El nuevo gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha reservado en su programa un apartado para las “políticas feministas”, con esa denominación. Explicitan así la intención que los dirigentes de ambos partidos han reiterado en muchas ocasiones: comprometerse con políticas de igualdad. El apartado, el séptimo de los once totales, agrupa varios puntos de consenso entre las formaciones, algunas medidas ya en marcha y otras incluidas en los programas. Además de otros salteados a lo largo del documento, los temas estrella de estas “políticas feministas” están dirigidos a “garantizar la seguridad, independencia y libertad de las mujeres” reforzando la lucha contra la violencia machista; a alcanzar la igualdad retributiva y laboral; a ampliar los permisos de maternidad y paternidad; y a lograr el fin de la trata.
Igualdad en el empleo, con plazos marcados
El documento menciona algunas medidas en materia de empleo y cuidados que ya están puestas en marcha, como la ampliación y equiparación de permisos de maternidad y paternidad, o la Ley de Igualdad Retributiva, que el Gobierno de Sánchez comenzó a implantar el pasado marzo pero de la que ahora se anuncian medidas con más profundidad. Una de ellas sería el aumento de las sanciones y la creación de una Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, que dependería de la Inspección de Trabajo y que serviría para “supervisar” la igualdad. Actualmente no hay un organismo específico ni especializado que vigile el cumplimiento de los planes de igualdad, por ejemplo, o de los registros salariales que desde marzo las empresas están obligadas a tener para evitar la discriminación de sueldos.
Otro de los compromisos es el de garantizar el derecho a adaptar la jornada de trabajo para las personas que tengan hijas o hijos y que vuelvan de un permiso de crianza y hasta que los menores cumplan 12 años. El documento incluye una de las medidas que el PSOE llevaba en su programa electoral: una ley de usos del tiempo –a la que ahora añaden “y de racionalización de los horarios”– para conseguir la corresponsabilidad.
El pacto busca dar cumplimiento efectivo al apartado de la Ley de Igualdad de 2007 que hablaba de que los organismos y órganos públicos, pero también los consejos de administración de las empresas deben tener presencia equilibrada de mujeres y hombres. El documento marca incluso un plazo para que eso suceda: los próximos cuatros años, progresivamente. Y extiende esta obligación, aunque sin plazo, a los órganos de toma de decisiones sobre condiciones laborales, procesos electorales o convenios colectivos. Fuera de “políticas feministas”, en el apartado del documento referido al empleo (el primero), está el compromiso de la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar, así como la ratificación del Convenio número 189 de 2011 que piden las trabajadoras.
Ampliación de la violencia machista y “sí es sí”
El documento se compromete a reforzar la lucha contra la violencia machista, que este 2019 ha dejado 55 asesinadas según los recuentos oficiales provisionales. Para ello, en primer lugar expresa la intención de incorporar en la legislación española lo dispuesto en el Convenio de Estambul, como ya preveía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que firmaron todos los partidos en 2017 –antes de la entrada de Vox en el parlamento–. En la práctica, incluir lo estipulado en el Convenio implica ampliar el concepto de violencia machista a la que se ejerce fuera del ámbito de la pareja o expareja, a lo que la limita la actual ley de 2004. Esa es una medida que Podemos ha defendido desde su fundación.
Hay más: prometen que se tomarán como una “cuestión de Estado” la libertad y reparación de las víctimas y supervivientes. Y que desarrollarán las medidas necesarias “para que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género”, también la designación urgente de abogados y procuradores de oficio. Anuncian un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres víctimas, impulsando sus posibilidades de independencia económica, y la protección de los menores, suspendiendo el régimen de visitas cuando el progenitor cumpla condena o se hayan dictado medidas cautelares contra él, también algo incluido en el Pacto de Estado.
En violencia sexual, blindan el “sí es sí”, queriendo aprobar una Ley integral por la protección de la libertad sexual que reformaría el Código Penal para garantizar que la falta de consentimiento esté pensado, es decir, textualmente, “que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO”. Unidas Podemos y PSOE ya acordaron la anterior legislatura una ley en este sentido.
Erradicación de la trata
La trata con fines de explotación sexual tiene varios puntos dentro de “políticas feministas”. La más importante, la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, “que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales”. A partir de ahí, elaborarán planes de formación en el tema para empleadas y empleados públicos y se estrechará la colaboración entre administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales y otras instituciones. Perseguirán especialmente la pornografía que se realice ejerciendo la trata y explotación, sobre todo si expone a menores. También en cuanto a la pornografía, aseguran una “protección reforzada”, con medidas más estrictas para limitar el acceso al visionado de niños y adolescentes.
Derecho al aborto y protección en las clínicas
El texto indica que se favorecerá el acceso a métodos anticonceptivos, anticoncepción de urgencia y al aborto a “todas las mujeres”. Dicen que se hará en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, es decir, sin las modificaciones que hizo posteriormente el gobierno de Mariano Rajoy. Lo más relevante de esto es que sugiere que las chicas de 16 y 17 años recuperarían el derecho a la interrupción del embarazo sin consentimiento paterno, como era en esa primera versión de la Ley. En materia de derechos sexuales, también escriben que desarrollarán políticas activas de educación sexual especialmente dirigidas a jóvenes (el PSOE pretendía meterlo “en todas las etapas” en la nueva Ley de educación que no salió adelante con la convocatoria de elecciones) y se garantizará los tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres, también no heterosexuales o solas, algo en lo que ya se trabajó la anterior legislatura.
En esta parte se encuentra también plasmada la voluntad de proporcionar “intimidad a las mujeres que acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, su integridad física y moral, y su derecho a la libre circulación”. Esto supondría crear una legislación con el objetivo de evitar el acoso a las chicas que acuden a abortar por parte de grupos extremistas, presumiblemente con perímetros de seguridad en las clínicas, como existen en otros países.
Vientres de alquiler
En el programa hay un “NO” rotundo a los “vientres de alquiler”, “en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo”, y la promesa de actuar “frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país”. Los dos partidos se habían mostrado contrarios a la gestación subrogada este último tiempo, desde que Ciudadanos llevase el debate a la esfera pública.
La “tasa rosa” y la brecha en ciencias
Habrá una “fiscalidad con perspectiva de género”, sin especificar cómo. Sobre impuestos, avanzan el fin de la “tasa rosa”, es decir, de que haya productos más caros solo por considerarse para público “femenino”. Se refieren también específicamente a la reducción del IVA en productos menstruales, incluida en los Presupuestos Generales que pactaron el año pasado, en el apartado de políticas fiscales. En otro punto, hablan del “cierre de la brecha de género” en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con medidas que eviden la discriminacion por maternidad o que potencien las vocaciones de niñas y adolescentes.
Políticas LGTBI
En otro lugar del documento, fuera de “políticas feministas”, dentro de “nuevos derechos” y bajo el epígrafe “un país orgulloso de su diversidad”, están las políticas LGTBI. Habrá una Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, otra contra la Discriminación (que incluya la prohibición de las “terapias de conversión”, que todavía se llevan a cabo en algunos obispados, como el de Alcalá de Henares) y una Ley Trans. Se resumen además en políticas para fomentar la inclusividad en el deporte, en la educación y en el empleo (con referencia aquí a la población gitana), fortalecer el marco legal de los delitos de odio, y la consolidación de un Pacto Social por el Sida, que se puso en marcha en noviembre de 2018.
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