Demasiado mayor para comprar la olla a plazos o hacer una ruta de senderismo
A Vicenta le gusta comprar a plazos y siempre lo ha hecho, pero la última vez que lo intentó el supermercado le puso pegas para llevarse una olla a presión. No le permitió renovar la tarjeta de cliente que autoriza los pagos fraccionados porque “el ítem de la edad no deja”. Así le dijeron en la oficina, relata su hijo J., que puso una reclamación a la cadena de hipermercados, cuyo nombre prefiere no revelar. “Me dio la sensación de que creían que iba a morirme ya y no me he muerto aún”, cuenta Vicenta, que con 85 años es totalmente autónoma, vive sola y tiene una pensión de más de 1.000 euros mensuales. Su problema es que es demasiado mayor.
El caso de Vicenta es uno de los más de 580 que ha atendido el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) a lo largo de 2023. Se trata de un teléfono gratuito (900 22 22 22), gestionado por la Fundación HelpAge International España con una subvención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para dar respuesta y asesoramiento ante situaciones de discriminación por cuestión de la edad. “Cualquiera puede comprender cómo nos hacen sentir. A los usuarios les lanzan el mensaje de que ya no forman parte de este mundo, de que son distintos por una cuestión de edad, y eso tiene graves consecuencias para las personas”, asegura María Gangutia, coordinadora del servicio, que echó a andar en septiembre de 2022.
Al otro lado del teléfono se encuentran todo tipo de situaciones: personas que no son conscientes de que se están vulnerando sus derechos en el acceso a prestaciones o servicios; otras que lo saben pero necesitan ayuda sobre cómo proceder para solucionarlo; hijos e hijas desesperadas porque no llega la ayuda a la dependencia de su familiar (la espera media en 2023 fue de 324 días); mayores que no consiguen entender los trámites digitales de la administración y personas “que llaman para una cosa y al final encontramos otros problemas”, resume Gangutia, que certifica que llegan usuarios “muy aislados de los servicios más básicos”.
Seis de cada diez consultas las hicieron mujeres, que acudieron a la línea o bien para resolver situaciones relacionadas consigo mismas o con las personas a las que cuidan. Por edad, los usuarios que más llamaron tenían entre 75 y 79 años aunque también un porcentaje importante (16% del total) eran menores de 55 años, según los datos recogidos en el informe. El servicio pone a disposición de los usuarios también un correo electrónico y un chat, pero solo el 6% de las personas contactaron por estas vías. El 94% de las consultas se hicieron por teléfono.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el edadismo como un problema de salud pública porque “empobrece la salud física y mental de las personas mayores, reduce su calidad de vida y cuesta cada año miles de millones a la sociedad”, según un informe publicado en 2021 que calcula que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas.
Con la cuestión de la edad nos hemos quedado atrás. La vejez tiene una connotación negativa y hemos huido de ella en lugar de resignificarla
Estas actitudes son un tipo de discriminación basado en asignar a las personas unos atributos unívocos según su edad. También ocurre, por tanto, con los jóvenes. Según el catálogo de estereotipos negativos, estos son arriesgados, usuarios de drogas, estresados y ansiosos, mientras que los mayores son rígidos, irritables, solitarios y aislados, asexuales, confundidos, depresivos, necesitados y discapacitados.
“Hemos avanzado mucho en la identificación de discriminaciones a determinados colectivos, pero con la edad no existe penalización social”, considera Irene Lebrusán, doctora en Sociología e investigadora del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). “Con esta cuestión nos hemos quedado atrás. La vejez tiene una connotación negativa y hemos huido de ella en lugar de resignificarla”, analiza.
En los textos legales, España ha incluido la edad como un motivo de discriminación en la Ley integral para la igualdad de trato aprobada en 2022. “Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, dice la norma.
El edadismo autolimita
La discriminación no es inocua para quienes la sufren. Las consecuencias, asegura la socióloga, están muy estudiadas: la principal es la autolimitación. “Las mismas personas se van a preguntar ante cada nueva situación si pueden o no hacerlo por su edad. Eso merma la autoestima y se produce una tendencia al aislamiento causada por el estereotipo del que es difícil salir”, explica Gangutia. El fenómeno se conoce como autoedadismo.
La coordinadora del servicio recuerda especialmente otro caso, que queda recogido así en el informe: “La hija de la usuaria contacta con el SEAM e informa que ha contratado un viaje con su madre a través de una agencia. En el viaje van a hacer rutas de senderismo, un ejercicio que según alega su madre [de 82 años] puede hacer sin problema y que ya viene realizando. El viaje se contrata sin obstáculos, pero cuando la agencia pide los datos de edad de la usuaria, únicamente por esa condición comienzan a insistirle en que el viaje puede ser peligroso para ella y al mantenerlo le indican que debe firmar un documento para exonerarse de responsabilidad respecto a su madre”. Desde el teléfono animan a la usuaria a poner una reclamación a la agencia de viajes, que niega la discriminación pero finalmente pone fin a la exigencia de rubricar un trámite extra. El desenlace es feliz: madre e hija pueden viajar.
Llevamos pidiendo un ascensor cinco años pero ahora el deterioro es enorme, físico y cognitivo. Mi madre ha tenido que romper con su rutina de ir al centro de día donde hacía sus actividades y yo no sé ni dónde tengo la ropa
Las cosas no han ido tan bien para Libertad, de casi 90 años, que lleva cuatro meses sin poder salir de su casa porque la comunidad de vecinos se niega a instalar un ascensor, cuenta su hija Susana a elDiario.es. “Esa es la ironía: se llama Libertad y está cautiva”. El SEAM le recomendó pedir la justicia gratuita y ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo contando su caso. Susana asegura que ha presentado diferentes presupuestos “pero siempre hay pegas”.
El artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que es obligatorio que un inmueble tenga ascensor sin necesidad de acuerdo previo entre los propietarios si lo requieren personas con discapacidad o mayores de 70 años, aunque si el gasto se excede de 12 mensualidades de la comunidad, debe votarse por una mayoría. El Ministerio de Derechos Sociales quiere eliminar de la ley este último requisito, que en la práctica –y pese a las ayudas públicas para estas instalaciones– paraliza las reformas. En España, 5 millones de personas viven en edificios en los que tienen que subir o bajar caminando, y un 22% de ellas tiene más de 60 años.
“Llevamos pidiendo un ascensor cinco años pero ahora el deterioro es enorme, físico y cognitivo. Mi madre ha tenido que romper con su rutina de ir al centro de día donde hacía sus actividades”, relata la hija. Cada vez que tienen médico debe venir una ambulancia para ayudarla a bajar las escaleras. Vive en un quinto.
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