo de componentes de los claustros es otra, por ejemplo.

Un claustro debe ser operativo para ser eficaz, porque es el origen de la legitimidad de todo lo que se hace en la Universidad, y las grandes asambleas de cientos de personas no suelen ser muy efectivas. Tiene que ser representativo, elegido, pero al mismo tiempo limitado a un número, cien, que es bastante gente.

¿Y en cuanto a la elección del rector? 

Esta ley es el resultado de una interacción de nuestras ideas, propuestas de distintos sectores y del contexto internacional. De hecho, nuestro sistema actual es muy minoritario en Europa. La mayoría son sistemas de elección por parte de un comité especial, y hay otros modelos mixtos. La ley aumenta la autonomía de las universidades: el claustro tiene que elegir los estatutos y los estatutos determinarán cómo se elige el rector. Y si se decide que hay que cambiar el sistema actual, habrá que cambiarlo. Nosotros hemos propuesto un comité –no algo externo a la universidad– en el que el cuerpo profesoral tenga mayoría, los estudiantes estén representados y el Personal Administrativo y de Servicios (PAS) también.

¿Desmiente con esto las acusaciones de falta de democracia que ha recibido de sindicatos, alumnos y otros órganos del mundo universitarios?

Si hablamos de este sistema, no se pierde más democracia de la que las universidades quieran perder. Si cada universidad quiere mantener el sistema actual, lo mantiene y ya está.

¿Entonces usted cree que un comité sí es menos democrático?

No tiene por qué ser menos democrático. Si el claustro es democrático y si las votaciones que luego se producen para elegir a los miembros del comité son democráticas es simplemente un segundo grado de capacidad de decisión. No es menos democrático un parlamento que las asambleas de elección para ese parlamento. Todas las democracias representativas pueden tener un aspecto directo de elección o elegir un cuerpo intermedio que hace la elección final.

La elección de los decanos, que pasa a estar en manos de los rectores, ¿puede restar democracia interna?

Los decanos actualmente son elegidos por las facultades o los directores por las escuelas. Pero finalmente los tiene que refrendar el rector, como todo cargo. Eso no cambia. Lo que cambia es que las facultades en vez de una persona eligen tres. Y el rector escoge una de esas tres. Pero no elige a cualquier persona que no haya sido votada en la facultad. Ese es el único cambio. ¿La razón? Porque hay en muchas universidades conflictos entre rectores y decanos que son bastante paralizantes. No se trata de darle más poder al rector, sino de que pueda tener algo que decir en quién va a ser el decano dentro de la elección democrática de la facultad. 

¿Esto no es quitar un poco de posible oposición? El rector siempre va a elegir al más afín.

No, porque no se trata de que sea la persona que quiere el rector. Es entre tres. Si la rectora tiene un favorito y quiere ponerlo, pero no lo elige la facultad, no lo podrá poner.

La ley cambia los requisitos para ser rector. Antes era imprescindible ser catedrático de Universidad, ahora bastará con ser funcionario, lo cual lo abre a los profesores. ¿A qué responde este cambio?

Se trata de que alguien llegue a ser rector por los méritos y no por el rango. En el caso de los profesores permanentes de la universidad ese mérito es tener tres sexenios, tres quinquenios y además una experiencia de cuatro años en un cargo unipersonal; esto hace que una persona tenga un perfil 'rectorable'. Cambiamos rango burocrático por méritos académicos.

En todo el mundo el mercado privado de la educación superior es de lo más apetitoso y que más rápidamente se desarrolla

¿Y el hecho de que haya profesores titulares con estos méritos académicos que no han llegado a catedráticos no apunta a un problema con el sistema de acreditaciones (que permite ascender en la Universidad)?

La Aneca está despejando el atasco. Pero la idea de que hoy el camino para llegar a profesor titular es muy largo es totalmente cierta. Trabajamos con la Aneca en cambiar criterios, porque con los actuales se llega a titular con 40-45 años. Y ese es el gran problema, el envejecimiento de las plantillas. Solo el 1,5% de los profesores permanentes son menores de 40 años y la edad media del catedrático es de 59 años. ¿Puede ser rectora una profesora? Sí, si cumple los méritos. ¿Puede serlo un catedrático por serlo? No, si no cumple los méritos.

¿Piensa que esto abrirá camino a las mujeres para ser rectoras?

Combinado con la serie de medidas que hemos establecido a todos los niveles con la paridad en las comisiones de selección de candidaturas, sí. Esta ley es la ley universitaria más feminista de la historia, y lo he hecho deliberadamente. A cada nivel hay principio de paridad, hay acciones de discriminación positiva si es necesario. Cuidado, eso quiere decir que si en algún momento hay discriminación hacia los hombres también se corrige. Combinadas las dos cosas debería poder facilitar que se acentúe la tendencia, que ya existe ahora, de tener más mujeres rectoras. Hoy por hoy la proporción es ínfima, como la de catedráticas.

La ley incide en la obligatoriedad de crear protocolos contra el acoso sexual, un aspecto que pese a que ya venía en la anterior norma algunas universidades no cumplen. ¿Se está vigilando el cumplimiento de esta medida? ¿Saben cuántas universidades no los tienen?

Recuerdo que la administración de tutela de las universidades, lo siento, pero son las comunidades autónomas. En la ley de convivencia que está incluida en la LOSU se define como falta muy grave el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Estamos poniendo dientes en las leyes y decretos leyes que estamos haciendo para establecer todas estas unidades de igualdad, diversidad... Luego los reglamentos concretos tendrán que aplicarse en cada caso. Yo creo que las universidades sí están dispuestas a ir por esa vía. Hay una evolución natural, cultural, política y de respeto a la igualdad y dignidad humana. Quedan restos del pasado que esta ley va a contribuir a dejar fuera de la legalidad.

¿Pero sabe el Ministerio en este momento cuántas universidades no tienen el protocolo obligatorio?

Unidades de igualdad tienen todas. Cuántos protocolos dentro de esto hay que preguntárselo a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que es la que hace el conteo.

Voy a luchar por incorporar los profesores distinguidos, que existen en todas las mejores universidades del mundo. Es empezar a ser un poco menos provincianos

Ha recordado antes que el control de las universidades corresponde a las comunidades autónomas. ¿Están haciendo su labor?

Unas sí y otras no.

Da la sensación de que las universidades incumplen la ley en muchos aspectos (contrataciones a dedo, concursos de plazas dirigidos, exceso en las ratios de profesores temporales) y nunca pasa nada, no hay responsables.

Tampoco hay que exagerar. Sí que pasa. Pero en este país, y no solo en las universidades, hay cantidad de cosas que no diría que están al margen de la ley, pero no llegan a cumplirla. Las situaciones laborales son cuestión de la inspección de trabajo, que está actuando y actuará. Luego hay otras cuestiones que sí debe ser la autoridad de tutela la que intervenga. Lo importante es que haya un marco jurídico claro y definido y que se pueda respetar.

¿Por ejemplo con los profesores asociados? 

Hay una gran confusión con esto a la que han contribuido algunos medios. Esta ley clarifica, espero que de una vez por todas, lo que son y lo que no y lo que hay que hacer en cada categoría. Los profesores asociados, en la ley anterior y la actual, están definidos como aquellas personas que tienen su trabajo principal fuera de la universidad y que, como son profesionales que conectan la experiencia laboral con la de los estudiantes, pueden dar un número limitado de horas y por contrato laboral establecido por la universidad. Estos son los asociados de verdad y van a continuar. 

Luego hay otras situaciones, dramáticas, que son aquellas personas que bajo esta figura han sido contratadas por razones que conocemos: en un momento aumentó el 25% el número de estudiantes y bajó el 21% la financiación durante la crisis. Las universidades echaron mano de lo que pudieron. Esto es lo que ha creado una bolsa de precariedad, lo que llamamos falsos asociados. Estas personas no tienen seguridad jurídica ni perspectiva de carrera. Ha habido contratos abusivos por las condiciones de trabajo y los salarios que se pagan, muchos por debajo del salario mínimo actual. 

¿Cómo se soluciona esta situación? 

Primero, definiendo lo que es una carrera académica y lo que no. Para estar en la carrera académica –progresar, tener perspectivas profesionales y seguridad jurídica– tienes que tener un doctorado. Sin doctorado no hay nada. Y después, con ese doctorado, mediante comisiones totalmente transparentes de selección, entras en una carrera como ayudante doctor con un contrato temporal, pero de seis años, durante el cual son evaluados para ver cómo van por parte de la propia universidad, y a los seis años tienen que acreditarse como titulares, y entonces ya son permanentes. Eso es una carrera académica.

¿Y mientras llega esta estabilización?

Tenemos varias medidas. Para las nuevas plazas que se vayan creando hacemos una reserva por ley del 15% para los profesores asociados doctores. Y hay muchos doctores, algunos acreditados incluso, pero siguen en esta especie de subproletariado universitario que se ha creado y no puede continuar. La idea es que luego estas plazas, que pueden ser pocas ahora, van a ir aumentando los próximos años. Tenemos un sistema de profesores permanentes tan envejecido que por ley natural en los próximos diez años se van a liberar miles y miles de plazas. Como mínimo en 2030 serán entre el 30% y el 50% de las plazas de profesores permanentes, que son los que estarán entre 50 y 70 años.

¿Se plantearon poner un número máximo de asociados en las universidades?

El tope está puesto. La utilización actual del asociado es ilegal. Pero hay otra medida más. Esto es el 15% de todas las plazas, pero mientras tanto damos una posibilidad para los no doctores –que son la mayoría– con contratos temporales de entre tres y cinco años. Y luego, si tienen un doctorado optan a una plaza, de ese 15% o bien en términos generales. Añadimos algo más: establecemos un criterio que les va a favorecer objetivamente, que es hacer que la experiencia de docencia sea un mérito tan importante como la investigación. También esperamos, porque esto no se puede introducir en una ley, un aumento de las plazas, además de la sustitución natural de profesores. Lo que sí se puede introducir en una ley, y lo hemos hecho, es que habrá durante la próxima década un aumento del gasto educativo de un país hasta un mínimo del 5% del PIB.

Ese 5% de gasto educativo sobre el PIB parece poco ambicioso, lejos de los países con sistemas educativos más reconocidos, que rozan el 7%.

Está por debajo de la UE también. No sabemos la proporción del 5% que le toca al gasto universitario. ¿Qué ventaja tiene establecer ese mínimo del 5%? Que, ambicioso o no, ya está acordado con las comunidades y ya está en la Lomloe [la ley de Educación]. Es una base de partida que no impide que si la economía va [bien] y si hay un acuerdo por fin de prioridad de la Educación y la Universidad, en ese marco puede haber más [contrataciones].

Acabamos con los docentes. Háblenos de los profesores Distinguidos, esa figura que introduce la ley y por la que se podrá contratar sin concurso. Parece una contradicción que una norma que se preocupa por endurecer, objetivizar y dar transparencia a los concursos por las plazas abra una especie de puerta trasera a la contratación a dedo.

Ninguna puerta trasera, la puerta noble. Cualquier universidad que se precie tiene que ser capaz de encontrar una persona de altísimo nivel, nivel Premio Nobel. Y no lo digo por decir, la Universidad del País Vasco tiene contratado con su fórmula un Nobel [George F. Smoot, galardonado con el premio en Física en 2006, se incorporó el pasado año a la UPV/EHU]. ¿Tiene que pasar un concurso y todo eso? No hace falta para los profesores de verdad distinguidos a nivel internacional y que pueden aportar un conocimiento, un prestigio y una capacidad de contacto en la universidad que puede ser transformador en el corto plazo. Como máximo durante tres años y que se elegirán por estatutos de la universidad, que puede ser tan restrictiva o amplia como quiera. Pero tiene que tener sus criterios propios de que esto es excepcional y para gente de altísimo nivel internacional indiscutible. Esto es un profesor distinguido y existen en todas las mejores universidades del mundo. 

Pero no ponen mínimos en la ley.

Ponemos “más alto reconocimiento internacional en su campo” y nadie es tonto. El distinguido tiene que serlo. Y si empiezan a jugar con esto confío en que la simple decencia de la comunidad universitaria establecerá mecanismos correctores. Para mí esto es fundamental porque es la manera de traer gente que internacionalmente sea de un talento excepcional. Las condiciones de contratación serán definidas por la universidad, a gente así no les atraes con un sueldo como los que tenemos en España. Voy a luchar hasta el final por este punto, que es empezar a ser un poco menos provinciano.

Usted dice a menudo que cree en una universidad gratuita. ¿Se plantearon incluir en la ley algún desideratum al respecto o introducir medidas tendientes a la gratuidad?

Decir “tendientes a la gratuidad” no está en la ley porque requeriría un compromiso más profundo. La idea es que la universidad sea gratuita. El argumento siempre ha sido el mismo: si tenemos una enseñanza obligatoria y una sanidad gratuitas, por qué no la Universidad. ¿Es un lujo? Hoy día no, para tener un buen empleo hace falta una educación universitaria. Me preguntan cómo se hace o cuándo. Lo único que sé seguro es que esta legislatura no va a poder ser, pero eso no impide que se vaya avanzando. Y eso es lo que hemos hecho desde el primer momento: bajar los precios públicos de las universidades. 

En particular en Madrid o Catalunya, desde 2011 hubo una llamarada de aumento de precios escandalosa. Parecía imposible moverse de ahí, pero conseguimos dos cosas: por ley ahora la Conferencia General de Política Universitaria, en la que están las comunidades autónomas, establece anualmente precios máximos, de obligado cumplimiento para todos. En segundo lugar, este año nos pusimos con los precios de másteres oficiales, empezando por los habilitantes, los necesarios para un trabajo: no costarán más que los grados. Empieza a surtir efecto en 2022. 

Esta votación la ganamos en la Conferencia General de Política Universitaria por 15 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Por cierto, Madrid, que es la que se opuso a esta bajada de precios (que era del 20% en los grados y 30% en los másteres), la tiene que aplicar sí o sí. En su campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso puso como objetivo de su presidencia lo que había votado en contra y no podía evitar ya.

Si alguien puede combinar las fuerzas de izquierda manteniendo la relación con el PSOE es Yolanda Díaz

La ley también incluye el decreto de creación de nuevas universidades, que según explicaron responde a la preocupación del Ministerio ante algunas peticiones de creación de universidades de dudosa calidad. ¿Les preocupa el negocio en la Educación, un sector que hasta hace no tanto era un poco ajeno a estas dinámicas?

No solo hacer negocio. En todo el mundo el mercado privado de la educación superior es de lo más apetitoso y de los que más rápidamente se desarrolla. Pero yo ahí hago diferencias. Una cosa es que se creen más y más universidades privadas. Si son de un mínimo de calidad aumenta la oferta educativa y quien pueda se lo paga. Con esto estoy de acuerdo mientras no lo pague el estado. Hay universidades privadas que tienen una buena calidad contrastada. Pero al mismo tiempo, cada vez más y de forma acelerada, ha habido toda clase de proyectos de creación de cualquier cosa, y sobre todo en la enseñanza online. La enseñanza online no tiene por qué ser de segunda clase y puede ser fundamental para lo que yo creo que es otra de nuestras líneas políticas, la formación a lo largo de la vida. Pero la combinación de capitales especulativos y universidades creadas por el mismo fondo de especulación inglés que tenía Telepizza y otras grandes creaciones culturales... 

Esto, recuerdo, lo aprueban las comunidades autónomas, sobre las que el Ministerio no tiene control. Pero si se establecen criterios por ley de lo que no debe ser una universidad, se establece la definición, los indicadores y habiendo medios que informen a la comunidad universitaria es difícil ir contra una serie de criterios elementales. Quien no quiera ajustarse a ello, que la opinión pública, más que el mercado, empiece a ajustar cuentas.

Hablemos un poco de política, ministro. ¿Se ha notado el cambio de liderazgo en Unidas Podemos con el cambio de Pablo Iglesias por Yolanda Díaz?

He leído que ahora manda Yolanda, ¿no?

¿No se ha enterado?

De los problemas de partido internos, no. Pero de que Yolanda dirige la coalición a nivel de Gobierno sería el último del mundo que no se ha enterado.

¿Cree que debería ser candidata al Gobierno?

Creo que las personas solo tienen que hacer algo si se lo creen y lo quieren hacer. Y ella ha dicho por activa y por pasiva que será candidata si construye una coalición de izquierda plural y más amplia de lo que existe actualmente.

¿Repetir legislatura? Nooo. Una legislatura de ministro es más de lo que pensé que podría hacer

¿Usted ve bien una posible integración por ejemplo con Más País o Teresa Rodríguez?

Yo, como soy independiente, no estoy muy al tanto de estos temas. Sumar más que restar es la condición indispensable. Pero hay que sumar lo sumable, si es para pasar el tiempo peleándose, no. Combinar las fuerzas de izquierda manteniendo la relación con el PSOE –que para mí es fundamental y sin eso este país se va al caos–, pero siendo autónomos y desarrollando a la izquierda del PSOE, me parece fundamental. Incluso para el PSOE y el Gobierno de coalición. Y si alguien lo puede hacer es Yolanda Díaz. Solo Yolanda Díaz.

¿Se plantea dejar de ser independiente y entrar en el partido?

Jamás. Estoy súper activo como Gobierno. Yo estoy en otra fase de mi vida, me importa hacer las cosas, soy amigo de todos y ya está. Me propuso Ada Colau, pero sabiendo perfectamente mi independencia y nunca me pidió otra cosa que ser quien yo era, y por eso va bien.

La última. Aunque no depende enteramente de usted, ¿tiene intención de repetir?

¿Legislatura? Nooo. Una legislatura de ministro es más de lo que pensé que podría hacer. Supongo que podría, porque me quiere mucho todo el mundo, pero no. Una legislatura y ya.