Íñigo Méndez de Vigo, el ministro encomendado a arreglar el escenario de enfrentamiento que dejó José Ignacio Wert antes de su marcha a París, está en estos días en plena ronda de contactos con la comunidad educativa. Por el Ministerio ya ha pasado la representación de padres y madres (CEAPA, CONCAPA) y este lunes ha arrancado con el encuentro con los sindicatos (CCOO, UGT, ANPE y CSIF). Mañana es el turno de los estudiantes. El objetivo: dar los primeros pasos para lograr un Pacto por la Educación.
A las reuniones, para sorpresa de los interlocutores, el ministro se ha presentado sin propuestas, pero con la bandera de su voluntad negociadora. Esta predisposición al diálogo –acotada por unas cuantas líneas rojas– llega tarde para las federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT, que consideran que el objetivo del Gobierno es presentar “una imagen de más apertura” a la negociación.
Ambos sindicatos justifican que el momento actual “no es el más adecuado” y recuerdan que “nunca antes” habían contado con ellos cuando el Gobierno no estaba en funciones y “la capacidad para liderar un proceso de negociación con resultados era mayor”.
Maribel Loranca, secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT, recuerda además que “la mesa sectorial se constituyó hace un año y nunca nos hemos reunido porque el ministro no la ha convocado”. Desde CCOO, Francisco González afirma en la misma dirección que “la LOMCE, una ley aprobada sin consenso, no es el campo de juego de ningún acuerdo” y pide, además del fin de la ley, la reversión de todos los recortes en educación de los últimos años.
Las reválidas no se tocan
UGT, por su parte, ha puesto sin éxito una condición sobre la mesa para sentarse a negociar: la derogación del decreto que regula las reválidas. Pero en este punto no hay vuelta atrás, según el ministro, porque “el calendario de la LOMCE tenía ya su calendario de implantación fijado”. El fin de la reforma educativa del PP tampoco es viable, al menos hasta “que haya otra ley que la sustituya”, sin dar más detalles.
La posición activa del ministro solo se ha concretado en un momento, cuando ha propuesto que sea el Consejo Escolar del Estado el que asuma como institución la puesta en marcha del pacto educativo. Esta idea ha sido rechazada por CCOO por considerar que en este órgano tiene mayoría “la Administración de turno” y ello “desnaturaliza la representatividad de la comunidad educativa”.
El Consejo Escolar del Estado se encuentra en estos momentos sin posibilidad de maniobra: no tiene presidente, ni vicepresidenta ni secretario y, por tanto, no puede convocar a la comisión permanente ni al pleno. Este es el motivo por el que el proceso de implantación de las reválidas está estancado. Se requiere del visto bueno del Consejo para la aprobación de la orden ministerial que regula el diseño de las pruebas.
Ahora, la Abogacía General del Estado está estudiando, por encargo del Ministerio, cómo permitir que el Gobierno complete el procedimiento con éxito en estas circunstancias. Al estar en funciones, el Ejecutivo no puede nombrar a un nuevo presidente del Consejo.
Los estudiantes, todos juntos
Las asociaciones de estudiantes pasarán por el Ministerio este martes y lo harán todas juntas, algo que ha molestado a CANAE. “Si el resto de partes de la comunidad educativa se han ido reuniendo individualmente con el ministro, no entiendo por qué los estudiantes. No puedo entender, si quieren un pacto educativo, que empiecen tratando de diferente forma a los diferentes sectores”, se queja Carles López, presidente de la asociación.
Desde CANAE recuerdan al Gobierno que ha sido “el primero que no se ha reunido durante la legislatura con las asociaciones de estudiantes, una a una”. “Ahora, esta voluntad de pacto, estando en funciones, no terminamos de encajarla. Si el ministro hubiera querido un verdadero pacto, podría haber empezado cuando llegó”, concluye.