Sanidad, la Comunidad de Madrid y Farmaindustria rehúsan investigar los pagos irregulares de Pfizer a médicos
Ni el Ministerio de Sanidad ni la Comunidad de Madrid ni Farmaindustria, la patronal que agrupa a las grandes empresas farmacéuticas con capacidad para sancionarlas si incumplen el código de buenas prácticas, han investigado los pagos irregulares de Pfizer a médicos y gestores del sistema público de salud que desencadenaron el pasado noviembre una treintena de despidos en la división española de la multinacional.
A pesar de que las malas praxis que la multinacional ha admitido a eldiario.es chocan con la Ley del medicamento -que prohíbe cualquier pago o regalo de los laboratorios al personal sanitario- ninguna administración pública se ha interesado por el asunto.
Ni el Ministerio de Sanidad ni la Seguridad Social, partes implicadas de la historia puesto que los tratamientos ahora en duda se financiaban con dinero público, han sido avisados por Pfizer, aunque, según las fuentes médicas consultadas, el medicamento Enbrel (objeto de la polémica y cuya patente iba a caducar) venía costando cada año a las arcas públicas alrededor de unos 5.000 euros por paciente.
Nadie en el Gobierno central ni en la Comunidad de Madrid (donde está la sede española de la multinacional) tiene pistas sobre cuáles fueron las prácticas que empujaron a Pfizer a poner en marcha semejante purga. No hay noticias sobre los médicos o gestores hospitalarios involucrados. El montante de los supuestos pagos también es un misterio.
“Competencia de las autonomías”
Un portavoz oficial del Ministerio de Sanidad ha explicado a eldiario.es que las competencias para investigar malas praxis relacionadas con médicos “corresponden a los gobiernos regionales”.
En la denuncia interna que precipitó la crisis de Pfizer aparecen involucrados delegados comerciales y médicos y gestores hospitalarios de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Andalucía. La Comunidad de Madrid respondió ayer a través del gabinete de Comunicación de la Consejería de Salud que no hay prevista ninguna investigación: “La Consejería se planteará estudiar el caso si hay algún dato concreto”.
Los presuntos pagos irregulares que Pfizer ha reconocido chocan con la Ley de Garantías de uso racional de medicamentos de 2006, que en su artículo 4.6 prohíbe “el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos”.
El código de Farmaindustria también estipula que las farmacéuticas no pueden ofrecer regalos o prebendas al personal sanitario que superen los 10 euros (60, si se trata de material formativo, ya sean libros o material multimedia). La patronal, que agrupa a 182 laboratorios, para los que rige su código de autorregulación establece sanciones de hasta 360.000 euros para las conductas muy graves. A su normativa se han adherido además de sus socios otras 24 farmacéuticas españolas y extranjeras.
Pero tampoco en Farmaindustria hay abierto ningún expediente sobre Pfizer, una de las multinacionales con más peso en la industria mundial. El departamento de Comunicación de Farmaindustria asegura no tener constancia de prácticas prohibidas en Pfizer.
Cuando saltaron las primeras noticias el pasado noviembre sobre los despidos por prácticas no toleradas con médicos, explica un portavoz oficial, Farmaindustria se puso en contacto con Pfizer para interesarse por esas informaciones. “Pfizer respondió entonces a Farmaindustria que los despidos obedecían a una reestructuración interna que tiene carácter confidencial. La unidad de supervisión de Pfizer no intervino porque no había pruebas. Lo haría si un tercero formulase alguna denuncia en contradicción con la tesis de Pfizer”, asegura el portavoz oficial de la patronal.
Reestructuración interna y confidencial
Según se deriva del testimonio de Farmaindustria, Pfizer ni siquiera negó entonces que las malas praxis estuviesen detrás de las salidas de su personal, simplemente alegó que la reorganización era “interna y confidencial”. Farmaindustria no preguntó más y su unidad autónoma que fiscaliza posibles incumplimientos de los laboratorios tampoco inició una investigación de oficio porque no vio otros indicios “ni denuncias de terceros” sobre conductas dudosas que las citadas informaciones. Ni siquiera después de que Pfizer haya admitido la vulneración de sus códigos internos, esa situación ha cambiado.
La patronal de los laboratorios defiende que se ha mostrado contundente cada vez que ha encontrado actitudes poco éticas en sus socios. Revela que en los últimos años ha iniciado 277 procedimientos por vulneración de su normativa. 107 los ha iniciado la Unidad de Supervisión Deontológica. De ellos, 60 acabaron en sanciones, cuyo importe osciló entre los 6.000 y los 120.000 euros. Fruto de sus investigaciones, además Farmaindustria ha alcanzado acuerdos con 11 empresas denunciadas que pagaron multas de entre 6.000 y 240.000 euros.
Te necesitamos para hacer un periodismo independiente.
