El Gobierno va a impulsar la primera ley de Juventud en España y para ello pondrá en marcha un “proceso previo de participación pública” de los jóvenes, de cuyo resultado emergerá el borrador que tramitará después el Ejecutivo. Es el anuncio que ha hecho la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una comparecencia a petición propia en el Congreso para informar de las líneas de trabajo de su departamento a lo largo de la legislatura.
“Vamos a ponernos a desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española que plantea que la juventud tiene que tener participación a nivel social, económico, cultural y político”, ha dicho Rego, que también ha anticipado la división de la ley en cuatro ejes.
La norma, en la que se trabajará junto al Consejo de la Juventud de España, pivotará sobre los derechos económicos y de cobertura social (empleo, vivienda y servicios públicos), los derechos democráticos y de participación política, salud mental y bienestar y la crisis ecosocial, la justicia intergeneracional y los derechos de las generaciones futuras. Rego ha propuesto el uso de la Comisión de Juventud e Infancia, con capacidad legislativa, como “un canal de participación” para la elaboración del borrador previo. Como punto de partida de los trabajos, el Ministerio va a tomar como referencia la Estrategia de Juventud de 2030.
“La situación de desempleo juvenil ha mejorado pero es del 27,8%, la más alta de la Unión Europea, aunque se ha reducido la tasa de temporalidad. Debemos seguir avanzando con firmeza”, ha asegurado, para después detenerse en la situación de la vivienda. “Los jóvenes no terminan de alcanzar el paquete completo de autonomía, con un contrato indefinido a tiempo completo, hasta los 38 años. Esto hay que resolverlo”, ha añadido la ministra, que pide a las comunidades que declaren zonas tensionadas –solo lo ha hecho Cataluya hasta el momento– para poder limitar los precios de alquiler “que afectan a nuestros jóvenes”.
En los turnos de réplica, algunos grupos le han recordado que las autonomías tienen competencias en materia de juventud e infancia y que la ley debe respetarlas.
Un estudio sobre violencia en la infancia
En materia de infancia, Rego ha compartido la puesta en marcha de un estudio de prevalencia sobre la violencia infantil con 9.000 encuestas a personas entre 18 y 30 años. Se desarrollará durante el año 2024 y “desde 1994 no se hacía un estudio de este calibre” a nivel institucional, ha justificado Rego, salvo la encuesta encargada por el Defensor del Pueblo en relación a su investigación sobre los agresiones sexuales a menores dentro de la Iglesia.
Entre las tareas pendientes relacionadas con este asunto, Rego ha mencionado el desarrollo de Ley Orgánica de Protección de la Infancia contra la Violencia, aprobada en la anterior legislatura. La norma debe implementar un registro central de información sobre la violencia contra la infancia que sea capaz de unificar las denuncias de Sanidad, Servicios Sociales, Policía o juzgados; y un registro unificado solo para los servicios sociales.
Sobre pobreza infantil, la ministra ha alertado de que los datos son “extraordinariamente altos y apenas varían con los años”. “Es consecuencia de la pobreza de familias con menores a cargo y no se reducirá sin un apoyo al sostenimiento de esos hogares”, ha expuesto una comparecencia donde ha mostrado su intención de “desplegar una renta universal a la crianza”, en trabajo conjunto con otros ministerios.
No obstante, Rego ha asegurado que los recursos públicos implementados en los últimos años “han logrado contener la pobreza en más de 11 puntos”. “Habría alcanzado un 40,2% sin descontáramos las transferencias sociales realizadas. Se trata de buscar el equilibrio entre la universalidad y las medidas para no dejar a ningún niño o niña atrás”, ha apuntado.