“La reforma es difícil de implementar. Se pide a los entes un cambio radical de algo que durante siglos han hecho de modo diferente y no es fácil. No sólo estamos introduciendo burocracia, que la hay, también hay controles y disciplina”. El español Maximino Caballero Ledo es ‘el hombre del Papa’ para la economía, y uno de los laicos con mayor poder en el Vaticano. Desde noviembre de 2022, por sus manos pasan todos y cada uno de los euros que llegan y salen del minúsculo Estado. Una responsabilidad especialmente delicada después de la histórica sentencia que en diciembre pasado condenó a una decena de funcionarios vaticanos, entre ellos el cardenal Angelo Becciu, por malversación de fondos y corrupción. Era la primera vez en la historia moderna que los tribunales de la Santa Sede juzgaban –y condenaban– a un cardenal.
“Hay que recuperar la credibilidad de la Iglesia, que está muy dañada”, admite el prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos, que la pasada semana visitó nuestro país para participar en unas jornadas organizadas por la Universidad Católica de Valencia y Caixabank. Caballero revela algunos de los pasos de la compleja propuesta de reforma de las finanzas vaticanas, “un proceso a largo plazo que, aunque comenzó en 2014, prácticamente estamos empezando”.
Un proceso que ha avanzado no sin dificultades, empañado por diferentes escándalos que se han ido encadenando en el seno del gobierno de la Iglesia católica. De las revelaciones del caso ‘Vatileaks II’ a las luchas de poder que acabaron con el cese del fallecido cardenal Pell. Pell, superministro de las finanzas vaticanas, fue condenado por abusos en Australia y se convirtió en el eclesiástico de mayor rango en el mundo en ser condenado por pederastia. Sin embargo, tras pasar un año y medio en prisión, su condena fue revocada. A todo esto hay que sumar el affaire de la compra-venta del palacio de Sloane Avenue, una turbia maniobra inmobiliaria realizada con el dinero que la Iglesia debería dedicar a los pobres. El caso concluyó con la condena a cinco años y medio de cárcel de quien fuera número tres del Vaticano, Angelo Becciu.
Teniendo en cuenta semejantes antecedentes, si algo obsesiona al prefecto de Economía es la obligación, por parte de la Iglesia, de “dar y rendir cuentas”: “Transparencia no sólo es publicar las cuentas, es demostrar que tenemos unos procesos que funcionan, que cada ente es responsable de sus actos y que luchamos contra la corrupción”, asegura. Sin embargo, reconoce la dificultad que supone llevar un control exhaustivo de las 150 entidades que están vinculadas, de una u otra manera, a la Santa Sede.
Con todo, la política de transparencia que se ha ido implantando en el Vaticano ha dado algunos frutos, al punto de que los informes de Moneyval, el comité de expertos contra el blanqueo de capitales, ha sacado a la Santa Sede de la lista de países ‘oscuros’, con riesgo de fomentar el lavado de dinero o el tráfico ilegal.
El prefecto pide “paciencia” y asegura que “habrá ajustes” con un objetivo principal: “Recuperar la credibilidad”, reitera. De los mercados y, también, de los fieles, para unas arcas que sufrieron como pocas los ajustes derivados de la pandemia, con déficits que superaron los cien millones de euros, pero también con decisiones de marcado carácter social, como rebajar los sueldos de los cardenales, obligarles a pagar alquiler en los apartamentos donde residen y, especialmente, no despedir a ningún trabajador del Vaticano durante la crisis del coronavirus.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de Economía, una de las grandes instituciones creadas en la reforma de la Curia? “Nos encargamos de emitir las guías y principios para ejecutar los presupuestos de la Santa Sede y de cada uno de sus entes, y de comprobar el control de su gestión. Es decir, regulación y control: somos responsables de la elaboración de las normas económicas y del control de su aplicación”, recalca Caballero Ledo.
Esta estructura choca con la tradición de descontrol de la Curia vaticana, cuyos organismos jamás rendían cuentas ante nadie, con el consiguiente uso oscuro del dinero procedente de los fieles, que ha provocado escándalos como el del Banco Ambrosiano y, más recientemente, el de la creación de una ‘diplomacia paralela’ con fondos del Óbolo de San Pedro por parte de Becciu y Cecilia Marogna, la mujer a la que el cardenal pagó 600.000 euros para llevar “ciertos negocios” al margen del Vaticano. Los dos fueron condenados junto a algunos de los primeros elegidos por Francisco para llevar las riendas de la economía. Y es que en este tema ha habido muchos errores por parte de Roma antes de dar, como parece, con los expertos adecuados: primero, el jesuita Juan Antonio Guerrero, y ahora, su sucesor, Maximino Caballero. Dos españoles, por cierto.
Ahora, a diferencia de tiempos anteriores, se trabaja teniendo en cuenta “la racionalización y la centralización de recursos”, para “no duplicar estructuras”, así como “segregar funciones para evitar errores y delitos, aplicar el criterio de los cuatro ojos: no debería haber nadie que no rinda cuentas”. De hecho, aclara, “desde hace dos años ningún ente de la Santa Sede está exento del control”.
Con todo, citando al Papa Francisco, el prefecto de Economía asegura que “la economía no es el centro de la reforma de la curia, es un medio al servicio de la curia y del Santo Padre”. Una tarea en la que, como en muchas otras, Francisco parece estar rodeado de lobos.
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