El primer caso conocido ocurrió en Cantabria a primeros de septiembre, cuando una madre accedió a la lista de contactos de su hijo y encontró que en el grupo de Whatsapp de su clase del colegio, de cuarto de la ESO, se compartían imágenes y vídeos de violencia explícita. Un menor degollado, una mujer disparada en la cabeza... También había contenidos pedófilos.
Entre las familias del colegio San José, en el municipio de Astillero, se corrió rápido la voz. “Inmediatamente llamé a mi hija y le dije que en ese momento dejara el grupo porque, entre otras cosas, esos contenidos eran delito”, cuenta a elDiario.es una de las madres, que prefiere no identificarse. En los comentarios de los alumnos de la clase había más una sensación de hastío y repugnancia que de repulsa –“¡Qué asco!”, “¡Otra vez!”– pero ninguno había abandonado el chat.
Situaciones similares se han vivido en las últimas semanas en centros escolares de Euskadi, Madrid y Catalunya, cuyas familias han denunciado estos hechos a la policía. Todos los casos se parecen. Alguien crea un grupo de Whatsapp e invita a niños y niñas del entorno escolar de la zona para compartir contenidos inadecuados y en algunos casos delictivos: violencia extrema, porno, pedofilia, machismo, homofobia y fascismo. El objetivo es que el chat sea lo más numeroso posible, con nombres como “meter gente hasta que nos hagamos famosos”, “meter gente hasta llegar al millón”, o “meter a todas las personas de Whatsapp que conozcáis”.
La gran pregunta es quién está detrás de estos grupos. “Descubrir al creador no es difícil, las plataformas lo saben. En los casos que yo he visto suele ser gente que es cercana físicamente, incluso menores del mismo colegio. Lo importante no es tanto saber quién creó el grupo, sino quién difunde el contenido, porque a veces se crea con otra intención y se transforma”, explica Samuel Barro, abogado especializado en Derecho en internet.
Hay mucha confusión en torno a si los chats los crean los propios alumnos o menores de su entorno. En Cantabria, por ejemplo, el chat era el que usaban los niños y niñas de la clase y el difusor de los contenidos, un compañero, según las pesquisas realizadas hasta el momento.
Otras veces el propio centro desvincula a sus alumnos del origen del chat, como pasó en el colegio Aldapeta Maria Ikastetxea de Donostia. La dirección envió una circular a las familias informando de la existencia del grupo pero negando que ningún niño o niña estuviera detrás de él. “Posiblemente no esté organizado por alumnos del colegio, sino por adultos que persiguen otros fines”, advirtió el comunicado, recogido por la Agencia Efe. En algunos casos se había pedido a los menores fotografías íntimas, según el director del colegio.
Dónde ha ocurrido y qué se compartía
En la misma ciudad, hasta 1.000 escolares de nueve centros educativos terminaron en estos chats. La Ertzaintza ha recomendado a las familias que lo comuniquen a su colegio o instituto y a partir de ahí canalizar las denuncias, explicó la directora del centro de Jesuitas de Donostia, Itziar Barrenechea, en Radio Euskadi. Los Mossos d'Esquadra investigan también un chat que se viralizó entre niños catalanes de 12 años llamado Niños de toda España. En él se compartieron, según el Periódico de Catalunya, imágenes porno y de maltrato animal, en las que se ve una mano asfixiando a una gallina. También comentarios racistas como “putos moros”, proclamas de “Viva Franco” o mensajes homófobos, como “tienes cara de homosexual” o “el siguiente comentario es gay”.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha confirmado que la Guardia Civil investiga dos casos en Las Rozas (el IES José García Nieto) y en la capital (cuyo nombre no ha trascendido) de chicos y chicas a los que se metió en grupos con contenido pornográfico sin su consentimiento. El instituto de la periferia madrileña informó a las madres y los padres de la situación con una nota que advertía de la existencia “un chat peligroso tratando de captar alumnos”, según el Mundo. El mecanismo es hacer administradores del grupo a los menores para que metan a otros compañeros.
Pero no en todos los casos el colegio decide contarlo al resto. El centro de Astillero, gestionado por las Hijas de la Caridad, recomendó a las familias “no hacer nada”, e incluso desaconsejó hablar con otros padres y madres apelando a la protección de datos. En tal caso, les dijeron, es mejor denunciar a la Guardia Civil. La recomendación de las autoridades es avisar a un adulto, salirse del grupo guardando los mensajes como prueba y ponerlo en conocimiento del centro escolar y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya sea de manera individual o como colegio. Los casos recogidos por policías municipales, como la de Madrid, están siendo coordinados por la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
“Aceptar que lo pueden crear y compartir es difícil”
“Aceptar que los niños y niñas pueden crear los grupos y consumir ese contenido es difícil para las familias”, señala Marian Blanco, profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos especializada en género y nuevas tecnologías. La experta sostiene que la exposición a la violencia lleva a que se normalicen ciertos contenidos y “para que les llame la atención deben extremarse”, como posible respuesta a por qué a veces los chavales no abandonan los grupos. También opera, para Blanco, otro factor vertebral en la adolescencia: la pertenencia al grupo. “Dentro de la angustia que provoca encajar o no encajar en un grupo, participar en este tipo de chats puede formar parte de algo que es tantas veces buscado”.
A veces en ese camino no son conscientes de que lo que comparten es delito. La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, lo achacó la semana pasada a la “falta de educación sexual y el acceso a la pornografía a edad temprana”: “Hace que cada vez haya más autores menores que no tienen conciencia de estar cometiendo un delito de agresión sexual”. Hay un ejemplo reciente. Los identificados como autores en el caso de Almendralejo, donde se generaron imágenes de niñas desnudas con inteligencia artificial para compartirlas en su entorno, tenían entre 12 y 14 años.
Se cree erróneamente que por usar la vía de internet no se nos aplica ninguna ley y que podemos enviar contenido pornográfico y violento. Nos falta educación a todos para entender las consecuencias legales"
“Los chavales no lo saben porque no lo sabe la sociedad en general”, matiza Barro, que pone como ejemplo el caso de la primera multa a un menor en 2017 por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por subir a Youtube un vídeo de una agresión a otro chico. “Una de las alegaciones de la familia es que no sabía que no podía grabar algo que sucediera en la calle. Se cree erróneamente que por usar la vía de internet no se nos aplica ninguna ley y que podemos enviar contenido pornográfico o violento. Nos falta educación a todos para entender las consecuencias legales”, añade el abogado.
Existe, sostiene Blanco, una separación de mundos: “Lo que es online parece menos grave y se piensa que no tiene impacto en la vida real, cuando esta división es totalmente arbitraria porque se ha demostrado que la violencia online en los entornos sexistas tiene graves efectos en la salud emocional de las personas en la vida real”, asegura la especialista en nuevas tecnologías, que subraya la “banalización” que se percibe en las redes sociales en parte, dice, por la sensación de impunidad que genera estar detrás de un teléfono móvil y no cara a cara.
Lorena González Manzano, profesora de la Universidad Carlos III e investigadora del grupo Computer Security Lab (COSEC), lo corrobora: “Hay estudios que indican que hacemos muchas más cosas a través de un ordenador que en persona”. Entre otras, pone como ejemplo, “dar datos personales alegremente”. “Si alguien te para por la calle y te pregunta dónde vives, lo verías terrorífico, pero si es un peaje para que te regalen un perfume, por ejemplo, aceptas”, prosigue.
Desde el punto de vista técnico, concluye González Manzano, “hay poco que se pueda hacer” más allá de avisar si detectas algo ilícito. A nivel penal, sin embargo, “la casuística puede ser grande”, afirma Barro. Depende del contenido y de la víctima: delitos de humillación, contra la intimidad, pornografía infantil, corrupción de menores... Y recuerda: “El mero contactar con una persona sabiendo que es menor también puede ser delito”.
Con información de Javier Fernández Rubio.