Las mascarillas para evitar contagios pasan de ser una recomendación a una obligación general, haya o no haya distancia entre las personas. La medida se ha aprobado inicialmente en Catalunya y ya se ha anunciado también en Baleares. En la comunidad catalana, el rebrote de la COVID-19 en Lleida ha derivado en transmisión comunitaria del virus, a la que posteriormente se han unido Baleares y Ordizia. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que el uso obligatorio de mascarillas aunque haya distancia de seguridad entra en vigor este jueves, para combatir “actitudes de relajamiento”. Esta comunidad autónoma inaugura así una nueva etapa: toda la población deberá llevar puesta una protección cuando salga de casa, en cualquier circunstancia, bajo amenaza de multa. Se trata de un uso más intensivo incluso que el que se hacía durante el estado de alarma, cuando el barbijo solo era obligatorio en lugares públicos, cerrados y abiertos, si no se podía mantener una distancia de seguridad.
Por su parte, el Govern balear ha decidido seguir los pasos de Catalunya y obligará a utilizar mascarilla en todo el territorio de las islas, incluso aunque se pueda mantener la distancia de seguridad, en espacios públicos abiertos y cerrados, a partir de este fin de semana, para todos los habitantes mayores de seis años.
“La mejor mascarilla son los dos metros de distancia. No es fácil la obligatoriedad para todo el mundo”. Así analizaba esta cuestión a mediados de mayo pasado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Se basaba en las evidencias acumuladas sobre cómo viajan los viriones del SARS-CoV-2: gotitas respiratorias que “pueden viajar hasta los dos metros de distancia”. Sin embargo, a medida que se culminan más estudios, bastantes científicos consideran que es probable que el nuevo coronavirus se transmita por vía aérea, es decir, supere esa distancia al quedar suspendido en las micropartículas, que podrían inhalarse. La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de reconocer que no descarta esa vía de transmisión.
“Estudios han demostrado más allá de una duda razonable que los virus liberados al exhalar, hablar o toser (...) representan un riesgo de exposición en distancias mayores a esos uno o dos metros. Existen todas las razones para esperar que el SARS-CoV-2 se comporte de manera similar y que la transmisión vía micropartículas sea una ruta importante [de contagio]”. Este párrafo es parte de la carta remitida el lunes pasado por 241 científicos a las autoridades de la OMS para que consideren establecer que el coronavirus se contagia por el aire: el patógeno adherido a las micropartículas podría alcanzar personas más allá del rango considerado “contacto estrecho”, sobre todo en ambientes cerrados.
El texto dice que el problema es más agudo en lugares concurridos y con ventilación inadecuada y menciona varios episodios de transmisión en esas circunstancias donde se siguieron las precauciones para evitar contagios por cercanía. “La transmisión por el aire actúa de manera paralela a la de las partículas más grandes y, siguiendo el principio de precaución, debemos afrontar todas las rutas potenciales de contagio para ralentizar la expansión de la COVID-19”, afirman. Las principales medidas que sugieren son la “suficiente ventilación del aire y evitar las aglomeraciones”.
“Sobre la posible ruta de transmisión aérea hay nuevas evidencias pero no definitivas, y esa posibilidad se ve especialmente en condiciones muy específicas, como lugares con mucha gente y poco ventilados”, ha replicado a la carta la experta Benedetta Allegranzi, de la Unidad Global de Prevención de Infecciones de la OMS.
La prudencia y el caso alemán
El epidemiólogo y ex directivo de la organización con sede en Ginebra Daniel López Acuña se refiere, precisamente, a este principio de precaución para apoyar la medida de la Generalitat sobre las mascarillas y su posible adopción en el resto del país. “La OMS debe tener en cuenta y llevar a verificación lo que se advierte en esa comunicación sobre la transmisión aérea. El uso más extendido de la mascarilla incide justamente en esta vía de transmisión, por lo que el principio de prudencia dice que esta medida puede ser útil y no tiene grandes perjuicios”.
Algunos estudios sostienen esta idea. Un análisis publicado por el Centro para la Investigación Política y Económica (CEPR en sus siglas en inglés) muestra que la obligación de llevar mascarilla, aunque solo en determinadas circunstancias, no en cualquier salida al exterior, redujo el crecimiento de los casos de COVID-19 alrededor de un 40% en Alemania. Los investigadores Timo Mitze, Reinhold Kosfeld, Johannes Rode y Klaus Wälde se fijaron para llegar a esta conclusión en la ciudad turingia de Jena, que se adelantó tres semanas al resto de las regiones en la obligatoriedad de usar esta protección, y compararon la evolución de la pandemia allí con la de otras zonas similares.
Jena (110.000 habitantes) obligó a llevar mascarilla en transporte público, tiendas y lugares de trabajo el 6 de abril, medida que no se generalizó en todo el país hasta alrededor del 27 de ese mismo mes. Una semana antes, las autoridades de esa ciudad lanzaron la campaña pública “Jena zeigt Maske” (“Jena enseña la mascarilla”), que según el estudio pudo también tener un efecto beneficioso en el freno de los casos como elemento de concienciación más temprana de la población a la hora de tomar otras medidas de precaución.
Así, se detectó una reducción en el crecimiento de casos solo 3-4 días después de iniciarse la prohibición, antes de lo que se podría achacar a la propia mascarilla, dado que el tiempo medio de incubación de la enfermedad es de unos cinco días y suele haber un retraso de 2-3 días más hasta que hay resultados de laboratorio. 20 días después de empezar la obligación los casos pasaron de 142 a 158 en lugar de los 205 proyectados en un escenario sin esta medida preventiva. Esto implica una reducción de los casos de alrededor del 23%.
“Encontramos que la diferencia es más sorprendente para el grupo de edad mayor de 60 años. Para este grupo, el aumento de casos acumulativos disminuyó en más del 50% en comparación con su grupo de control sintético”, añaden. Los investigadores calculan una disminución relativa en la tasa de crecimiento diario de los casos de COVID-19 de aproximadamente el 40%. “Si se observa una región en la que el número de casos de COVID-19 aumentó en un 10% de un día para otro, este aumento hubiera sido solo del 6% si hubiera existido la obligación de usar mascarillas. Con un aumento diario del 10% en COVID-19, los casos se duplican en 7 días; en contraste, un aumento diario del 6% significa que los casos se duplican solo en 12 días”.
El hecho de que Jena haya sido una ciudad pionera en Alemania en la introducción de máscaras faciales puede haber llevado a la población local a tomarse la crisis más en serio que en otras regiones. “Pueden haber tomado el uso de mascarillas como una señal fuerte de que debían seguir otras restricciones de contacto”, recalca la investigación, cuyos resultados se alinean con “los hallazgos de epidemiólogos y virólogos que explican que las cubiertas faciales limitan el flujo de aire al hablar, reduciendo así la transmisión de partículas infecciosas”.
Un uso desigual en España
El reciente estudio epidemiológico y de seroprevalencia publicado por el Ministerio de Sanidad incluye información sobre el uso de mascarilla durante la desescalada, basada en encuestas. La obligatoriedad de llevar mascarilla cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad se instauró el 21 de mayo. El porcentaje de españoles mayores de seis años que refieren no utilizar nunca mascarilla (incluyendo los trayectos a pie, el trasporte público, transporte en vehículo compartido y el entorno laboral) era del 19,3% a mediados de mayo. A finales de ese mes se redujo al 11,3%, y ha seguido haciéndolo hasta el 7,3% de los encuestados participantes en la semana del 15 al 22 de junio. Hay excepciones notables como la del Euskadi, la comunidad donde menos se ha utilizado en las cuatro semanas estudiadas. En el siguiente mapa, se observa por provincias el porcentaje que declara no usar nunca mascarilla en la última semana del estudio, y que varía entre el 3,9% de Cáceres y Jaén y el 45,5% de Gipuzkoa. El ejecutivo vasco ha decretado el uso obligatorio en la localidad guipuzcoana de Ordizia, donde se ha registrado un brote.
En Catalunya, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha hecho referencia al “relajamiento” de los ciudadanos para justificar la medida, insinuando que se ha dejado de tomar la crisis del coronavirus tan en serio como cuando estaba decretado el estado de alarma. Según el citado estudio, algo más del 7% de los catalanes declara no usar nunca esta medida de protección, un poco por debajo de la media nacional.
La respuesta del Ejecutivo autonómico catalán llega un mes después de que se tuviera allí constancia de que había transmisión comunitaria en la zona del Segriá, en Lleida. Así lo reconocieron este lunes los responsables de salud pública de la región. Este brote ha puesto en el punto de mira el sistema de detección, rastreo y supervisión de casos diseñado por la Generalitat, que recae sobre varios ámbitos de la red sanitaria catalana y que, en parte, fue externalizado a la empresa Ferrovial. La imposición de la mascarilla a todas horas y en todos los sitios puede sonar a pasada de frenada ante el descontrol de contagios en Lleida. “En mi opinión habría sido ido necesaria una mayor monitorización previa con acciones informativas y pedagógicas para el cumplimiento. Ahora hay que sopesar si las nuevas directrices dificultan el cumplimiento”, dice el ex director general de Salud Pública Ildefonso Hernández.
El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Benito Almirante, aclara que no está “a favor ni en contra de la medida”, pero subraya que hasta donde conoce el Departamento de Salud no ha dado “ninguna justificación científica” que justifique este cambio de normativa en relación a la actual. “Seguramente necesitamos más información de por qué se ha puesto en marcha esta medida, si por un argumento científico o por otros argumentos”, subraya. Tras recalcar que “va mucho más allá de cualquier normativa en cualquier punto del planeta”, se pregunta cómo se va a aplicar en determinados entornos como terrazas, restaurantes o en la playa, o por qué se considera que “el riesgo es mayor en Tarragona que en Castellón”.
“Todas las medidas sanitarias son políticas, los sanitarios solo opinamos y aconsejamos. Si hay profesionales del mundo de la sanidad que son favorables a esta medida porque hay unos argumentos científicos que lo avalan, normalmente los argumentos deben hacerse públicos, también para la población, porque si no es así podría incluso generar un efecto contraproducente y que la gente se rebote contra la norma”, advierte.
Alude así a una cuestión comentada en varias ocasiones por Fernando Simón: “Hay que incorporar las medidas que sabemos que se pueden cumplir”. Simón hablaba de la batería de excepciones que serían aplicables a la obligación de la máscara: personas de corta edad, personas con insuficiencias respiratorias u otras patologías... “Podría darse la paradoja de que se adopta la medida para facilitar su seguimiento y pasa lo contrario. El problema subyace en la percepción de la población sobre si eso es posible, es decir, puede haber problemas de implementación, aunque tampoco pasa nada si se evalúa adecuadamente y hay posibilidad de reversión”, remata Hernández, epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública.