Es uno de esos niños de la guerra que no tuvo que emigrar. Es uno de esos chavales que no vieron al partir al exilio por última vez la sierra de Aitana. Rodolfo Martín Villa nació en 1934 (Santa María del Páramo, León) y es un ejemplo del franquismo que transitó a la democracia: fue uno de los actores principales de la jerarquía política del momento y nunca rindió cuentas. Como tantos banqueros, ex ministros, jueces, empresarios, militares, policías torturadores, gobernadores civiles... Una élite política y económica de un régimen que moría, que se reinventó, siguió dominando los resortes de poder del país, y en cuya cúpula estaba el propio rey Juan Carlos. En el caso del ex ministro de Gobernación, no llegó a examinarse judicialmente de su papel al frente de la policía aún franquista durante la represión de huelgas y manifestaciones en la Transición. Pero sí lo ha hecho este jueves ante la Justicia argentina y por decisión propia. “La Transición fue lo contrario a un genocidio”, ha declarado en su defensa el único de los acusados que ha comparecido –desde la embajada argentina en España– de la veintena que investigaba la jueza María Servini desde hace seis años.
Martín Villa se licenció como ingeniero en 1962, cuando los títulos universitarios eran un lujo al alcance de muy pocos. Y ya entonces era jefe del Sindicato de Estudiantes Universitario, el falangista SEU, inspirado por José Antonio Primo de Rivera a imagen y semejanza del modelo fascista italiano. Llegó a vicepresidente del Gobierno ya en democracia, procurador en Cortes –primero– y diputado en varias legislaturas –después– y, como suele corresponder con políticos de su linaje, ha presidido grandes empresas tras décadas en la política, como Endesa (1997-2002) y Sogecable (2004-2010), además de haber sido, entre una y otra, comisionado para la catástrofe del Prestige (2003), nombrado por José María Aznar.
Martín Villa medró en el régimen vistiendo la camisa azul, como muchos otros “jóvenes reformistas provenientes del franquismo” como se autodenomina, incluido su amigo Adolfo Suárez, quien era ministro del Movimiento (la Falange) antes de convertirse en presidente del Gobierno. De la misma quinta, de Castilla y León los dos. Falangistas ambos, protagonistas de una Transición a la democracia que reinstauró las libertades a cambio de blindar la monarquía y los crímenes del régimen en el que se criaron y al que sirvieron.
Martín Villa llegó a la jefatura del sindicato de estudiantes falangista al tiempo en que se celebraba en Múnich en 1962 el llamado “contubernio”, que reunió a un amplio abanico de familias políticas opuestas al régimen, incluidas las monárquicas, que aspiraban a un cambio en España. Pero él no estaba ni por el cambio ni en Múnich, Martín Villa se acercaba al Gobierno de tecnócratas que acaba de nombrar Franco al tiempo que se convertía en procurador en Cortes (diputado) en 1964, con 30 años.
Gracias a ello, en 1966 fue nombrado director general en el Ministerio de Industria. Tres años antes, en 1963, había sido ejecutado el comunista Julián Grimau tras ser torturado en esa Dirección General de Seguridad en los sótanos de la puerta del Sol que Martín Villa nunca llegó a disolver: echó el cierre en mayo de 1979, un mes después de que dejara el ministerio del Interior.
En 1965, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván y José Luis López Arangunen, entre otros profesores, habían sido separados de la universidad por su apoyo al movimiento estudiantil. Pero ni Martín Villa ni su SEU tenían nada que ver con ese movimiento estudiantil. Y, por eso, siguió medrando, y en 1969, un año después del asesinato por ETA de Melitón Manzanas, accedió a la secretaría general de la Organización Sindical Española, lo que le catapultó a ingresar en el Consejo del Reino jurando de rodillas ante Franco y un crucifijo con el uniforme falangista. El Consejo del Reino era un órgano consultivo del dictador quien, ese mismo año, nombró a Juan Carlos I como su sucesor en la jefatura del Estado.
Ya con 40 años, en 1974, fue nombrado gobernador civil y, siempre con la camisa azul y el brazo en alto, jefe provincial del Movimiento de Barcelona. En 1975, un año más tarde, entra en el Gobierno de Arias Navarro como ministro de Relaciones Sindicales: dos años antes había entrado en la cárcel la dirección de Comisiones Obreras, precisamente por realizar actividades sindicales, en el llamado proceso 1001.
ETA había matado a Carrero Blanco en 1973, y Franco y su régimen agonizaban. El 20 de noviembre de 1975 fallecía el dictador en la cama no sin antes haber firmado ejecuciones como las de Puig Antich (1974) y, al alba, las de dos miembros de ETA y tres del FRAP (1975). Franco moría matando y, mientras Portugal hacía su revolución de los claveles, Martín Villa se apuntaba al Gobierno Arias, el del franquismo sin Franco.
Pero ese franquismo sin Franco no encajaba ni en la sociedad española ni en el contexto internacional, que empujaban a un modelo de país diferente a los principios fundamentales del régimen que habían jurado el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, y sus ministros. Juan Carlos destituye a Arias Navarro, que es relevado por Adolfo Suárez, quien forma un Gobierno de penenes –profesor no numerario– en el que no participan quienes se habían creído llamados a presidir el Gobierno –Manuel Fraga, por ejemplo– y en el que Martín Villa se convierte, ni más ni menos, que en ministro de Gobernación –posteriormente de Interior– del Ejecutivo que propició el harakiri de las Cortes franquistas con la ley de reforma política de noviembre de 1976, aquel paso “de la ley a la ley”, de “la reforma y no la ruptura” que desembocó en las elecciones de junio de 1977 y la Constitución de diciembre de 1978.
Martín Villa se convierte en ministro de Gobernación en julio de 1976. Pero seis meses antes, se producía la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976, uno de los casos en los que está siendo investigado Martín Villa por crímenes contra la humanidad durante la Transición española. La justicia argentina imputa la participación del exministro en Vitoria, en la que cinco obreros murieron por disparos de la Policía Armada en una iglesia previamente “gaseada”. La represión contra los trabajadores dejó más de 100 personas heridas, la mayoría por armas de fuego. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales, por lo que no era responsable directo de la policía, pero participó junto a Adolfo Suárez –ministro interino de Gobernación por viaje oficial de Manuel Fraga a Alemania– y Alfonso Osorio –ministro de la Presidencia– en la decisión de enviar refuerzos y en que un mando único dirija el operativo. “Nosotros nos reunimos cuando empezaron a llegar las primeras noticias de fallecidos, y lo que nosotros conseguimos”, dice Martín Villa en su declaración, “fue que no se decretara el estado de sitio”.
Pero no son los únicos casos por lo que la jueza María Servini pregunta a Martín Villa. También por el asesinato por parte de los llamados Guerrilleros de Cristo Rey de una mujer en Santurce –9 de julio de 1976–, en tanto que la denuncia recoge que el grupo ultraderechista estaba “protegido por la policía”. Una policía a cuyo mando estaba el recién nombrado ministro de Gobernación Martín Villa y que detuvo en diciembre de ese año al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que había entrado a España con una célebre peluca. En abril de 1977 el PCE quedaría legalizado.
De 1976 también se investiga a Martín Villa por una muerte por disparos de la Guardia Civil, en septiembre en Hondarribia (Guipúzcoa). Y, ya en 1977, el asesinato por parte de un ultraderechista en Madrid de un manifestante proamnistía el 23 de enero de 1977, la víspera de la matanza de Atocha, perpetrada también por ultraderechistas.
También de 1977 son las muertes en Rentería de una persona que paseaba y le alcanzó un disparo de un guardia civil; otra muerte por disparo policial dos días después, el 14 de mayo, en Pamplona y, al día siguiente, la de un manifestante a manos de la policía en Bilbao, durante la semana proamnistía de mayo de 1977, un mes antes de las primeras elecciones de la reinstauración democrática y de que Martín Villa entregara la condecoración al mérito policial al torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, quien desde entonces –13 de junio de 1977– se benefició de un incremento salarial del 15% “en atención a sus méritos” y “para premiar servicios de carácter extraordinario”.
Los Sanfermines del 78 viven uno de los episodios más violentos de represión policial durante la Transición Española. El detonante es el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Un estudiante recibe un tiro en la frente, y hay más de 150 heridos. Los incidentes se extienden por la ciudad, y de Pamplona, al resto de Navarra y Euskadi. Otro joven cae asesinado días después en Donostia.
Martín Villa, en estos casos, estaba a cargo de las fuerzas de Seguridad del Estado como ministro de Gobernación o del Interior. Servini busca conocer si los asesinatos están enmarcados en “hechos puntuales” o son delitos cometidos en España entre 1936 y 1977 “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Los crímenes de lesa humanidad imputados al exministro son sancionables “con las penas de reclusión o prisión perpetua” según la legislación argentina.
El que fue ministro durante el franquismo y la Transición reconoce que se cometieron lo que califica como graves errores, y admite que hubo comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y por tanto es legítimo reclamar una reparación justa. Sin embargo, no está de acuerdo en que este proceso judicial persiga ese fin. Y rechaza de plano la idea de que lo sucedido en Vitoria pueda enmarcarse en un contexto de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Martín Villa se desmarca de los policías y guardias civiles cuyos disparos causaron las muertes de varias personas, y defiende que cuando se planteó si él podía ser responsable político de determinadas acciones policiales o merecía ser reprobado políticamente las Cámaras surgidas de las elecciones de 1977 lo rechazaron.
Ninguno de esos 12 homicidios por los que está siendo investigado Martín Villa por la justicia argentina ni condecorar a comisarios torturadores pasaban factura al ministro en aquellos años. Bien al contrario, cuando cayó Adolfo Suárez por las luchas fraticidas de la UCD, Martín Villa sale de nuevo catapultado hasta la vicepresidencia primera con Leopoldo Calvo Sotelo tras el 23F. Dos décadas después de llegar a la jefatura del sindicato universitario fascista alcanzaba la vicepresidencia del Gobierno de la España democrática tras el tránsito por los gobiernos postfranquistas preconstitucionales.
Martín Villa recibió en 2017 de manos del rey Felipe la medalla por participar en las primeras Cortes de la reinstauración democrática, en junio de 1977, las que alumbraron los pacto de La Moncloa, la Constitución de diciembre de 1978 y la ley de amnistía que vació las cárceles de represaliados y blindó los crímenes franquistas.
Una ley de amnistía que defiende Martín Villa en su declaración ante a jueza Servini y que rechaza que sea una ley de punto final. En el debate del 14 de octubre de 1977, se expresaba así en la tribuna del Congreso el aquel día portavoz del PCE Marcelino Camacho, quien había conocido las cárceles franquistas: “Como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”.
Sin embargo, en las 20 páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.
En la ley de Amnistía, precisamente, es donde se observan mayores déficits: se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”. Pablo de Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las “interpretaciones restrictivas” –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.
Con la implosión de UCD tras las elecciones de 1982 que encumbraron al PSOE de Felipe González con una mayoría absoluta nunca repetida se produce un relevo de las élites políticas, y Martín Villa pasa a un segundo plano político: transita por el PDP de Óscar Alzaga hasta ingresar en el PP en enero de 1989 y encadenar dos legislaturas y parte de una tercera como diputado, que abandonó para presidir Endesa en 1997, colocado por el recién elegido presidente del Gobierno, José María Aznar.
Allí permaneció hasta que en 2002 otro referente económico del PP de la época, Manuel Pizarro, le sustituyó y acomodó como presidente de la Fundación Endesa. Duró poco en ese retiro: en 2003 Aznar le encomendó el comisionado de la catástrofe del Prestige y, en 2004, accedió a la presidencia de Sogecable, donde permaneció hasta 2010.
Martín Villa es una figura paradigmática de la historia reciente de España: nacido en el bando de los vencedores de la Guerra Civil se mantiene fiel al régimen hasta que muere el dictador, levantando el brazo y vistiendo la camisa azul hasta la víspera de convertirse a la democracia, de la que sacó provecho político y económico. Como dicen quienes le están defendiendo estos días, es una “figura clave” de la Transición. Y es verdad, él estaba allí, en las reuniones, en las camarillas, en los círculos de poder lampedusianos que cambiaron para seguir mandando. Y, sobre todo, no rendir cuentas por nada de lo que pasó en cuatro décadas de dictadura.
Martín Villa es la imagen del franquismo que se hizo demócrata, y en ese hacerse demócrata propició el tránsito a la legalización de los partidos, los sindicatos, el fin del exilio y la reinstauración de una democracia constitucional que, 40 años después, aún tiene a miles de personas en las cunetas mientras verdugos y torturadores nunca fueron perseguidos y, en algunos casos, han disfrutado de impunidad hasta el final de sus días.