Seis años sin sentar en el banquillo a Martín Villa, el único imputado en la querella argentina dispuesto a declarar

En 2014, la jueza María Servini ordenó detener a Rodolfo Martín Villa. El exministro de Franco está acusado de delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad. Pero el tiempo corre y el único imputado en la querella Argentina dispuesto a declarar no acaba de sentarse en el banquillo para responder por los sucesos de Vitoria o de Sanfermines 78.

El último episodio quedó cerrado en falso en los últimos días. La magistrada María Servini de Cubría iba a viajar a España para tomar declaración indagatoria el 20 de marzo a Rodolfo Martín Villa en la embajada argentina en Madrid. Un plan que, al parecer, de momento se ha frustrado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina ha asegurado que España pone trabas a esta declaración. Según Argentina, el Ministerio de Justicia considera que el “medio idóneo” para efectuar este requerimiento “no es un oficio judicial” sino “una Solicitud de Asistencia Internacional (un exhorto internacional)”. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores español niega que esto haya sucedido, y asegura que ignora “en qué información oral o escrita ha podido basarse” el país suramericano para realizar “esa errónea aseveración”. Y aclara: “La solicitud de asistencia fue remitida por las autoridades argentinas el 28 de enero y se encuentra todavía pendiente de contestación, lo que debería acontecer en breve”.

Al hilo del enésimo aplazamiento, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua) denuncia que el Gobierno de España “se niega” a que tenga lugar esta toma de declaración. Y que, de este modo, “ampara a criminales franquistas”.

Justicia niega la mayor. Aunque la disputa trasatlántica entre Servini y el Estado español está salpicada por los regates y el boicot a la única causa en el mundo que intenta juzgar los crímenes del franquismo. Mientras, una veintena de investigados sigue disfrutando de impunidad. Y entre ellos el único que quiere declarar, el exministro Martín Villa.

Cronología de una declaración frustrada

La primera orden de detención internacional con fines de extradición contra Martín Villa quedó dictada en octubre de 2014 por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría. El mandato afectaba a ocho exministros franquistas, como José Utrera Molina por la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.

La sección argentina de Interpol solicitó días después a Madrid el arresto preventivo de los exfuncionarios y políticos acusados. Interpol España, en cambio, alegó ante su Secretaría General con sede en Lyon (Francia) para no tener que detener a los reclamados.

El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, tardó poco en anunciar que España no atendería la extradición solicitada por Argentina. Pero Villa aseguró que no se iba a “esconder”: pidió declarar ante Servini y comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto “si hay cauce” para hacerlo, subrayó en declaraciones a Radio Nacional.

La jueza Servini dio otra vuelta de tuerca al proceso a inicios de 2015 y anunció su voluntad para tomar declaración en España al ministro de la dictadura de Francisco Franco. El Consejo de Ministros dejó claro el boicot a la Querella Argentina confirmando que no detendría a los franquistas imputados. El Gobierno de Mariano Rajoy justificó en una respuesta parlamentaria que sobre estas órdenes prima el derecho interno de cada país.

“Viendo a los que me acusan, estoy muy tranquilo”

Servini, como respuesta a la negativa de extradición, cursó en 2016 una primera comisión rogatoria (auxilio judicial internacional) para tomar declaración indagatoria a Martín Villa en tribunales españoles. España ganó tiempo pidiendo a Argentina las preguntas que haría a los imputados. Y en septiembre acabó tramitando el exhorto al darle salida a juzgados territoriales. Pero el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid rechazó la cuestión en octubre y un segundo pedido sufrió el mismo varapalo por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En este último auto la Audiencia Nacional indicaba al juzgado argentino que “en lugar de utilizar el exhorto internacional podía utilizar distintos mecanismos para tomarle declaración a Martín Villa compareciendo en lugares dependientes de la soberanía argentina en España como el consulado o la embajada”, recuerda CeAqua. Justo al contrario del “medio idóneo” aludido días atrás por el Ministerio de Justicia para aplazar la comparecencia ante Servini, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

Martín Villa ha dicho en numerosas ocasiones que quiere declarar ante la justicia argentina. “Viendo a los que me acusan, estoy muy tranquilo”, llegó a decir. “No hay nada de verdad en las acusaciones que hacen contra mí”, sostiene el exministro del Interior y que en junio de 2017 fue condecorado por el rey Felipe VI junto a los exparlamentarios que conformaron las Cortes Constituyentes en 1977.

El triunfo de la impunidad

Un mes después, Martín Villa sumó un nuevo triunfo: podría ir a declarar al país austral sin riesgo a ser detenido. La Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina atendió su recurso y revocaba la orden internacional de busca y captura dictada contra él por la jueza Servini de Cubría, obligando a revisar su imputación.

La Audiencia Nacional rechazó que Argentina tomara declaración al exministro franquista en octubre de 2018. El juez José de la Mata argumentó, entre otros motivos, que según la legislación española los delitos que le atribuye habrían prescrito y que se vulneraría la Ley de Amnistía. Aunque el propio Martín Villa nunca ha pedido ampararse en estos supuestos, porque no ha cometido ningún delito, según el juez.

También exponía De la Mata que el imputado se puso a disposición de Servini para declarar en Argentina y ella lo ha rechazado. La jueza volvió a reclamar la toma de declaración indagatoria el 28 de marzo de 2019, tras una reunión con la eurodiputada Ana Miranda (BNG).

El exministro del Interior acusado de homicidios durante la Transición respondió el mismo día anunciando que iría en septiembre a Buenos Aires para declarar ante la titular del juzgado que tramita la Querella Argentina. La última petición de Servini ha quedado en vía muerta.

Las matanzas imputadas a Martín Villa

La justicia argentina busca al alto cargo franquista desde 2014 por 12 homicidios, crímenes contra la humanidad cometidos en un “ataque sistemático” para eliminar opositores. Como la “matanza” de Vitoria de 1976, asesinatos cometidos por ultraderechistas o los sucesos de Sanfermines de 1978.

Cinco obreros caen muertos por disparos de la Policía Armada, en una iglesia previamente “gaseada”. Ocurre en Vitoria el 3 de marzo del 76. La represión contra los trabajadores deja más de 100 personas heridas, la mayoría por armas de fuego. Martín Villa es Ministro de Relaciones Sindicales y ordena junto a Adolfo Suárez –ministro interino de Gobernación por viaje oficial de Manuel Fraga a Alemania– el envío de refuerzos y que un mando único dirija el operativo.

Ese mismo año, los llamados 'guerrilleros de Cristo Rey' matan a una mujer en Santurce, año 76. El grupo ultraderechista estaba “protegido por la policía”, según la denuncia en manos de la jueza Servini. En 1977, muere un estudiante en una manifestación que pide amnistía para los presos políticos de la dictadura franquista. Hay otros tres fallecidos, uno tras “trece días de dolorosa agonía” por torturas policiales.

Los Sanfermines del 78 viven uno de los episodios más violentos de represión policial durante la Transición Española. El detonante es el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Un estudiante recibe un tiro en la frente, y hay más de 150 heridos. Los incidentes se extienden por la ciudad, y de Pamplona, al resto de Navarra y Euskadi. Otro joven cae asesinado días después en Donostia.

Martín Villa, en estos casos, está a cargo de las fuerzas de Seguridad del Estado como ministro de Gobernación o del Interior. Servini busca conocer si los asesinatos están enmarcados en “hechos puntuales” o son delitos cometidos en España entre 1936 y 1977 “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Los crímenes de lesa humanidad imputados al exministro son sancionables “con las penas de reclusión o prisión perpetua” según la legislación argentina.