Andanada de los rectores de las universidades españolas contra el sistema de becas que impuso el exministro de Educación José Ignacio Wert. En su último informe, La Universidad Española en Cifras, la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) sostiene que el método que diseñó Wert excluye alumnos de las becas, tuvo una “relativa eficacia en el rendimiento”, es regresivo, insuficiente en las cuantías y además (o precisamente por todo lo anterior) estaba pensando sobre todo para ahorrar, pese a que el exministro siempre defendió que durante su mandato fue cuando más se invirtió en becas en la historia de España.
Wert decidió que para mantener la beca a partir del segundo curso había que alcanzar ciertos logros académicos, como haber aprobado todo el curso anterior o el 80% de los créditos con una nota media de entre 6 y 6,5, en función de la rama de conocimiento del grado. Con esta medida, el exministro rompió el funcionamiento histórico de las becas, que se mantenían con aprobar las asignaturas.
Siempre se había dicho que muchos estudiantes becados estaban perdiendo las ayudas por esta circunstancia (muchos de ellos trabajan para complementar la beca, insuficiente para sufragar todos los gastos) y que por esa razón había quienes acababan siendo expulsados del sistema. Ahora, la CRUE pone cifras a la situación.
“Los requisitos académicos están actuando como un factor excluyente para más de 45.000 alumnos que, cumpliendo las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario, se ven abocados a que sus familias realicen un esfuerzo económico suplementario y, en muchos casos, a tener que abandonar los estudios”, se lee en el informe.
Son casi 50.000 estudiantes que pierden la beca o no la obtienen porque no alcanzan los requisitos académicos que impuso Wert, pero que por renta les correspondería.
Y los que sí la obtienen reciben una cantidad “claramente insuficiente”, según la CRUE. Un becario dentro del umbral 1, el más bajo, recibe 2.250 euros anuales (2.624,4 si es estudiante de máster) o 4.050,4 (4.124,4 euros los de posgrado) si la beca incluye un cambio de residencia familiar (los que se mudan para estudiar), según los rectores. “El esfuerzo público para para garantizar la igualdad de oportunidades es insuficiente”, valora la CRUE.
“Limitar el gasto”
Los rectores explican en el texto que “la condición de becario tiene incidencia positiva tanto en el número de créditos en el que el estudiante se matricula como en los resultados académicos que alcanza”, pero añaden que pese a no “cuestionar la relativa eficacia que haya podido introducir en el rendimiento de los becarios las exigencias académicas (...), estas no pueden actuar ralentizando la presencia en los estudios universitarios de las personas más desfavorecidas”.
La CRUE lamenta que “la reducida cuantía de renta familiar establecida como techo del umbral 1, junto a la ausencia de progresividad que existe para los tres umbrales (...) responden, más que a garantizar la igualdad de oportunidades, a la decisión política de limitar el gasto”.
Esto es: las personas becadas tienen derecho a diferentes ayudas en función de las condiciones económicas de su familia. El sistema de becas contempla tres umbrales que determinan dónde se ubica cada uno y qué le corresponde. Para una familia de cuatro miembros, el umbral 1 está en 13.909 euros, mientras que el 2 salta a los 36.421 y el 3 a 38.831 euros. Los tres tipos de becas incluyen la matrícula y la cuantía fija. La que corresponde al umbral 2 añade una cuantía variable (que nadie sabe calcular) y otra fija ligada al rendimiento académico. La beca 1 suma una cuantía fija ligada a la renta a todo lo anterior.
Pero, explican los rectores, el umbral 1 es muy bajo y no tantas personas tienen acceso a esas ayudas. Y en el 2 y el 3 (además de estar ambos muy lejos del 1, pero muy cerca entre sí), mayoritarios, el ministerio se ahorra muchas partidas.
Hay más. La CRUE también asegura que la distribución de las becas es “regresiva” porque para la cuantía variable “cuanto mayor es el nivel de renta, menor es la incidencia de la nota en la participación de la dotación de la beca”. Es decir, a los alumnos desfavorecidos les cuenta más la nota que a los más favorecidos a la hora de asignar los recursos.
Y en educación la situación socioeconómica de una familia influye directamente en el resultado académico, siempre favorable a los más ricos. Pero está estudiado, por ejemplo en PISA, que en igualdad de condiciones los resultados serían los mismos.
El informe de la CRUE también ha evaluado cuánto le cuesta al país el abandono universitario prematuro, cuestión que se relaciona en cierto grado al menos con la anterior: muchos alumnos abandonan porque pierden la beca y no se pueden permitir los costes de estudiar.
Para realizar el cálculo, las universidades han seguido a la cohorte de estudiantes que entró en el curso 2013-14, analizado los que lo dejaron, en qué curso lo hicieron y calculado cuánto se invirtió en ellos (aunque un estudiante no tenga beca, estudiar en la universidad está subvencionado). En total, y según los rectores, se perdieron 323 millones de euros con esa generación de estudiantes en las universidades públicas y otros 75 millones en las privadas. El reparto de ese gasto perdido (en el caso de las públicas) es del 80% para el Estado y el 20% para las familias, la misma proporción en la que se pagan los estudios.
Por último, los rectores también denuncian la falta de financiación de las universidades públicas. Según las cuentas de la CRUE, las universidades tienen un 14,5% menos de recursos que la media de los centros europeos y de la OCDE. En cifras absolutas, esto se traduce en 1.600 millones de euros menos.
La caída de la financiación se observa de otra manera: la educación superior española se ha ido abaratando para el Estado. En 2017 era un 16% más barata en términos de gasto sobre PIB que hace ocho años e incluso que hace 22 años.