Esperanza, Begoña y Esther son profesoras en Colmenarejo, un pueblo de Madrid. “El año pasado perdimos dos profesores y este año perderemos otro por los recortes y nos van a eliminar un aula, aunque no tenemos problemas de matrícula, al contrario”, cuentan en corrillo, vestidas con la camiseta de la marea verde. Cada una acumula varias huelgas con la consiguiente disminución en el salario, pero eso no las desanima. “Hay que seguir”, sentencian. Las tres han participado en la manifestación que ha recorrido hoy el centro de Madrid y que ha sido convocada por la Plataforma por la Escuela Pública, que reúne a padres, profesores y alumnos. Los convocantes han cifrado en miles de personas el número de asistentes a la protesta. Muchas familias completas, profesores que también son padres, universitarios... “Es la primera vez que nos convocan a todos juntos, y eso se nota, tenemos que estar unidos, porque lo único que pretende el Gobierno es separarnos”, señala José Luis, profesor de un instituto de Getafe. “Quieren burros, no un pueblo culto”, añade Marta, una estudiante de 18 años que aún no sabe si podrá ir a la universidad por falta de recursos económicos.
La marcha ha discurrido en un ambiente tranquilo, pero con la indignación presente en gritos y carteles. Uno de los puntos álgidos se ha vivido a las puertas del Ministerio de Educación, en la calle Alcalá, donde los manifestantes han sacado sus silbatos para pedir a gritos la dimisión del ministro, José Ignacio Wert.
La protesta ha sido grabada por las cámaras de los antidisturbios, que, ante las quejas de los manifestantes, han pedido identificaciones. “Vivimos en un estado policial”, se queja la familia formada por Sebastián, Belinda, Miguel y Marta. Llevan una bandera republicana y muchas ganas de gritar. “Los recortes en educación nos afectan a todos. Hemos ido a todas las marchas educativas, y cada vez hay más peligro de ganar una multa por parte de la policía”, alerta Sebastián, el padre.
Isidra, otra madre, viene del barrio de Hortaleza y se suma a la marcha con su hija, que estudia Primaria en un colegio público. “En el colegio de la niña no hay dinero para excursiones, ni apenas becas de comedor, todos son dificultades”, señala esta mujer.
La manifestación ha terminado a los pies de un escenario con los discursos de los convocantes. La petición de dimisión de Wert se ha llevado la mayor parte de los aplausos.
Los sindicatos calculan que un 72% del profesorado ha ido a la huelga hoy, una cifra que califican de “éxito rotundo”, mientras que entre los estudiantes el porcentaje se eleva al 90%, de acuerdo con la información brindada por el Sindicato de Estudiantes. El ministerio de Educación, por su parte, cifra el seguimiento en un 20% según los datos que ha podido recabar hasta el momento.
La marea verde ha vaciado las aulas y llenado las calles en toda España, aunque de forma desigual, contra la reforma educativa que impulsa el ministro José Ignacio Wert y contra los recortes que ya han significado, según un estudio sindical, la eliminación de unos 60.000 docentes del sistema educativo desde 2009. La jornada de paro ha afectado a los centros de Educación Infantil, colegios de Primaria y Secundaria, institutos y universidades, además de los centros de enseñanzas especiales.
Las movilizaciones, previstas en más de 30 ciudades, han comenzado a mediodía.
Las marchas han transcurrido en general sin incidentes, aunque se han registrado problemas puntuales en Valencia, Jaén y Valladolid con el resultado de al menos seis personas detenidas.
“La respuesta está siendo especialmente importante en el Principado de Asturias y en provincias como Guadalajara, Tarragona y Sevilla”, ha asegurado el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado. De hecho, la Junta de Andalucía ha calificado el seguimiento de “generalizado” en las universidades.
La polémica reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert, que podría ser aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, ha recibido el rechazo casi unánime de la comunidad educativa. Entre los puntos más polémicos de la ley están la nueva organización de los contenidos del currículo, la supresión de Educación para la Ciudadanía y la referencia que hace al uso de lenguas cooficiales como vehiculares en la enseñanza. Además, los profesores sostienen que las modificaciones propuestas podrían acabar con la designación “a dedo” del personal docente. Las reválidas o exámenes externos para los alumnos de los distintos niveles, que piensan hacerse públicos para “mejorar la capacidad de elección de los padres” y facilitar la competencia entre centros llevará, según los convocantes, a convertir a los centros de lugares menos favorecidos económicamente “en verdaderos guetos educativos”.