Miles de escuelas infantiles privadas no abrirán en septiembre por la COVID-19: “No hemos aguantado la caída de matrículas”

La escuela Alere Montessori llevaba tres años educando a niños en la etapa preescolar. El proyecto, inspirado en una pedagogía que busca adaptar el entorno de aprendizaje al nivel de desarrollo de cada persona y en la disciplina positiva, constaba de dos aulas con un máximo de siete alumnos cada una. Este pequeño centro privado situado en el barrio madrileño de Hortaleza ya no abrirá sus puertas en septiembre. No han podido aguantar la caída de ingresos desde que tuvieron que cerrar en marzo ni, sobre todo, la falta de matrículas para el curso que empieza debido a la incertidumbre por la pandemia del coronavirus.

Su director ha esperado hasta entrado el verano antes de tomar una decisión, pero su impresión es que los padres están retrasando la formalización de las plazas al máximo, a la espera de ver qué pasa tras las vacaciones y si realmente empiezan las clases, como el Ministerio de Educación insiste en que ocurrirá a partir del 4 de septiembre. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya advirtió de que “si es necesario cerrar colegios concretos o aulas concretas se tendrá que hacer, y si hay que dar un paso más y cerrar los colegios de toda España se valorará, pero tenemos que aprender a convivir con el virus”. Además, el Gobierno de Madrid insinúa que la fecha de inicio de clases se podría retrasar a la espera de mejores condiciones epidemiológicas. Mientras, muchos padres se plantean si enviar a sus pequeños o no a estos centros de educación no obligatoria.

“Las escuelas que tienen gran cantidad de niños pueden recortar, y este año tendrán menos ingresos. Nosotros hemos pasado de no tener apenas beneficios a no tener el mínimo para empezar”, explica a este periódico Antonio Prieto Reyes, profesor y director de Alere, en la que él mismo daba clases junto a otra docente. Ambos se acogieron a un ERTE durante unos meses y el centro no ha contado con ningún ingreso público adicional, aseguran, aunque hay comunidades autónomas y ayuntamientos que dan ayudas para este tipo de centros.

Unas 8.000 personas pueden quedarse sin empleo

El de Alere no es un caso excepcional. Según cálculos de UGT, las consecuencias económicas y sociales de la COVID–19 pueden implicar el cierre definitivo de unas 2.500 escuelas infantiles en toda España , con una media de tres o cuatro trabajadoras –en un 95% son mujeres– por centro, lo que arroja que alrededor de 8.000 personas se pueden quedar sin empleo, explica el responsable de Enseñanza Privada de FeSP-UGT, Jesús Gualix. Su colega de CCOO, Pedro Ocaña, cree que la epidemia ya se ha llevado por delante un 10% de todos los centros infantiles privados (hay 5.300 de 0-3 años en toda España) y que entre un 20 y un 30% están en riesgo de no reabrir. Ya en junio algunos centros decidieron que no podían más, y a ellos se están uniendo otros durante el verano.

Estos modelos de centros privados, de pequeño tamaño, en ocasiones dedicados a pedagogías alternativas, viven momentos difíciles. Según Gualix, ya antes de la epidemia, en el mes de febrero, venían cerrando una media de dos escuelas infantiles por semana debido a factores como la caída de natalidad. Pero el parón de meses obligado por el coronavirus, unido a que muchos padres han empezado a teletrabajar o han entrado en un ERTE, ha provocado que o bien se ocupen directamente de los niños en casa o que busquen una escuela infantil pública o pública de gestión indirecta, de mayor tamaño. Este tipo de centros son municipales, autonómicos o de las diputaciones, y en el segundo caso su gestión se ha privatizado.

El dilema de los padres

Además de la cuestión económica, para los progenitores pesa también el miedo y la incertidumbre sobre los posibles contagios en estos centros. “Debe mantenerse una distancia social, cosa casi imposible con niños tan pequeños, limpieza, protocolos... eso provoca que las dificultades sean mayores”, afirma el responsable de CCOO.

El asunto de los protocolos de limpieza lo van a resolver en la escuela infantil Okapi con mudas limpias para cada niño, distintas a la ropa de calle y mucho lavado de manos, explica Ariel Cannizzo, su director. En su caso han podido sobrevivir gracias a que la propietaria del local les condonó tres meses de alquiler, explica. De las 14 matrículas que tenían este curso han bajado a diez. “Tres de los niños se han ido a la pública al entrar en ERTE sus padres, y con otro su madre ha decidido dejarle en casa porque no sabe cuándo volverá a trabajar”.

Emma es una de esas madres que se debate entre las necesidades de socialización de su hija, las suyas propias de conciliación, y los riesgos que puede suponer que la pequeña de 18 meses acuda a la escuela infantil. “Me pregunto cuál es la solución menos mala. ¿Quiero que mi hija participe en lo que en realidad es un experimento epidemiológico que no sabemos qué consecuencias puede tener? En el caso de contagio, ¿superaríamos la enfermedad, como parece previsible, o tendríamos complicaciones? ¿Qué otra opción me queda si teletrabajo a jornada completa y ya he decidido proteger a mis padres, que son grupo de riesgo? Desde el inicio de la pandemia solo los he visto en una ocasión; al aire libre y con mascarillas”, explica. 

Sus preguntas son las de muchos otros progenitores, y su estrategia, de momento, es retrasar el máximo la decisión para tener algo más de información. Aunque el dilema no desaparece: “No quiero exponerla a un riesgo; no quiero exponerme o exponer al resto de mi familia a un riesgo; y al mismo tiempo quiero que mi hija pueda socializar, ser feliz, jugar en un patio con otros niños y tener una vida normal en la medida de lo posible”, lamenta Emma.

En el contexto de inquietud por el desarrollo de la pandemia, los padres están dejando las matriculaciones para última hora, explica Ainhoa Limón, que es madre de día. Se trata de educadoras profesionales que ofrecen su propio hogar, adecuadamente equipado, para grupos de un máximo de cuatro niños. Su proyecto se llama “Casita en amores” y está en Vallecas. Hasta hace una semana solo tenía un niño matriculado, pero en los últimos días se han apuntado otros dos. “Llevo desde el mes de marzo sin ingresos, generando deuda y con mucha incertidumbre, porque no sabía si se iban a apuntar familias el año que viene”, asegura.

Cree que ahora las madres de día son una figura más buscada por el bajo número de niños que conviven, frente a los alrededor de 20 por clase en una escuela pública infantil. “De momento veo septiembre como esperanzador, luego ya veremos si vienen las cuarentenas”, remarca.

Problemas estructurales

Estos centros suelen tener carencias estructurales de financiación, como señala el secretario de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO. Cuando cerraron, la inmensa mayoría de las familias dejaron de aportar sus cuotas, y casi todos se han acogido a ERTES para poder sobrevivir. Por eso, para este curso Ainhoa Limón ha pactado con las familias en que si un mes hay 15 días de aislamiento, se paga la cuota completa y en caso de confinamiento durante meses, deben abonar una parte, para que el proyecto sea sostenible. “Si no, no podemos abrir, no nos puede pasar como el año pasado. Yo a ellos a cambio les aseguro continuidad”. Los padres de uno de los niños que irán el año que viene con Ainhoa se han quedado sin escuela infantil porque ha tenido que cerrar por falta de recursos.

Es también el caso de Kucua, en el barrio madrileño de Arganzuela, un proyecto de crianza compartida que surgió de un grupo de familias que buscaba “un lugar respetuoso para sus hijos”. “La incertidumbre creada por la pandemia no nos ha permitido hacer el relevo de las personas que marchaban por cumplir ya 3 años y, por tanto, no podemos continuar”, explican en un correo electrónico en el que tratan de animar a que alguien dé continuidad al proyecto “conscientes de lo que cuesta levantar un espacio de estas características”.

“Necesitamos una mesa sectorial de educación infantil para tratar todas estas cuestiones. La situación es muy delicada aunque la prórroga de los ERTES por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre haya sido un balón de oxígeno, ya teníamos llamadas de centros que iban a pasar a ERE”, comenta el representante de CCOO. A su juicio, en sectores como el de la educación infantil, esta medida del Gobierno para intentar mantener los empleos con el pago público de parte de los salarios debería mantenerse. “Está por ver cómo reaccionan las familias y si llevan a sus hijos en septiembre o les dejan en casa”, añade Ocaña, que ve “un riesgo real de más cierres”.