Los médicos de familia y farmacéuticos piden el acceso sin receta a una de las píldoras anticonceptivas

Que no haga falta receta médica para acceder a uno de los dos tipos de píldoras anticonceptivas disponibles. Es lo que este lunes, coincidiendo con el Día Mundial de la Anticoncepción, han reclamado tres sociedades médicas que se han unido para emitir su posicionamiento. La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la de Médicos Generales y de Familia (SEMG) reclaman la dispensación libre en las farmacias de la píldora de solo gestágenos, que ha demostrado tener “un perfil de eficacia y seguridad muy alto”, afirman.

Los firmantes parten de la base de que la anticoncepción “es un derecho que tiene la mujer para planificar su salud sexual y reproductiva”, que “no es una patología o un problema de salud”, por lo que “no debería verse a priori como un criterio de tratamiento médico”, ha manifestado Eduardo Sauté, vicepresidente de SEFAC y coordinador del texto. “Las mujeres son las únicas dueñas de su salud sexual y reproductiva, las únicas que pueden tomar la decisión siempre bien informadas por los profesionales sanitarios”, ha añadido Neus Caelles, miembro del Grupo de Salud de la Mujer.

El objetivo es “minimizar las barreras de acceso” a un anticonceptivo que usa el 18% de la población femenina, solo por detrás del preservativo, que eligen el 31% de las mujeres, según la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Los firmantes consideran que el requisito de la receta médica, que ya han eliminado países como Reino Unido, puede ser “un obstáculo” para las mujeres y creen que el acceso libre servirá para garantizar mejor “la continuidad de los tratamientos” como vía para intentar reducir la incidencia de embarazos no deseados.

Según una reciente encuesta, el 52% de las mujeres de entre 18 y 45 años han intentado comprar alguna vez la píldora sin receta. El 26% tuvo que dejar de tomarla en algún momento por no poder acudir al médico y el 23,7% por haberla perdido o no llevarla a la farmacia. De las mujeres que tuvieron que interrumpir la toma, seis de cada diez consideró haber estado en riesgo de embarazo y una de cada diez tuvo un embarazo no planificado por este motivo. “No tiene sentido que una mujer, una vez ha tomado su decisión anticonceptiva, tenga barreras para ejercerla”, ha defendido María Blasco, coordinadora del Grupo de Atención a la Mujer de SEMERGEN.

Las sociedades médicas han optado por “comenzar” esta propuesta con los anticonceptivos orales de solo gestágenos, la píldora de desogestrel 75 microgramos. El otro tipo de píldora es la combinada de estrógenos y progesteronas. Las primeras “tienen un mayor perfil de seguridad y efectos secundarios muy leves”, dice Caelles. La experta explica que el riesgo de tromboembolismo venoso de los anticonceptivos, que aún así es más bajo que el que se da con el embarazo, “no ocurre con los anticonceptivos de solo gestágenos”, que “tienen pocas contraindicaciones e interacciones”.

“Los exámenes pélvicos y mamarios, las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino y las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual no son necesarias antes de iniciar la anticoncepción hormonal y no deben usarse como razones para negar su acceso”, incide el posicionamiento impulsado por las sociedades, que invitan al resto a sumarse y recuerdan que la Organización Mundial de la Salud ha concluido que “los farmacéuticos pueden evaluar de manera eficiente a las mujeres para el uso seguro” de esta píldora, tal como sucede ya con la anticoncepción de urgencia.

De hecho, los firmantes apuestan por que la dispensación del medicamento esté “bajo la supervisión y control” de las farmacias, basando su intervención en “la comunicación y derivación al médico cuando sea preciso”. Sin embargo, la propuesta respalda que la píldora cuente con financiación pública, ha aclarado Lorenzo Armenteros, coordinador del Grupo de Salud de la Mujer de SEMG. “Un envase está alrededor de lo que puede costar uno de paracetamol. Lo lógico sería que estuviera financiado por la Seguridad Social, es un derecho”, ha concluido.