Legalizar el matrimonio igualitario ayuda a reducir la homofobia en la sociedad

“El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. En julio de 2005, esta frase se añadió oficialmente al artículo 44 del Código Civil. Con este cambio, España se convertía en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un año antes, el estado de Massachusetts (EEUU) había hecho algo similar, abriendo un camino que siguieron hasta 35 estados en los años siguientes. Ahora, un estudio ha demostrado que estas leyes ayudan a reducir los prejuicios sociales contra lesbianas, gays y bisexuales allí donde se aplican.

En un artículo publicado la pasada semana en la revista PNAS, los investigadores analizaron si la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo estaba asociada con cambios en los sesgos implícitos y explícitos de los ciudadanos y concluyeron que, aunque los prejuicios ya estaban disminuyendo, tras la legalización lo hicieron prácticamente el doble de rápido, “lo que indica que la legislación gubernamental puede cambiar las actitudes de los ciudadanos, incluso sobre posiciones religiosa y políticamente arraigadas”.

Estudios anteriores ya habían mostrado que las normas sociales pueden influir en los comportamientos y actitudes de la ciudadanía. Sin embargo, no se tiene claro en qué sentido un cambio en la legislación puede llegar a afectar a la opinión pública, ya que la literatura científica indica que estos cambios pueden llagar incluso a generar una reacción adversa, lo que daría lugar a una mayor desaprobación social.

“La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo es un fenómeno único que ofrece la oportunidad de estudiar la relación entre la legislación y las actitudes de los ciudadanos”, aseguran los investigadores. Para analizar esta cuestión estudiaron el caso de EEUU, donde 35 de los 50 estados habían legalizado este tipo de uniones antes de 2015, cuando una sentencia del Tribunal Supremo estableció que todos los restantes tenían también la obligación de conceder licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. “Este patrón de legalización proporciona una serie de tiempo natural (…) que resuelve muchos de los problemas típicamente asociados con los datos observacionales”, afirman los investigadores.

La legalización impulsa la aceptación

Para el estudio se utilizaron los datos de casi un millón de encuestados que completaron diversos sondeos entre 2005 y 2016, en los que se medían los sesgos anti-homosexual, tanto implícitos como explícitos, a través de Project Implicit, una organización internacional sin ánimo de lucro creada para valorar las actitudes de la ciudadanía respecto a diferentes temas y cuyo objetivo es “educar al público sobre los prejuicios ocultos”. Además, los autores también examinaron datos de los Estudios Electorales Nacionales Americanos, que incluían a cerca de 11.000 encuestados, en 2008, 2012 y 2016.

“En todas las muestras, tanto el sesgo anti-homosexual implícito como explícito disminuyó con el tiempo en los estados que habían legalizado el matrimonio”, afirman los investigadores. Sin embargo, este dato en sí mismo no aporta ninguna novedad, ya que estudios anteriores ya habían demostrado que los prejuicios contra el colectivo LGTB se han ido reduciendo progresivamente.

Sin embargo, en el nuevo estudio los investigadores aclaran que aunque “el sesgo anti-homosexual estaba disminuyendo o se mantenía estable con el tiempo antes de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (…) después de la aprobación de la legislación (…) el sesgo disminuyó a un ritmo más pronunciado”.

Estos nuevos resultados indican, según los autores del estudio, que la opinión pública y la legislación pueden “reforzarse mutuamente”, ya que “la evolución de las actitudes hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo pudo haber servido como impulso para la legalización” y que dichas leyes, a su vez, “fortalecieron y consolidaron las actitudes favorables hacia las mujeres y los hombres homosexuales”.

Sin embargo, los resultados también mostraron una reacción adversa en algunos de los estados que no aprobaron la legalización antes de la decisión del Tribunal Supremo. En estos estados, aseguran los investigadores, encontraron “un efecto reactivo o de reacción tal que la legalización federal se asoció con un mayor sesgo anti-homosexual con el paso del tiempo, a pesar de la tendencia decreciente del sesgo en estos estados antes de la legalización federal”.

Según los autores del estudio, la mayoría de los 15 estados que no aprobaron la legislación estatal son aquellos con normas sociales generalmente más fuertes y tradicionales, por lo que especulan con la posibilidad de que los ciudadanos de estos estados hayan sentido atacados sus valores con la imposición de una norma federal, en lugar de una estatal. “A pesar de que las actitudes estaban mejorando, aún no se había alcanzado un punto de inflexión de apoyo local para que la mayoría aceptara el fallo federal”, afirma el estudio.

Resultados similares en Europa

Estudios anteriores también han encontrado resultados similares en Europa, donde existe una importante disparidad entre los diferentes países, con una acusada diferencia entre los occidentales, de los que 15 han aprobado leyes que permiten el matrimonio igualitario, y los del centro y este del continente, donde los niveles de homofobia son bastante elevados.

Según un estudio publicado el pasado año y en el que se utilizaron datos de la Encuesta Social Europea, “la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo conduce a actitudes significativamente más positivas hacia la homosexualidad, mientras que la aprobación de una prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo conduce a actitudes significativamente más negativas”.

En el estudio se pone como ejemplo a Austria y España, dado que ambos países tenían niveles similares de aceptación de gays y lesbianas a principios de la década de 2000. Sin embargo, España fue uno de los primeros países en introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Austria solo lo hizo tras una decisión del Tribunal Constitucional en 2017, aunque la medida no entró en vigor hasta el pasado mes de enero.

El estudio señala que el porcentaje de ciudadanos que consideran que los gays y las lesbianas deben tener los mismos derechos continuaba siendo inferior al 50% en Austria en 2016, mientras que en España estaba por encima del 75%. “Esta discrepancia ya indica que la legislación podría desempeñar un papel clave en la explicación de las trayectorias de las actitudes hacia los gays y las lesbianas”, aseguran los autores del estudio.

España, entre los países más tolerantes

Según los resultados del Eurobarómetro de 2015, el 61% de los europeos están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, un aumento significativo desde 2006, cuando solo el 44% estaba de acuerdo con la afirmación “los matrimonios homosexuales deberían permitirse en toda Europa” y entre los países con mayor aceptación se encuentra España, con una aprobación de un 84%.

Una encuesta más reciente, elaborada el pasado año por Pew Research, también destaca que en todos los países de Europa Occidental los encuestados están mayoritariamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y sitúa a España con un 77% de aceptación. Además, estudios anteriores de esta institución han destacado a España como uno de los países más tolerantes a nivel mundial.

Los resultados de las encuestas llevadas a cabo por el CIS desde 1975 hasta el año 2016 también muestran una reducción clara de las actitudes homófobas durante las últimas décadas. Según los datos relativos a 2004, año anterior de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, dos terceras partes de la población (66%) aseguraban estar a favor de la modificación legislativa, un porcentaje que en 2013 se elevó hasta el 71% y que en 2016 superó el 76%. Por otro lado, mientras que antes de la ley el 44% se oponía a que las parejas homosexuales pudieran adoptar, en 2013 ese porcentaje había bajado hasta el 29% y, en 2016, al 24%.