La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad y el sobrepeso un problema de salud pública que se ha triplicado en todo el mundo en el último medio siglo. En España, es de máxima magnitud. Según los datos de una investigación conjunta del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), más de la mitad de la población tiene exceso de peso u obesidad. Con unas incidencias del 55,8% y del 18,7%, respectivamente, el trabajo pone el foco en los condicionantes sociales y alerta del riesgo para los niños. Uno de cada tres supera el peso recomendado y uno de cada diez tiene obesidad.
Contra una percepción social cada vez menos generalizada, no se trata de un problema estético. El propio informe pone de manifiesto que “la obesidad y el sobrepeso infantiles, en conjunto denominados exceso de peso, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que antes eran casi exclusivas de los adultos, además de asociarse a mayor probabilidad de tener exceso de peso en la edad adulta”. Unos problemas, señala, que son “altamente prevalentes en España, en línea con las cifras en Europa y en el mundo”.
“Casi uno de cada tres niños y uno de cada dos adultos tiene exceso de peso. Eso es una cantidad de personas muy grande, por lo que estamos hablando de un problema de salud pública de primera magnitud”, señala una de las investigadoras del estudio y miembro del CiberESP de salud pública, Beatriz Pérez Gómez, del Centro Nacional de Epidemiología. El trabajo se ha elaborado en base a datos de la encuesta ENE-Covid, que estudió la seroprevalencia del virus en 2020. La potencia de ese análisis, que permitía obtener información incluso a nivel provincial, dibuja un mapa de prevalencia con franjas claramente diferenciadas.
Como puede verse en el siguiente gráfico, a excepción de Galicia y Asturias, las menores tasas de obesidad están en las provincias del norte, mientras Andalucía marca los peores registros. “Inicialmente, nuestro trabajo no estaba diseñado para estudiar obesidad, así que no están recogidos hábitos o patrones dietéticos y la capacidad para explicar las diferencias provinciales es limitada”, reconoce la autora.
A menor nivel de renta, más obesidad
El informe sí recoge otros factores que señalan en la misma dirección que la evidencia disponible hasta ahora: los condicionantes sociales repercuten en la obesidad. A menor nivel de estudios y renta, mayor tasa. Las diferencias son notables en ambos parámetros. Por ejemplo, la prevalencia entre la población que no ha podido acceder a los estudios básicos escala hasta el 33,7%. Esta cifra baja de forma escalonada hasta el 10,8% entre quienes han terminado una carrera universitaria. Con la renta ocurre algo similar. Entre el 25% más pobre de la población la incidencia se sitúa entre el 22,4%, mientras que solo el 14,2% del 25% más rico del país es obeso.
Además de estos, en la siguiente gráfica se muestran otros factores, como son la discapacidad y el tamaño del municipio en el que se vive. Entre las personas con algún grado de discapacidad, la prevalencia de la obesidad está en el 27%, 11 puntos más que entre quienes no la tienen. En el caso del número de vecinos, a medida que disminuyen, aumenta la obesidad.
Estos parámetros se replican entre la población infantil, entre la que influye también la cohabitación con adultos con sobrepeso. “Los niños que viven en una casa con un adulto con sobrepeso tienen 2,2 veces más probabilidad de tener obesidad. Este es un dato que nos indica que las intervenciones no pueden hacerse solo desde los niños, tiene que ser algo más global”, explica Pérez, que defiende que el ambiente ‘obesogénico’ no se encuentra únicamente en los hogares. “Cada vez hay más estudios que intentan caracterizar cuáles son los factores del entorno que favorecen que la gente tenga unos hábitos u otros y que puedan hacer cosas que son mejores para su salud”, señala. Como ejemplo, pone la legislación como una de las herramientas de la administración para hacer prevención primaria y que intentan implementarse en industrias como la alimentaria.
En el caso de los niños y las niñas, que los indicadores socioeconómicos y la convivencia con adultos con obesidad, independientemente de la renta o la nivel educativo, sean coincidentes, apunta a un traspaso de las rutinas y a esos factores ambientales, pero también genéticos.
“Hemos conseguido demostrar cómo el estatus económico puede interactuar con el riesgo genético de la obesidad. Hay un factor genético, pero lo que desencadena el desarrollo es el impacto ambiental, el estilo de vida”, sostiene la catedrática del departamento de bioquímica de la Universidad de Granada y miembro de la Sociedad Española de Obesidad, Concepción Aguilera. “Hay familias cuyos niños tienen un alto riesgo de tener obesidad, pero si vuelves ese factor ambiental favorable, se amortigua su carga genética”, desarrolla.
Esta experta enumera algunos de esos factores ambientales que predisponen a los pequeños a padecer problemas de peso, como el mayor uso de pantallas en detrimento del ejercicio físico; problemas económicos que decanten la cesta de la compra hacía el pasillo de los alimentos procesados, más insanos pero normalmente más asequibles al bolsillo, o determinadas rutinas que impiden un mayor acompañamiento de los menores en edades clave. “La política social es fundamental, empezando por facilitar el acceso a comedores escolares o incrementar las horas de actividad física en los colegios”, explica Aguilera, que propone soluciones innovadoras como las planteadas en otros países: “En Finlandia aprenden matemáticas mientras hacen ejercicio”.
“Una vez más, se muestran desigualdades geográficas y sociales, lo que en salud pública llamamos 'el gradiente social de la enfermedad'”, dice en declaraciones al Science Media Center España el epidemiólogo e investigador en las Universidades de Alcalá y Johns Hopkins, Manuel Franco, que apunta que, “en términos de sobrepeso y obesidad infantil, España presenta, junto a Grecia e Italia, los datos más preocupantes de toda Europa”, muy alejada de las incidencias de países como Dinamarca o República Checa, “que son exactamente la mitad”. “Desde el punto de vista de protección de la salud y prevención de las enfermedades asociadas; este es un reto enorme y preocupante”, añade.
En 2022 desde La Moncloa se publicó Plan Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, una estrategia que ya advertía de que está “pandemia del siglo XXI” va en aumento entre las poblaciones más jóvenes. Incluía medidas prioritarias, como el desarrollo de un ecosistema social que promueva la actividad física y el deporte, así como una alimentación saludable, el refuerzo de los sistemas públicos para promover estilos de vida sanos o garantizar la protección a la salud de la infancia. “El reto –incide Franco– pasa por desarrollar y hacer efectivo” ese plan.
El estudio del ISCIII y la Aesan arroja también otro dato: las mujeres padecen menos obesidad. Y ocurre, con la excepción de las mayores de 75 años, en todas las franjas de edad.
“Hay factores de género clarísimos”, señala Pérez Gómez. “La realidad es que las mujeres tienen más control y más cuidado sobre su peso que los varones. No hay más que mirar alrededor, ¿cuántas han hecho dieta y cuántos han hecho dieta?”, pone como ejemplo. Pero los datos también muestran mayores diferencias entre poblaciones con más y menos recursos. “Si las mujeres con mayor nivel de estudios o renta tienen menos obesidad y sobrepeso tiene que ver también con la presión social hacia una determinada estética y a que tienen más posibilidades de cuidarse que las que están en entornos más desfavorecidos”, explica.
La investigadora hace un llamamiento a “no culpabilizar a nadie”, sino a “favorecer que a la gente le sea más sencillo hacer cosas beneficiosas para su salud”. En el caso de los niños, además, el problema todavía es reversible. “Si cambia su estilo de vida, por supuesto que se revierte la obesidad. Y, aunque empiece a quedarse una programación metabólica, el impacto a edades infantiles no es tan fuerte”, aclara Aguilera.