Los recortes en sanidad y educación ocupan muchos titulares, pero el recorte de los servicios sociales pasa más desapercibido, lamenta Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. “A los trabajadores sociales no nos están escuchando y somos testigos directos de cómo está afectando la crisis”, expone. Y alerta de lo que se avecina, del “desmantelamiento de los servicios sociales” que resultará “del ahorro de unos 4.000 millones de euros en estas partidas”.
“La reforma local incluye muchos aspectos, como el sueldo de los alcaldes, pero que contiene cambios sustanciales en el modelo de los servicios sociales”, apunta. El Gobierno aprobó en diciembre la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, con la que asumen un ahorro para las arcas públicas de 8.000 millones. “De estos más de 3.400 aparecen detallados como servicios sociales, a los que hay que sumar otras partidas que también nos afectarán”, explica la presidenta del Consejo.
Al lado de Ana Lima, Cristina Martins, presidenta de la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS) en Europa y Rory Truell, secretario general de la FITS Mundial, han apoyado en un acto a los profesionales españoles en su lucha por visibilizar los efectos de las políticas de austeridad para la asistencia social “en el momento en el que es más necesaria, una crisis económica”.
El Consejo General del Trabajo Social presentó el pasado octubre el primer informe ISSE, sobre los Servicios Sociales en España, en el que se cifró en un 74% el aumento de la demanda de atención en el último año. El estudio destaca que “la mitad de estos nuevos usuarios petenecen a la clase media”. “Personas que ni siquiera sabían dónde estaban los servicios sociales”, abunda Lima.
De cara a las elecciones europeas del 25 de mayo, los profesionales piden a los diputados que resulten electos el abandono de “decisiones basadas en los intereses del mercado. Hay otra forma de hacer las cosas”, añade Lima. Rory Truell hace un llamamiento a la inversión económica. “La base fundamental para una economía fuerte es una comunidad fuerte”, apunta.
Los costes de la austeridad
Los ponentes destacan el incremento en los índices de pobreza en el continente. En los últimos cinco años los niveles de pobreza han alcanzado a 10 millones de personas más, hasta llegar a los 124 millones, apuntan desde la Federación Internacional. En este sentido, España ocupa los primeros puestos de las clasificaciones internacionales: el país está entre los diez primeros con una mayor tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social, y es el tercero con mayor índice de personas en situación de pobreza después de haber recibido las transferencias sociales, según los datos de Eurostat de 2012.
La alta tasa de paro, otro de los rankings europeos que encabeza España (sólo por detrás de Grecia), es uno de los mayores dramas de las familias. “Hay gente que acude porque no puede dar de comer a sus hijos o pagar la hipoteca porque no tiene trabajo, pero también se da un fenómeno nuevo de gente empleada pero que está en situaciones de problemas y exclusión”, dice Lima. Según la presidenta de Consejo, España es el país con un mayor nivel de subempleo, con un 9,2%, “de personas que están trabajando a jornada parcial, pero no porque quieren sino porque no les queda otra opción”.
Entre las consecuencias de la austeridad presupuestaria, los trabajadores sociales destacan el aumento de la violencia. “En un momento en el que hay tan pocos recursos, hay un ambiente de crispación y de lucha por los escasos presupuestos”, expone Lima. La violencia plasmada en los suicidios ha aumentando entre la población mayor de 45 años, indica Rory Truell.
La culpabilización del usuario de los recursos sociales es otra de las denuncias. “Se transmite un mensaje de que los beneficiarios abusan de las ayudas y estas ¡acaban retirándose! No creo que porque algunas personas defrauden a Hacienda se supriman las políticas tributarias”, condena Lima.
Un modelo de beneficencia
La reducción de los presupuestos del Estado, la reforma de la Administración local y el aumento de los contratos con el Tercer Sector, compuestos por ONG y otras organizaciones cívicas, son “un cambio de modelo”, según Ana Lima. “Con toda nuestra consideración al trabajo de las ONG, su labor debe ser complementaria. La atención social es responsabilidad del Estado”, añade.
La reforma legal en las competencias de los municipios preocupa especialmente al Consejo. “Los políticos no dicen nada porque temen represalias en las elecciones de 2015. Hemos invitado al presidente de la Federación Española de Municipios a las jornadas que celebraremos en junio al respecto y ni siquiera nos ha contestado”, dice Lima.
En su opinión, la delegación de servicios al Tercer Sector es un “caramelo envenenado”: “Por un lado recortan los servicios estatales y, por otro, aportan presupuesto a las ONG. Cuando aleguen falta de presupuesto, no concederán subvenciones, y ya habrán acabado con el sistema de servicios sociales”.
La vía abierta a la privatización de la reforma local también asusta al Consejo. “La pobreza y otras materias sociales no llaman la atención de las empresas privadas, así que la atención para las personas sin recursos quedará a disposición de la beneficencia”, lamenta Lima. Por eso, el Consejo reclama una ley marco de servicios sociales, que “establezca un mínimo de atención que no puedan negar las Comunidades Autónomas”.