La minera Berkeley, al frente del proyecto de mina de uranio de Retortillo (Salamanca), reconoce que le queda dinero para funcionar 12 meses. Hasta junio de 2019, según el prospecto que acaba de publicar para salir este jueves a bolsa. Al mismo tiempo, admite que no espera empezar a operar hasta 2020.
Al proyecto le faltan todavía algunos permisos indispensables para completar el complejo minero que permitiría explotar comercialmente el uranio. Berkeley dice que esto ha hecho que tuviera que echar mano de sus recursos económicos para hacer frente a sus gastos y no haya podido completar las infraestructuras. Por eso busca “financiación alternativa”. Un portavoz de la compañía ha asegurado que el proyecto se “encuentra totalmente financiada por todo el trabajo que se está llevando a cabo en la actualidad. El año pasado, se firmó un acuerdo de hasta 120 millones de dólares con el fondo soberano de inversión de Oman”.
El caso es que todavía están pendientes una licencia de urbanismo y la autorización de construcción y operación del Ministerio de Industria para la planta de concentrados de uranio. Esta última obliga, además, a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). De hecho, la solicitud de Berkeley al Ejecutivo está paralizada hasta que el CSN emita su dictamen, como reconoció el Ministerio el 23 de marzo de 2017 (la paralización real fue en enero de ese año) y ha tenido que recoger el informe de la empresa. Puede demorarse “hasta dos años”, reconoció el Gobierno.
Contrasta con el calendario expuesto todavía por Berkeley en marzo de 2017, que aseguraba que la producción arrancaría a finales de 2018 cuando ya estaba paralizada la autorización dependiente del CSN. Y señalaba que en ese momento habría “un gran número de compañías productoras de energía en busca de nuevos suministros y deberán competir con la demanda de los nuevos reactores chinos”.
Ahora, la empresa acepta que “el calendario de estas autorizaciones es incierto y fuera del control de la compañía” por lo que se lleva sus previsiones hasta 2020. Lógicamente, sin esas licencias, el proyecto entraría “en grave riesgo material”, tiene que incluir Berkeley en la información para potenciales inversores.
Mientras, la compañía, que sí tenía bajo el brazo una declaración de impacto ambiental positiva de la Junta de Castilla y León, comenzó a realizar obras: ha talado cientos de encinas centenarias, construido viales y excavado una gran balsa. Del plan original que mereció el visto bueno ambiental a lo que se ve ahora en Salamanca hay diferencias suficientes como para que el Procurador del Común haya solicitado que se rehaga el estudio de impacto para evaluar el proyecto real.
La mina está situada en una zona catalogada de interés medioambiental y abriría áreas de la red Natura 2000 de protección (la minería no está prohibida de entrada en estas zonas aunque sí condicionada). Los grupos ecologistas opuestos explican que los encinares salmantinos son áreas importantes para especies en peligro como la cigüeña negra.
Además, los planes de la compañía prevén que el transporte de material cruce el curso del río Yeltes (y aprovechar sus aguas). El río está incluido en sendos programas de protección ambiental financiados por la Unión Europea y que suman más de cinco millones de euros. A modo símbolo, en esas aguas vive la sarda salmantina, un extraño pez fluvial que solo habita en esta parte del mundo.
Así que Berkeley se estrena este 7 de junio en el Mercado Continuo español. Ahora se ha conocido que “debido al retraso de los permisos finales la compañía ha tenido que hacer frente las necesidades de gasto para funcionar”. Por eso, añade, “se ha reducido la cantidad [de dinero] disponible para completar la construcción”, de las instalaciones para operar en la mina. Esta situación se mantendrá mientras esas licencias estén pendientes –o llegue una inyección de dinero–.
Fondo de Omán y juicios pendientes
Además, Berkeley da más detalles de sus necesidades económicas. Para completar su “capital inicial” espera que el Fondo Soberano de Omán ejecute “pronto” sus opciones sobre el proyecto para disponer finalmente de ese dinero.
El prospecto bursátil recopila los frentes judiciales que la mina de uranio tiene todavía abiertos. Lejos de la normalidad que ha aducido, por ejemplo, el director general de Berkeley, Paul Atherley, aun están pendientes las reclamaciones administrativas de la autorización de “uso excepcional del suelo” que también ha llegado a los tribunales. De igual forma está pendiente la resolución en la vía contenciosa de la demanda contra la primera autorización de Industria. “Actualmente son totalmente válidas, aplicables y no se han suspendido”, aclara el informe, ya que no hay decisión sobre ellas.