Atacar el alto precio de Sovaldi en su raíz. A la estela de la India, la organización Médicos del Mundo ha presentado una oposición a la patente que protege en Europa el sofosbuvir, la molécula clave de este fármaco contra la hepatitis C. Es un intento de que la Oficina de Pantentes (EPO) rompa el monopolio del laboratorio, como hizo su homóloga asiática. Un paso para abrir el camino de los genéricos, “cien veces más baratos”, calcula la ONG.
Para tratar de quebrar esta patente –que se presentó a la EPO en marzo de 2008– Médicos del Mundo ha recurrido a un equipo legal “involucrado también en el caso que se presentó en la India”. El escrito, sellado el 10 de febrero, trata de demostrar que dentro del Sovaldi no hay un descubrimiento sino el aprovechamiento de hallazgos previos.
El abogado Lionel Vial basa la petición de Médicos del Mundo en que en la fecha en la que se hizo efectiva [la petición de patente para sofosvubir], se tratababa, “básicamente de una lista de miles de compuestos, de actividad desconocida la mayor parte, claramente enfocada a reservarse un campo inexplorado de investigación en lugar de proteger los resultados reales de una investigación exitosa como recompensa por conseguir resultados técnicos concretos disponibles para el público”.
La patente fue solicitada por la faramacéutica Pharmasset que luego sería adquirida por Gilead desembolsando casi 11.000 millones de euros. El análisis del bufete de Vial entiende que, con el pasar de los años, “la patente europea se ha extendido más allá del contenido de la petición” que se tramitó hace siete años (cuando no se sabía, según este documento, que se patentaba un antiviral efectivo y comprobado). Cuando en 2014 se ha podido comercializar un producto terminado y con eficacia muy alta, ya estaba blindado. Esto viene a decir que se solicitó exclusividad sobre componentes sueltos, y que a día de hoy esta exclusividad se está aplicando sobre un producto que contiene algunos de aquellos componentes.
Igual que pasó en la India, se argumenta que Gilead no ha aportado nuevos descubrimientos: “No implica una invención”. Esa fue la clave para que en Asia se le negara al laboratorio la patente y, de momento, haya quedado abierta la puerta para que los laboratorios locales produzcan sofosbuvir a precios más económicos. Y usa un estudio de Plinio Perrone que analizaba en 2007 la importancia crucial de unos componentes que rompen las barreras de la célula como “claves” para “aumentar la eficacia de los antivirales contra la hepatitis C”. De hecho, ya habían multiplicado por mil la actividad de los tratamientos contra el VIH.
Táctica para inflar los precios
Gilead “abusa de la patente para poner unos precios altísimos”, analiza Médicos del Mundo. Y luego explica cómo se llega a pedir mas de 800 euros por cada pastilla de este medicamento, que es el precio de referencia en EEUU. Las farmacéuticas, cuentan, “registran en primer lugar sus productos en países donde el precio es libre, como EEUU. Luego ese precio de referencia es el que se usa para negociar [con otros países]”.
Desde luego, esa dinámica, al menos en cuanto a los tiempos, coincide con el periplo del Sovaldi: apareció en EEUU, se le puso un precio de 70.000 euros por tratamiento, se trajo a Europa y comenzó una negociación, estado a estado, para que fuera cubierto por los sistemas sanitarios públicos. Lo mismo ha ocurrido con otros antivirales de última generación: el simeprevir (Olysio) o el daclatasvir (Daklinza).
La reclamación concluye pues que “la supuesta contribución del propietario de la patente no justifica tal recompensa” [el monopolio sobre la molécula] que le permite poner altos precios e “impedir a otros actores ofrecer sofosvubir a precios más bajos”. Al final de todas estas disputas, el precio de las pastillas es lo que está impidiendo que los pacientes accedan a una cura más que probable de su enfermedad. En Francia, asegura la ONG, se da “por primera vez un racionamiento de medicamentos” en virtud de razones económicas. En España, los enfermos están en plena campaña para que se cumplan las prescripciones de sus médicos y se administren los tratamientos que se atascan en comités creados para evaluar las peticiones. Es decir, para calcular si se autoriza el gasto.