Cumplir con la Ley de Memoria Democrática es todavía un asunto pendiente en el Ministerio de Defensa. Después de retirar a Franco del tapiz que coronó la jura de bandera de la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza o renombrar la unidad 'Comandante Franco' de la Legión, el departamento dirigido por Margarita Robles aún tiene tarea por delante para aplicar plenamente la norma que prohíbe exaltar la dictadura y busca reparar a las víctimas. En el aire está la exhumación de los militares franquistas Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo o la de los tres almirantes responsables del bombardeo de La Desbandá del Panteón de la Armada de San Fernando.
Ya tras la entrada en vigor de la primera ley, en 2007, Defensa y el resto de administraciones públicas tuvieron que aplicarse y elaborar un inventario de elementos contrarios a la norma que debían ser retirados. Eran símbolos franquistas presentes en instalaciones de las Fuerzas Armadas o nombres de bases militares que hacían referencia a la dictadura. Algo más de 400 fueron eliminados, pero el barrido no fue total y quedaron cuestiones pendientes que la nueva ley, que entró en vigor en octubre de 2022, obliga a acometer.
Fue a principios de noviembre de ese mismo año cuando Defensa anunció que iniciaba el proceso para exhumar a José Moscardó Ituarte y Jaime Milans del Bosch y Ussia, enterrados en la cripta del Alcázar de Toledo, un edificio sufragado con fondos públicos. Ya en su momento el ministerio aseveró que los trámites tardarían, pero ha pasado casi un año y medio y de momento no ha habido noticias. Hace algunos días que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que se habían dado “pasos” para la exhumación, pero a preguntas de este medio se remite a Defensa, que no las ha respondido.
Los antecedentes golpistas de ambos militares son conocidos: Moscardó se sumó a la sublevación de 1936 declarando el estado de guerra y encerrándose en el Alcázar, convertido en un fortín de los sublevados. Tras lo que ellos llamaron “liberación” del Alcázar tras tomar Toledo, Moscardó fue ascendido y lo ocurrido allí fue convertido en un mito franquista. En el encierro participó también Milans del Bosch, que fue además combatiente de la División Azul y acabaría siendo condenado a 26 años de prisión por el 23F. Su cuerpo llegó al Alcázar en 1997, ya en democracia.
Sin noticias del comité
El hecho de que sea un lugar en el que están enterrados otros muchos militares añade complejidad al asunto y, según aseguraron fuentes conocedoras del proceso en su momento, habría que consultar a las familias. Para todo ello, Defensa creó el 28 de octubre de 2022 un Comité de Seguimiento “para el estudio, la coordinación y la planificación” de las actuaciones a llevar a cabo para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, entre ellas, la exhumación de los golpistas.
Sin embargo, no solo se sabe poco de los pasos que ha dado hasta ahora, sino que un decreto fechado el pasado 27 de febrero con el que se “desarrolla la estructura orgánica” del ministerio dispone la supresión del comité sin que, de momento, el ministerio haya explicado las razones o si sus funciones las va a asumir otro órgano.
Varios partidos políticos como ERC, Bildu, Compromís, Sumar o Podemos y organizaciones memorialistas llevan tiempo reclamando transparencia. “Hay muchas actuaciones pendientes, pero ignoramos cuáles han sido los resultados o hallazgos del comité. No hay forma de saber qué planes tiene el ministerio para ejecutar la ley”, lamenta Manuel Pardo de Donlebún, oficial de la Armada retirado y presidente de la Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD), que fue fundada por un grupo de militares como respuesta al manifiesto lanzado en 2018 por casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas calificando a Franco de “militar ejemplar”.
“Muchos de ellos eran altos cargos, lo que da a entender cómo es la pervivencia de las ideas franquistas en el seno de la jerarquía militar”, esgrime Pardo de Donlebún, que cree que, aunque estas posiciones sean minoritarias, “cualquiera que haya sido militar sabe muy bien el ambiente que se respira en las salas de bandera y en las cámaras de oficiales”. De vez en cuando salen a la luz algunos casos como el chat en el que ex altos mandos del Ejército fantaseaban con golpes de Estado y fusilamientos o el capitán después cesado por Defensa que llevó a su unidad del Ejército de Tierra a recibir una bendición en el Valle de Cuelgamuros.
Para el presidente de la AMMD no es casualidad que al ministerio de Robles le queden aún unos cuantos asuntos pendientes en materia de memoria histórica. “Evidentemente hay relación entre que perviva esta mentalidad en las Fuerzas Armadas y que todos los gobiernos desde que Franco murió hayan sido tibios con este tema. Hubo un pacto implícito entre los militares y el poder político que hace que las Fuerzas Armadas sean uno de los aparatos del estado más opacos. No fueron debidamente disciplinados en la fidelidad democrática”.
Los almirantes de La Desbandá
Sobre la mesa tiene Defensa también la exhumación de Juan Cervera Valderrama y los hermanos Francisco y Salvador Moreno Fernández, los tres almirantes estrechamente vinculados al franquismo y participantes del golpe de Estado de 1936 que fueron enterrados con honores en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz), una instalación de acceso público y propiedad del ministerio. Los tres fueron, además, responsables directos de los bombardeos que sufrieron miles de malagueños tras la toma de la ciudad en 1937 en la conocida como La Desbandá.
Sobre ello ha llamado la atención la AMMD, que ha pedido oficialmente a Defensa la exhumación como paso previo a acudir a los tribunales. “Este panteón fue creado a mediados del siglo XIX para acoger los restos mortales de quienes hubieran dado ejemplo movidos por el honor y el deber, de ninguna forma podemos considerar militares ejemplares a tres almirantes que fueron rebeldes contra su propio gobierno”, explica Pardo de Donlebún. La asociación ha entregado más de mil firmas al ministerio y ha pedido una reunión con Robles, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aseguran que la presencia de estos militares en el panteón, en el que se organizan visitas guiadas, vulnera la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 estén inhumados en un lugar preeminente de acceso público. También considera el departamento dirigido por Torres, que acoge ahora la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que es contraria a la norma la denominación de la 'Bandera Millán Astray' de la Legión, perteneciente al Tercio Alejandro Farnesio, con base en Málaga, y cuyo renombre recaería en Defensa.
Eliminar “toda la simbología”
Eliminar “por completo” la simbología de exaltación de “mandos militares implicados en la sublevación contra la República” de las instalaciones militares es otra de las demandas de la AMMD, que aunque reconoce no contar “en detalle” con cada uno de los vestigios que permanecen, da algunos ejemplos: en Málaga hay una residencia militar que se llama “General Castañón de Mena”, que tuvo un papel destacado en la preparación del levantamiento franquista y fue ministro del Ejército durante la dictadura mientras que en el Regimiento de Artillería de Cartagena se mantiene una placa “con una arenga que formó parte de los discursos de Franco”, según denunció el año pasado el entonces senador de Compromís Carles Mulet.
“Se han dado pasos pero no los suficientes, siguen quedando símbolos que retirar y en pleno siglo XXI no tiene sentido que sea así”, lamenta el diputado de Bildu Jon Iñarritu, que el año pasado realizó un curso del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional en cuya sede, en Madrid, pudo ver “cuadros y salas dedicadas a generales franquistas”. Para Iñarritu es clave también que Defensa tenga “un papel más contundente” contra los militares que protagonizan escándalos como las firmas de manifiestos franquistas. “Se justifica diciendo que son retirados, pero siguen teniendo privilegios como ser invitados a actos o poder ir a residencias en vacaciones”, afirma el diputado.
A lo mismo apuntan desde la AMMD, que entre sus reivindicaciones también reclaman la retirada de las medallas y distinciones militares que en su momento otorgó Franco a quienes participaron en la sublevación del 36 y la posterior dictadura además de llevar a cabo acciones de reparación de los militares que fueron leales a la República. Entre las medidas que demanda la organización, se encuentra su ascenso honorífico a título póstumo, el reconocimiento de las fuerzas encuadradas en el Ejército Popular Republicano y el reconocimiento de la guerrilla antifranquista dentro del organigrama de las Fuerzas Armadas.