Maternidad forzada o clandestinidad, el destino de las chicas que no pueden abortar sin la aprobación paterna

Una chica de 16 años acudió durante su embarazo a los servicios municipales de l’Hospitalet de Llobregat, donde vivía, para pedir ayuda para abortar. En el Punto de Información Salud Joven le dijeron que no podía interrumpir su embarazo si no contaba con el consentimiento de sus progenitores. Era el resultado de la reforma del PP de la ley del aborto en 2015. La chica siguió adelante con el embarazo, que ocultó a su familia, y junto con el padre, también menor de edad, dio a luz en un hostal en septiembre de 2019. Aunque habían pactado dar al niño en adopción, cuando el padre se marchó con el bebé se adentró en un cañaveral del río Besòs y salió sin él. El cuerpo sin vida del bebé apareció unos días después.

Es un caso extremo, pero que la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Francisca García, pone como ejemplo para ilustrar las situaciones dramáticas que llegan a suceder cuando se vulnera el derecho al aborto. “Si la ley hubiera respetado el derecho a decidir de las mujeres jóvenes no se hubiera llegado a esas situaciones tan extremas”, asegura. Las mujeres de 16 y 17 años no pueden, hoy en día, abortar sin el consentimiento de su familia. La ley de salud sexual y reproductiva que el Gobierno acaba de enviar al Congreso para su trámite busca devolverles este derecho.

Las organizaciones que velan por los derechos reproductivos y que trabajan con mujeres jóvenes advierten de que negarles la posibilidad de decidir por sí mismas tiene graves consecuencias sobre su cuerpo y su vida. Y afecta, especialmente, a las chicas que viven en situaciones de desamparo familiar, violencia o en entornos contrarios al derecho al aborto. Ser madre sin querer serlo. Arriesgar la salud y la vida en un aborto clandestino. Ocultar un embarazo y dar a luz en circunstancias extremas.

La presidenta de la ACAI asegura que contar con el consentimiento paterno supone un problema para las mujeres que no tienen apoyo familiar. “Fuera de ese idea de familia hay muchas otras familias. Hay quien se ha criado con sus abuelos porque les dejaron con ellas, hay chicas que tienen a sus progenitores en la cárcel o que viven en familias donde se sufre maltrato...”, explica. También está el caso de las mujeres jóvenes con familias “muy posicionadas” en contra del aborto y donde interrumpir voluntariamente un embarazo resulta casi imposible.

“Lo ideal es que una joven de entre 16 y 17 años pueda comunicar su decisión de abortar a sus padres o tutores legales, pero la realidad muestra que no siempre esto es posible, por muchos motivos. Nos han llegado peticiones de ayuda de chicas que no podían decirle a sus padres que estaban embarazadas, y mucho menos pedir permiso para abortar, normalmente por motivos ideológicos o religiosos, porque viven situaciones de violencia o porque sus progenitores están ausentes. Muchas de estas chicas no van a dejar de intentar abortar por no tener autorización y corren el riesgo de hacerlo de forma insegura”, afirma Estefanny Molina, abogada senior de Women’s Link Worldwide. La organización insiste en que las más perjudicadas por esta restricción son quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por ser pobres, no tener acceso a métodos anticonceptivos, estar en una relación abusiva o ser migrante en situación irregular.

Una minoría

En 2014, ACAI elaboró un informe sobre el aborto de las mujeres de 16 y 17 años, justo cuando el Gobierno de Mariano Rajoy ya se disponía a retirarles la posibilidad de abortar sin ese consentimiento. Indagaban en las razones de las menores que no podían contar con sus padres. Estas alegaban, fundamentalmente, “conflictos graves, violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, y situaciones de desarraigo o desamparo”. El porcentaje de chicas que estaban en esta circunstancia era muy pequeño y, aunque han pasado ocho años, la presidenta de ACAI señala que el panorama no ha cambiado mucho.

Los abortos de chicas de 16 y 17 años representaban en 2015 el 3,6% del total de interrupciones: fueron 913 entre 25.394 intervenciones. De esas 913, 113 correspondieron a menores cuyos progenitores no tenían conocimiento. En porcentaje, esto quiere decir que solo un 0,44% de todos los abortos fue de una menor que no contaba con consentimiento. Si tomamos como referencia solo las interrupciones voluntarias de adolescentes, el 12,4% de las menores que abortaron no habían informado a sus progenitores.

La responsable de proyectos de atención a jóvenes en la Federación de Planificación Familiar, Gemma Castro, confirma que los casos de menores, y aún más los casos de menores sin apoyo de sus familias, son escasos. “Cuando acuden menores de 16 y 17, o bien vienen con sus familias o son las propias familias las que nos consultan, generalmente las madres. Si no, cuando hacemos el asesoramiento, vemos que cuentan con el apoyo de la familia, aunque no sea una cuestión siempre fácil de tratar”, explica.

Los casos en los que no existe ese apoyo suelen estar relacionados, constata, con situaciones de violencia o exclusión. Las trabajadoras de los centros trabajan en coordinación con otros servicios y hacen a veces mediación con las familias para comunicar la noticia o intentar recabar su apoyo. Castro asegura que esa labor suele dar frutos, salvo en los casos en los que la situación para la menor es grave y resulta imposible. Entonces, explica, el riesgo es perder de vista a esa chica, que no suele volver a aparecer por el centro.

Sin alternativas

La abogada de Women’s Link Worldwide Estefanny Molina califica de “indignante y frustrante” que durante años no haya habido para esas chicas más alternativa que continuar con un embarazo no deseado, “con el impacto terrible que eso conlleva para su salud física y mental”. Las complicaciones físicas y emocionales son mayores en mujeres adolescentes que adultas. Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo.

“Además, una adolescente que se queda embarazada es muy probable que abandone los estudios, y con ello, pierda sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. Obligarle a continuar un embarazo en contra de su voluntad es una violación de sus derechos humanos. En todo el mundo, la gran mayoría de los embarazos adolescentes no responden a una decisión de la mujer y, además, pueden ser consecuencia de la violencia sexual, a veces incluso por parte de su progenitor o miembros de su familia. Ninguna adolescente debería pasar por esto”, argumenta Molina.

Cuenta la abogada que muchas chicas buscan información “de forma desesperada por Internet”, donde si tienen suerte encuentran ayuda de organizaciones especializadas como Women on Web, pero donde también pueden acceder a desinformación o métodos inseguros. La presidenta de ACAI lamenta que la clandestinidad sea la salida para algunas, “tomar pastillas sin control médico”, o bien se vean abocadas a ser madres sin querer serlo, “con la marginación que eso supone sobre todo a esas edades”.

“Si consideramos que una mujer menor de edad es lo suficientemente madura para ejercer la maternidad también deberíamos considerar que es madura para decidir si quiere seguir adelante con el embarazo o no. El estado español tiene una deuda con todas las jóvenes que se han visto abocadas a abortos inseguros o maternidades no deseadas por culpa de esta prohibición”, concluye Molina, que también menciona el caso de la chica de l’Hospitalet de Llobregat. “Había pedido abortar, pero le negaron el procedimiento por no contar con el permiso paterno”.