El Ministerio de Juventud pide a la Fiscalía que actúe con urgencia para evitar que el hijo de Juana Rivas vuelva a Italia

El Gobierno quiere evitar que el hijo de Juana Rivas se vaya a Italia con su padre, tal y como exige la justicia transalpina. El Ministerio de Juventud e Infancia se ha sumado este martes a la petición de Rivas y ha solicitado a la Fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Menores, Teresa Gisbert, que escuche al hijo pequeño de la mujer y que lo haga con urgencia, dado que el menor –de 10 años y que ha expresado su deseo de no volver con su progenitor, Francesco Arcuri, acusado de malos tratos– debe volver a Italia este miércoles si no se adopta ninguna decisión en el sentido contrario.

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han explicado a Europa Presss que un órgano judicial en España, o la propia Fiscalía, debe escuchar al menor con “urgencia” y asegurar la protección de los derechos reconocidos que le otorga la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por España.

Según interpretan desde Juventud e Infancia, el regreso del pequeño, si llega a producirse, “podría suponer una clara vulneración de los derechos fundamentales de las personas menores de edad al no atender al interés superior del menor”.

El Gobierno se suma así a la petición que Rivas ha realizado este martes a la Fiscalía de Granada, después de que el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Granada haya decidido este martes inhibirse del caso y remitirlo al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de esa ciudad. Pero la magistrada titular que debe pronunciarse se encuentra de vacaciones, y la suplente ha informado que no puede tomar ninguna medida hasta recibir y examinar el expediente remitido.

Pero a Rivas y su hijo Daniel se les acaba el tiempo. La Justicia italiana ha rechazado un recurso de Rivas para que su hijo no tuviera que volver a Italia tras las navidades por el miedo que le tiene a su padre, y espera que el menor retorne este mismo miércoles. El tribunal de Cagliari no ha considerado que la denuncia por mensajes intimidatorios y amenazas contra niño y madre adjuntos al recurso sean motivo para cambiar su decisión.