Las camisetas verdes han vuelto a salir a la calle. La comunidad educativa ha retomado las movilizaciones tras las negociaciones fallidas del pacto educativo en el Congreso. En Madrid, varios centenares de personas se han unido a la manifestación convocada por sindicatos de profesores, colectivos de estudiantes y asociaciones de familias. “Ya no hay excusas. Ahora, educación pública”, es el lema con el que han encabezado la marcha.
Los manifestantes han pasado por delante de la sede del Ministerio y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid al grito de “no, no. Lomce, no” y dirigiendo una pitada contra los líderes políticos. Junto a la de Madrid, se han convocado alrededor de una treintena de concentraciones para reivindicar la enseñanza pública. Con este primer paso pretenden recuperar el espíritu de la marea verde y volver a la calle siguiendo la estela iniciada por el movimiento feminista y los pensionistas.
Entre los asistentes se recopilaban quejas parecidas, compartían la sensación de que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy están “desmantelando” el sistema educativo público. Carmen y Pilar profesoras jubiladas han acudido para denunciar que existe “un interés político” centrado en que este modelo educativo no funcione.
“¿Cómo se puede permitir que los niños den clase en barracones?”, ha apuntado una de ellas. “Antes podías tener a dos niños con necesidades educativas en un aula. Ahora no hay un tope porque no existe personal para catalogarlos. No se les diagnostica”, ha añadido la otra.
Cristina también es profesora, es interina y durante años dio clase de Dibujo y Educación Plástica en institutos. Con la entrada en vigor de la Lomce y el desarrollo de centros bilingües en la Comunidad de Madrid fue perdiendo horas de clase hasta que hace un par de años se quedó sin trabajo en la educación pública.
“En la lista de interinos me ha ido pasando gente que sí que hablaba inglés. Al final me plantearon la opción de que moviese el currículum por centros privados, pero me niego. Entiendo la educación como un servicio público”, reivindica.
Cristina ha acudido a la manifestación acompañada de Azucena, profesora de Infantil, también en la Comunidad de Madrid. Ambas visten la camiseta de la marea verde. Azucena asegura que en el colegio en el que trabaja el Gobierno regional cierra aulas y pone dificultades a la dirección para que matricule a más niños mientras en los colegios concertados de su barrio “sí que les permiten seguir abriendo aulas”.
Otra de las asistentes, que trabaja en un colegio público dando clase de Educación Infantil, ha acudido con sus dos hijos y su pareja. “Estos años hemos ido viendo cómo las ratios han aumentado. Hemos pasado de tener 20 alumnos por clase a tener 27”, ha asegurado esta docente que ha preferido no revelar su nombre.
Destaca que estas decisiones afectan a los niños que necesitan una atención más personalizada y un apoyo educativo. “Las políticas del Gobierno ponen en peligro a la educación pública. Tratan de desprestigiarla, nos retiran recursos y dan más dinero a la concertada”, ha añadido.
Con estas movilizaciones pretenden “calentar motores” de cara al curso que viene. “Queremos aumentar la movilización para conseguir una ley hecha por la comunidad educativa y para la comunidad educativa”, apunta Adrià Junyent, secretario general de una de las organizaciones convocantes, el Frente de Estudiantes.
Ángel, Nerea y Fernando estudian Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. Estos jóvenes, que han acudido al bloque del Frente de Estudiantes, denuncian que las políticas educativas están “mercantilizando la Universidad”. “Tenemos la sensación de que se cargan la parte teórica y centran el temario en contenidos que favorecen a las empresas”, han incidido.
Tras las negociaciones fallidas del pacto educativo en el Congreso, los organizadores han reivindicado una nueva ley de enseñanza consensuada con la comunidad educativa, la reversión de los recortes, más becas para el alumnado, una gestión democrática de los centros educativos y una inversión no inferior al 5% del PIB.
A la concentración no solo han acudido miembros de la comunidad educativa, también se han unido ciudadanos que a título individual querían reivindicar la educación pública. Entre ellos, Rosa, trabajadora de una multinacional internacional, que ha asegurado que los recortes van dirigidos a “robar la posibilidad a futuras generaciones de tener un sentido crítico”.