Unidos Podemos y el Gobierno prevén cambiar el sistema de becas promovido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y reducir las tasas universitarias. El texto del acuerdo alcanzado de cara a los presupuestos de 2019 incide en que el modelo impulsado por el exministro José Ignacio Wert ha perjudicado “a los estudiantes con rentas más bajas”, llegando en algunos casos a perder el “30% de la beca que recibía con anterioridad”. De hecho, la cuantía de las becas universitarias concedidas por el Ejecutivo del PP se redujo de media 332 euros entre el curso 2011/12 y el 2015/16.
Hasta ahora el Ministerio de Educación esconde tras una fórmula compleja y opaca los criterios con los que adjudica las becas. Con este sistema los estudiantes solo conocen la cantidad que perciben como ayuda al final del curso. De cara al periodo escolar 2019/20, PSOE y Unidos Podemos se comprometen a simplificar este sistema, así como hacerlo más transparente para que los solicitantes tengan antes constancia de si tienen derecho a ellas y conocer la cantidad que les corresponde.
Entre los objetivos que pretenden alcanzar si este acuerdo sale adelante, también prevén un aumento de becas concedidas por razones socioeconómicas. Estiman ese incremento, ya de cara al próximo curso, en un impacto global de 536 millones. Supone un aumento considerable teniendo en cuenta que de cara a este curso el aumento se limitó a los 50 millones de euros que anunció el Gobierno de Rajoy. Con esta medida, el departamento de Celaá solo pudo aumentar en 100 euros las ayudas para las rentas más bajas.
120.000 alumnos tuvieron que devolver la beca
La fórmula impulsada por Wert y el endurecimiento de las condiciones para acceder a la ayuda –como la subida de la nota a un 5,5 para acceder a la cobertura de la matrícula– produjo que en los últimos cuatro años 120.000 estudiantes tuvieran que devolver la beca porque no habían cumplido los requisitos exigidos. El PSOE admitió que ese mecanismo de devolución ya existía pero con la reforma los expedientes se han multiplicado por cuatro, según sus datos.
Con el sistema que implantó el exministro Wert en 2013, las becas, universitarias y no universitarias, se dividen en dos partes: una fija y una variable. La fija incluye cantidades concretas en función de si se cumplen o no determinados requisitos: por ejemplo, a un universitario que vive en la Península, no supera el umbral más bajo de renta y estudia lejos de donde vive su familia le dan 3.000 euros. El estudiante puede saber de antemano cuánto debe recibir de la parte fija, según los requisitos que cumple.
Una vez que se han asignado todas las cantidades fijas, el Ministerio de Educación reparte el dinero que le sobra entre todos los becarios. Esa es la parte variable, que se reparte ponderando la nota y la renta de cada estudiante con la nota y la renta del resto de alumnos. Es decir, la cuantía que recibirá un estudiante no solo depende de sus resultados académicos y de su situación económica; también depende de los de todos los estudiantes que han recibido beca en el país y del dinero que le quede disponible al Ministerio. El Gobierno pondera todos esos factores con una fórmula matemática que los estudiantes no pueden aplicar de antemano porque no tienen los datos necesarios hasta final de curso.
50 millones para material escolar
Además de la modificación de este sistema, este acuerdo recoge otras medidas educativas. Entre ellas la dotación de 50 millones de euros a la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias y la derogación de la normativa que permitió que las comunidades autónomas elevasen las tasas universitarias.
El Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, promovido por el exministro José Ignacio Wert, autorizó a los ejecutivos regionales que subieran los precios de las tasas universitarias hasta el máximo del 25% del coste real de los estudios para compensar, en parte, la caída de la financiación pública de los centros.
Esta medida provocó que el precio medio para estudiar un grado universitario en Catalunya llegase a costar casi tres veces más que en Galicia. En el curso 2017/18 el crédito suponía 33,52 euros en los campus catalanes y 11,89 euros en los gallegos. Madrid (24,6 euros por crédito) y Castilla y León (23,3 euros) son las regiones que siguen a los catalanes en la lista de los precios más elevados en el curso 2017/2018. Por su parte, Canarias (14 euros), Cantabria (13 euros) y Andalucía (12,6 euros) son las regiones que acompañan a Galicia entre los grados más económicos.