Verdad, justicia y reparación son tres palabras que en España se han asociado, desde que la memoria histórica empezó a ser una política de Estado, a los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura posterior de Francisco Franco. Sin embargo, el próximo 23 de abril el Gobierno aprobará una Comisión sobre la Memoria y Reconciliación con el pueblo gitano para restaurar y, sobre todo “no repetir” –lo dice literalmente la ley de 2022 que la incluye–, la discriminación histórica que ha sufrido este comunidad.
Llega con cierta demora –debía haberse puesto en marcha seis meses después de entrar en vigor la ley– y un perdón. “Esta es la hoja de ruta que tienen las democracias para hacer efectivos los derechos humanos y para construir un presente mejor que su pasado. Hoy queremos pedir perdón por la violencia y la discriminación que habéis sufrido y sufrís hoy en día”, dijo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en un acto conjunto esta semana con el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Según el último Eurobarómetro Especial sobre la Discriminación en Europa, el 55% de las personas en España no se sentirían cómodas si sus hijos o hijas tuvieran como compañero de clase a un niño o niña gitana y el 33% tendría incomodidad al tener contacto diario con colegas gitanos en el ámbito laboral. España, pese a estas cifras, tiene una situación mejor a la de otros países donde el rechazo es todavía más amplio.
Más datos: la brecha de fracaso escolar es descomunal. Alcanza el 62,4% entre adolescentes gitanos frente al 4% global, según datos de la Fundación Secretariado Gitano. Este es el presente desde el que empezará a trabajar la comisión que, con la participación de las administraciones públicas y de las organizaciones que representan al pueblo gitano, debe elaborar un informe con medidas que aterricen los principios de “verdad, justicia, reparación y no repetición”.
“Lo primero que necesitamos es que haya un reconocimiento público de la historia del pueblo gitano, del daño, de la persecución y de las prácticas antigitanas para sentirnos resarcidos. Tenemos que recibir esa solicitud del perdón histórico que es la reparación moral”, considera Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano y representante de España ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, que recuerda que como pueblo están a punto de cumplir 600 años en España.
El historiador Rafael Buhigas, que investiga los cambios en las condiciones de vida y las formas de la identidad cultural de la comunidad gitana en la Universidad Autónoma de Madrid, considera que es “muy positivo que se empiece a comprender la discriminación del pasado para entender la del presente y poder ejecutar nuevos proyectos que impliquen soluciones más eficientes al racismo antigitano estructural”.
En el estudio de ese pasado, cita tres episodios graves de discriminación y persecución dentro de una historia “muy poco conocida” y escrita “desde arriba”. El primero se produjo en 1749 bajo las órdenes del Marqués de la Ensenada: se conoce como la Gran Redada y derivó en la detención de 9.000 personas gitanas. “Fue el primer intento de exterminio”, sostiene el experto. Los hombres apresados fueron enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina y las mujeres y los niños a cárceles o fábricas. “Estos encarcelamientos duraron hasta 1765 y en esos años muchos gitanos y gitanas fallecieron por las condiciones insalubres de las prisiones y la dureza de los trabajos forzosos”, detalla el archivo histórico de la Fundación Secretariado Gitano.
Otro momento crítico ocurrió durante la Alemania nazi. Se estima que unos 500.000 gitanos de diversos países europeos fueron asesinados en campos de concentración. El 2 de agosto se conmemora como el Día del Holocausto del Pueblo Gitano porque en 1944 está documentada la matanza de más de 4.000 personas en el campo de Auschwitz-Birkenau.
El último de estos episodios de racismo se sitúa en el franquismo. “Es una historia poco conocida pero hubo censos de clasificación. Se les dividía entre aptos y no aptos, es decir, buenos y malos. Los aptos podían vivir en la ciudad y tener derecho a una casa; los no aptos eran expulsados a los márgenes de la ciudad y eso es la génesis de poblados actuales como Cañada Real”, desarrolla Buhigas. ¿Y qué criterios se usaban? “Básicamente el nivel de educación y el nivel de suciedad, pero cómo se iba a estar limpio. Los que les llevaron a la degradación y la hambruna usaron las consecuencias como justificación para dejarlos en los márgenes”, profundiza el historiador.
Para David Martín, doctor en Historia y miembro del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la EHU-UPV (Universidad del País Vasco), uno de los problemas es la mirada en la reconstrucción histórica, “la misma que cuando alguien sin conciencia escribe la historia de la colonización” y el hecho de que se haya hecho a partir de “archivos de documentación procesal”, que la reducen a los contactos del pueblo gitano con las autoridades.
Buhigas también imputa los vacíos a que el trabajo histórico se ha hecho solo desde el ángulo del folclore, “a veces incluso como un intento de discriminación positiva”. Pero esa pobreza ha llevado, sin embargo, a tomar como referencias históricas textos literarios que asimilan a las personas gitanas con “pícaros, chapuceros y ladrones, como La Gitanilla, de Miguel de Cervantes”.
La privatización de la memoria
Y si nunca estuvo en los libros, ¿cómo se trasladó la historia de generación en generación? Noemí González tiene 31 años y es propietaria de un salón de estética en Madrid. Cuando piensa en su infancia, recuerda “estar estudiando en casa el holocausto” y que su padre le contara que habían muerto muchas personas gitanas. “Lo que se hablaba en general –resuelve– se hacía alrededor de una mesa, de puertas adentro”. Los únicos hechos históricos que conoce de su pueblo, si le preguntan, están relacionados con “penurias y persecuciones”.
Las vivió también en primera persona. Antes de iniciar su propio negocio fue despedida de una famosa tienda de telas tras la visita de una amiga de su madre “que era racializada”. “Yo no lo soy y le llegué a decir a mi marido que no se pasara por la tienda. Vivía en la ocultación. La familia no te prepara para eso, te vas dando cuenta tu sola”, relata.
“Como se han situado ante una sociedad opresiva han tenido que privatizar algunas cosas como su memoria. Y eso no tiene que ver con esoterismo u ocultación. La memoria de las personas gitanas no esconde trucos o señas, es tan cotidiana como las demás: este era hijo de este otro y trabajaba no sé dónde”, sostiene Buhigas, que con su trabajo está sacando de las sombras a personajes desconocidos.
Lo que Martín llama “microhistorias” que responden a ese ejercicio de memoria pendiente: por ejemplo, en el Antiguo Régimen las mujeres gitanas se relacionaban con otras mujeres que habían sido rechazadas socialmente por tener un hijo fuera del matrimonio. “En una sociedad donde todo estaba muy encorsetado y controlado, estas mujeres se encontraban al salir de sus pueblos con familias gitanas que iban de un sitio a otro y las acogían”, cuenta el historiador. “Hay una historia, la de Mariano Rodríguez Vázquez, que nos ayuda a echar por tierra la idea de que los gitanos no se querían inmiscuir en política. Marianet fue secretario general de la CNT durante la Guerra Civil”, pone como ejemplo Buhigas.
La confusión del flamenco
“Me siguen sorprendiendo –prosigue– las lagunas tan grandes que hay. Mucha gente piensa que el hecho de que gitano sea una derivación etimológica de egiptano se explica porque veníamos de Egipto. Y no. El origen tampoco está en Rumanía ni en Hungría, donde vive el subgrupo roma, sino en la India. De allí salieron como prisioneros de guerra y se movieron en forma de diáspora por el mundo”.
Pese a que la historia se remonta a muchos siglos atrás, es de las menos documentadas y eso conduce a percepciones que no son del todo exactas. “Desde fuera a veces se percibe que en España no debemos estar tan mal porque hay cierta interacción e integracionismo por la exaltación del flamenco, pero yo siempre digo que no se ve la otra cara. Los barrios más pobres son periféricos y gitanos. Eso nos debe decir algo”, puntualiza el investigador.
En los últimos años ha habido algunos avances legislativos. Se ha aprobado una ley de igualdad de trato y no discriminación y se modificaron dos artículos del Código Penal, el 22 y el 510, para introducir el antigitanismo como uno de los motivos para considerar que un delito es de odio. También se puso en marcha un teléfono de atención a víctimas de discriminación (021), creado por el Ministerio de Igualdad.
“Las víctimas tienen más conocimiento de sus derechos porque uno de los grandes problemas es la infradenuncia”, valora Giménez, cuya organización lleva 20 años documentando las discriminaciones cotidianas del pueblo gitano. Antes fue diputada de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. “Pese a los avances sigo viendo cómo hay gente que no quiere alquilar su casa a una persona solo por el hecho de ser gitana; o no permiten entrar a un local; o son perseguidas en un centro comercial por la presunción de que van a robar”, cita. “Ojalá esta comisión sea un impulso más para abrir los ojos y permita la reconciliación”, concluye.