Celaá desmiente a la escuela concertada en su propio Congreso: “La Constitución no ampara la libre elección de centro”
La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, acudió este jueves a inaugurar el 15º congreso de la organización Escuelas Católicas, principal patronal de la enseñanza concertada de corte religioso. Llevaba diez minutos la ministra leyendo sus papeles sin haber dicho nada especialmente remarcable, cuando soltó, ante la estupefacción general: “De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución”.
La frase ha ido directa a la línea de flotación del argumentario de la escuela concertada, que defiende que la Carta Magna “recoge el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos”. El murmullo que recorrió la sala obligó a Celaá a elevar la voz para continuar y matizar su expresión anterior.
“No quiere decir que no haya libertad –intentó tranquilizar a la audiencia, compuesta por directivos y profesores de la escuela concertada católica– sino que no está dentro del artículo 27”, explicó ya sin leer sus apuntes y poniendo una cara de incredulidad que expresaba algo parecido a “esto es muy obvio”. Y por si no quedaba claro, añadió: “Esos hechos (elegir centro) formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres-madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27”. Las caras de asombro y reprobación se multiplicaron en la sala.
“Ha sido una sorpresa”
A Escuelas Católicas no le ha hecho ninguna gracia el discurso de la ministra. “Ha sido una sorpresa, no esperábamos estas declaraciones en un acto como este, delante de 2.000 congresistas”, admite Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. “La visión que tiene el PSOE sobre la libertad de enseñanza, limitada exclusivamente a la libertad de cátedra o de creación de centro, no es acorde al artículo 27 de la Constitución ni a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, sostienen. Esta patronal, que pertenece a la Iglesia Católica en España, tiene casi 6.000 colegios y educa a 1,2 millones de alumnos por toda España.
El artículo 27 de la Constitución establece en su punto tres que “los poderes públicos garantizar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
La ministra, sin embargo, ha defendido que “del concepto de libertad de enseñanza deber ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir”, en alusión a este supuesto derecho constitucional. Pero también ha defendido que “la regulación que hemos venido haciendo del principio de libertad de enseñanza durante estas décadas ha sido equilibrada y consensuada, y de ello da muestra la larga vigencia del régimen de conciertos, tras algunas vacilaciones que en su momento manifestaron algunas fuerzas políticas”, en lo que parecía una alusión a Podemos, que en sus inicios hizo gala de un rechazo absoluto por la escuela concertada que se ha ido diluyendo por el camino. Su actual programa solo recoge en el punto 235 la supresión de los conciertos y subvenciones a las escuelas que segreguen por sexo.
Estas últimas son las menos y pertenecen a lo que se vienen denominando “la nueva concertada”, apenas hay centros así en Escuelas Católicas. Sin embargo, la escuela concertada en general sí que segrega al alumnado, sea de manera consciente o no. Lo dice alguien tan poco sospechoso como el BBVA, que en el estudio Diferencias Educativas Regionales 2000-2016 explicaba con cifras que los centros públicos asumen “casi en exclusiva” la formación de los alumnos que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables, mientras los privados acogen a prácticamente todos los estudiantes con recursos, con todas las distorsiones que eso implica.
Preocupación por un “giro en la política educativa”
Parte de la sorpresa de Escuelas Católicas viene precisamente por esta aparente contradicción entre las políticas históricas del PSOE y el discurso de la ministra de este jueves. “La libertad de elección viene en leyes socialistas como la LODE y la LOE. Ha causado sorpresa y preocupación por si puede haber un giro en la política educativa del PSOE en un momento tan delicado políticamente como el actual, restringiendo este derecho de los padres y dejando en manos de la administración lo que sería la determinación de plazas escolares o la financiación de centros públicos o no públicos”, valora Centeno.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido en la misma línea que espera que las palabras de la ministra sobre “la exclusión del derecho de los padres haya sido un lapsus. De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social”.
La principal patronal de la escuela concertada ya ve nubarrones en el horizonte en forma de la reforma de la LOMCE, cuyo proyecto —que el Gobierno llegó a aprobar en el Consejo de Ministros el mismo día que disolvía el Congreso— ya recoge suprimir la “demanda social” de la programación de construcción de centros públicos y privados concertados.
“Sumamos preocupación. El proyecto de LOMLOE (el destinado a sustituir la LOMCE) era bastante negativo para la libertad de enseñanza y estas declaraciones ahondan en la preocupación. Es pronto y no hay que generar alarma social, pero hay que mirar con lupa los acuerdos que se puedan estar gestando por parte del PSOE para forma parte del Gobierno con Podemos y otros grupos, como ERC, que han considerado siempre la concertada como una anomalía histórica que tiene que desaparecer”, reflexiona el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
A este respecto, la ministra ha explicado que espera “retomar en breve” los debates sobre la reforma educativa, que además de eliminar este concepto de la “demanda social” le resta a la asignatura de Religión el peso que le había otorgado la LOMCE, entre otras medidas.
