A finales de este mes de marzo fue desenterrado un lapicero. No era muy largo, por lo que a simple vista podía deducirse que su dueño había escrito mucho con él. Él, el dueño, murió fusilado en Urbasa (Navarra) en 1936. Se llamaba Balbino García y era el abuelo de la escritora Julia Otxoa quien, al pie de la excavación, recibió de mano del forense Francisco Etxebarria este lapicero. Con la extrañeza de esos mensajes privados que navegan del pasado hacia el presente, sin saber lo que ocurriría trece años después, Otxoa tituló su libro de poemas del año 2000 Al calor de un lápiz.
El equipo de Etxebarria, de la Sociedad Aranzadi, abrió un boquete en la entrada sellada con cemento a la Sima de El Raso. Esperaban encontrar tres cuerpos cuya identidad conocían de antemano pero al hacer una primera inspección de la fosa comprobaron la existencia de seis esqueletos. Al bajar para realizar la exhumación, unos días después, el número se elevó hasta diez. Siete desconocidos más asesinados y arrojados a una profunda sima en un terreno montañoso. Uno de ellos es una mujer, quizá una maestra de escuela desaparecida en aquel mismo tiempo. Junto a los cuerpos, una granada de mano de tipo piña, sin detonar.
Este ha sido el primer desenterramiento de las evidencias de la represión franquista realizado en el año 2013, y uno de las pocos que se harán, debido a la desaparición del cien por cien del presupuesto público para la memoria histórica. Y el desconocimiento de lo que la tierra entierra y la sorpresa de pasar de tres nombres a diez, con siete signos de interrogación en los cuerpos, simboliza en qué punto de ignorancia sobre sí misma vive aún la Historia de la Guerra Civil y el Franquismo respecto al bando derrotado.
La memoria histórica ha desaparecido de la agenda política y mediática, como si se tratara de un tema de consumo pop informativo y ahora estuviéramos en un tema más apasionante: sobrevivir a la crisis. Dicen los expertos, como el antropólogo del Csic Francisco Ferrándiz, que hay dos claves. La primera es que excepto algunos temas permanentes, en general estos tienen ciclos de interés. El pico de este ciclo para la memoria histórica fue la primera década del siglo XXI, con un gran impacto mediático, un ritmo vertiginoso, portadas de periódicos, documentales, radio, medios internacionales... hasta que el tema se saturó en el espacio público como “consecuencia del carácter bulímico de la sociedad del conocimiento”.
Durante aquella etapa de gran festival del memorialismo hubo cuatro momentos sobresalientes: el debate sobre la apertura de la fosa a la que fue arrojado Federico García Lorca, la Ley de Memoria Histórica, el auto de Baltasar Garzón y el Valle de los Caídos. Para que la curva de interés sobre la memoria histórica vuelva a subir tiene que impulsarlo un nuevo pico de interés, que en estos momentos Ferrándiz no puede adivinar de qué se tratará: “puede que en dos años rebote el interés, porque es un ciclo, volverá transformado de otra manera”.
La segunda clave es el efecto crisis. “La crisis ha borrado de la agenda pública no sólo la memoria histórica sino también otros temas, como la reforma laboral o la precarización del empleo, homogeneizando el espacio público” analiza Ferrándiz, que concluye aventurando que, a pesar de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales, “si no hubiera habido crisis se habría podido defender mejor el mantenimiento de las ayudas a la memoria” pero, en estas circunstancias, “el Gobierno ha sido hábil y ha aprovechado la circunstancia del recorte en todas las partidas” para dejar sin presupuesto a las asociaciones memorialistas y de familiares de las víctimas.
De corazón
De corazónSin liderazgo público -la Ley de Memoria Histórica ya inhibió al Estado de conducir la investigación de los hechos no narrados, de los cuerpos abandonados- y sin ayudas, el quebradizo tejido de recuperación de la memoria vive hoy una encrucijada para salir adelante, buscando financiación en fundaciones y universidades privadas fuera de España y planteándose, como recurso incómodo pero posible, el crowdfunding. Una alternativa que no gusta del todo porque, señala tajante Marco González, investigador del Laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y vicepresidente de este colectivo, “una familia de un desaparecido no tiene que gastar ni un euro” en su búsqueda.
En la memoria histórica en tiempos de crisis se exhumará alguna fosa, de esas que los expertos consideran “facilitas”: poco equipo, seguridad en la localización, voluntariado, un fin de semana o tres días durante las vacaciones para realizar la excavación y, sobre las pruebas de ADN para ratificar la identidad, ya se verá si se pueden pagar. En 2013, presumiblemente, se realizará la apertura de la primera fosa a petición de los familiares que tiene lugar en la Comunidad de Madrid, en la población de Arganda del Rey. 74 años después de la caída de la capital en la Guerra Civil.
Tampoco hay planes de intervenir en el Valle de los Caídos. El Informe de la Comisión de Expertos que José Luis Rodríguez Zapatero encargó en el último suspiro de su Gobierno no está sobre la mesa del Gobierno de Rajoy. Diez días después de las elecciones Esteban González Pons ya dijo que el PP no abriría “debates que no existían” en relación a la propuesta de esta Comisión de mover la tumba de Franco a un lugar fuera del Valle de los Caídos ya que de los 33.847 cuerpos que yacen allí, es el único que no murió en la Guerra Civil. Este traslado, así como el propósito de convertir el lugar en un memorial a los muertos de la Guerra, sin ninguna connotación ideológica y política, formaba parte de las 14 recomendaciones de este informe. A pesar de este actitud, Entesa no ha dejado de pedir en el Senado que el Gobierno desarrolle y aplique las recomendaciones.
“El Estado nunca se ha tomado la cuestión de la Memoria Histórica como un problema estatal, sino político” opina la experta en el Valle de los Caídos y la Guerra Civil Queralt Solé. “De haberlo hecho, la forma de afrontarlo habría sido diferente”. La investigación en manos del voluntarismo, la descentralización y descoordinación de los datos que se obtiene, la no creación de un banco de ADN donde cotejar las identidades son algunas de las carencias derivadas de la dejación de responsabilidades por parte del Estado. “Se puede seguir haciendo, y de corazón, pero la rigurosidad puede haberse afectada”, advierte Solé, quien también recuerda que, pese a todo, “esto es imparable”.