Un millón de niños y niñas se quedan sin beca de comedor: “Si me tengo que gastar 120 euros no llego a final de mes”

A Isabel se le vino el mundo encima hace unos días cuando la directora del colegio de su hija, en Murcia capital, le comunicó que le habían denegado la beca del comedor que le venían dando año tras año, desde hace cinco. Isabel es madre soltera. “Estoy sola, y con 756 euros al mes tengo que afrontar los gastos del alquiler, la luz y el agua, que suelen rondar los 530 euros; lo que nos queda tenemos que administrarlo para comer y los pequeños gastos que vayan surgiendo”. Su hija, de 11 años, es su “prioridad”: “Lo poco que tengo es para ella, y es esencial que pueda hacer esa comida caliente diaria”.

Murcia está a la cola en la cobertura de ayudas para comedor escolar. Según el último informe de Save The Children, el curso pasado solo un 2,12% del alumnado accedió a ellas a pesar de ser una de las comunidades con una mayor tasa de pobreza infantil.

Isabel es un caso entre un millón, pero en el sentido inverso al habitual. Su hija es una más entre el millón de menores que se va a quedar, otro año, sin beca para el comedor, según la ONG Educo. Muchos de ellos, cumpliendo con los requisitos para recibirla. “Teniendo en cuenta que en España casi uno de cada tres menores de 18 años vive en riesgo de pobreza y que solo el 11% reciben apoyo económico para el comedor, hay alrededor de un millón de niños y niñas que no pueden acceder a él”, sostiene la organización.

A nivel general, la cuestión toca lo alimenticio, pero también lo educativo. “El comedor escolar garantizar una comida completa y nutritiva” a los niños, explica la ONG. “Pero no solo eso. Además, aprenden hábitos nutricionales y sociales, juegan, se relacionan con sus compañeros y compañeras, gestionan conflictos o administran su tiempo libre. Por todo ello, desde Educo consideramos que el comedor escolar y el espacio del mediodía forman parte del derecho a la educación de la infancia”, añaden. Un derecho que retrocede en algunas comunidades: el gobierno extremeño del PP y Vox ha eliminado esta misma semana el servicio de comedor gratuito y universal que tenía la región. Ante la polémica que originó esta medida, el partido ultra se intentó desmarcar este jueves de esta decisión, y votó junto a la izquierda una iniciativa en la asamblea regional para revisar los umbrales de becas, el impulso de los bancos de libros y el refuerzo de los comedores en los centros educativos.

A nivel particular, para algunas familias vulnerables el comedor de la escuela es la única garantía de que sus pequeños comerán caliente ese día. “No tener la beca es un vacío, tenerla me ha permitido utilizar los recursos que tenemos para otras cosas necesarias para los niños”, cuenta Gabriela María, que ha podido disfrutar de una ayuda los años anteriores en Madrid pero este, de momento, se ha quedado fuera. “Necesitábamos saciar la necesidad de que los niños comieran, porque no estaban teniendo una buena alimentación y en ese momento solo trabajaba mi marido. No podíamos acceder al precio. A partir de octubre son 120 euros al mes; si me tengo que gastar ese dinero, no creo que pueda llegar a fin de mes”.

Derecho subjetivo o concurrencia competitiva

Educo lamenta que las comunidades autónomas gestionan el asunto de distinta manera. “Muchos de los sistemas actuales implementados en las comunidades autónomas se rigen por concurrencia competitiva, donde se otorgan becas según la situación de la infancia y hasta el límite presupuestario fijado (Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias). Así, muchos niños, niñas y adolescentes no reciben ayudas aun cumpliendo los requisitos”, exponen.

El resto considera las ayudas un derecho subjetivo, lo que quiere decir que si una familia cumple determinados requisitos recibirá la beca, aunque imponen diferentes umbrales de renta o no cubren todo el coste del comedor, generando situaciones dispares.

Un ejemplo práctico de esto: “Una familia formada por dos personas adultas y dos hijos o hijas –propone Educo como situación tipo– en la Comunidad de Madrid tiene que ingresar menos de 12.000 euros anuales para optar al 80% de la beca comedor, pero en Catalunya la misma familia ingresando menos de 14.321 euros podría recibir el 100% de la beca. En el caso de Extremadura, la beca completa se puede solicitar con unos ingresos inferiores a 15.329 euros y en Galicia, con menos de 28.000. En Castilla-La Mancha la renta máxima para pedirla son 6.717 euros, mientras que en Castilla y León son 15.039 euros”.

Además, explica la ONG, hay cinco comunidades –Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra– que no dan nunca el 100% de la beca, y en tres —Canarias, Catalunya y la Comunitat Valenciana— el 100% está condicionado a otros requisitos, como que exista una valoración por parte de los servicios sociales.

Sin trabajo y sin beca

Con todas estas casuísticas, las familias que se quedan fuera viviendo o rozando la pobreza se acumulan. En Castilla-La Mancha, la primera barrera es una de las condiciones que pone el Gobierno regional: las peticiones de ayudas solo pueden realizarse de forma telemática, lo que provoca que muchas familias sin recursos ni conocimientos para ello se queden fuera de la convocatoria. Tampoco ayuda que para pedir las ayudas se baremen los ingresos de hasta dos años antes de la convocatoria, lo que provoca situaciones extrañas.

Le ha pasado, por ejemplo, a una familia de Villamalea (Albacete) con tres hijos menores que prefiere no dar su nombre. Solicitaron la ayuda para la compra de libros de texto y comedor escolar del curso escolar 2023-2024 pero les denegaron la ayuda por contabilizar los ingresos de 2021. La cuestión, para esta familia albaceteña, es que ese año el padre de los menores tenía trabajo e ingresos. Actualmente, no. Por tanto, necesitan unos 1.000 euros solo para el material escolar, incluido el exigido en Educación Infantil, etapa que no está incluida en las ayudas por no ser obligatoria.

En la Comunidad de Madrid la semana también ha sido agitada, con rectificación del Ejecutivo regional de por medio. La FAPA Giner de los Ríos denunció el martes la “desidia” del Gobierno regional para resolver la convocatoria de becas pese a que el curso ya está empezado y “muchos menores dependen de la comida del centro educativo como la única que completan al día”, explicaba la asociación de AMPAs.

Y eso las afortunadas que la habían pedido y podían confiar en que les tocara. Algunas directamente no solicitan las ayudas porque estas no cubren la totalidad del coste del comedor (que ha subido este año) y hay padres y madres que no pueden pagar ni esa parte: “Esto supone que hay familias que directamente no solicitan esa beca por no poder asumir ese precio; otras dependen de las administraciones locales que, a través de sus servicios sociales, valoren la posibilidad de asumir el gasto, y otros miles de niños y niñas ni siquiera existen a ojos de la consejería de Educación, ya que el umbral fijado para su acceso se ha establecido por debajo del umbral de la pobreza”, denunciaba la FAPA.

Las protestas de las familias y sindicatos provocaron una reacción en el Ejecutivo, que anunció que adelantarían el dinero a las beneficiarias de las ayudas, aunque este adelanto, explica CCOO, no implica la concesión de la ayuda. Si las familias no pueden acreditar la situación de exclusión deberán pagar el comedor.

En Murcia, Mary gana demasiado para una beca. Ingresa 1.180 euros al mes, que deberían ser menos de 787,46 para permitirle optar a una ayuda. “Tengo tres hijos de 13, 7 y 4 años, todos en el colegio; otros cursos sí que me han dado la beca pero este me la han denegado, y me complica mucho las cosas porque estoy sola con mis hijos y trabajo a las horas en las que ellos están en el cole”, explica. Cuando se le recuerda que excede los ingresos replica: “Ya me dirás cómo lo hago, tengo que pagar el alquiler que son 350 euros, más la luz y el agua, y todos los demás gastos que tiene una familia con tres niños; es muy difícil”.

¿Un derecho?

ONGs y familias pelean porque las becas de comedor se reconozcan como un derecho subjetivo, lo que implicaría que todas las familias que cumplieran determinadas condiciones la recibirían sin más burocracia (ya sucede en muchas comunidades autónomas). También que se establezcan los mismos requisitos en todas las autonomías. Educo propone utilizar la misma definición de pobreza, en concreto en base a los umbrales que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La FAPA Giner de los Ríos recuerda que El Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea, aprobado por el Gobierno en 2022, recoge siguiendo los postulados de la UE que “los comedores escolares son esenciales para adquirir estilos de vida saludables y garantizar una alimentación saludable y equilibrada tanto durante el curso lectivo, como en los períodos vacacionales”. Las familias madrileñas están evaluando si denuncian la actuación del Gobierno regional ante la Fiscalía de Menores “para determinar la existencia de un posible delito contra los derechos de los menores”.