Una mansión particular en pleno parque nacional. Alejandro Aznar, marido de la polémica presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, está montando en Cabañeros una residencia privada de cuya dimensión dan cuenta las al menos 15 chimeneas que sobresalen de sus tejados. Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y responsable de este espacio protegido, no ha querido aclarar a eldiario.es si tiene noticias de esta edificación o si ha dado autorización a Aznar para levantarla.
En el lugar –un terreno perteneciente a la localidad de Alcoba de los Montes (Ciudad Real) y desde 1995 incluido dentro del parque nacional– ya existía una casa, pero las obras la han convertido en una mansión enclavada en los encinares que la familia Aznar-Oriol sigue utilizando como coto privado de caza. En ese terreno, el empresario naviero –preside el Grupo Ibaizabal y las bodegas Marqués de Riscal– organiza partidas para abatir los venados y jabalíes que han dado fama a Cabañeros entre los aficionados a las monterías. La ley de creación del Parque Nacional de Cabañeros establece que está prohibida “la construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley”.
Cabañeros incluye varias fincas privadas en las que actualmente funcionan cotos de caza, una actividad no permitida en los espacios protegidos. La ley actual marca 2017 como plazo máximo para que los dueños de estos terrenos dejen de practicar actividades cinegéticas dentro de esta joya medioambiental.
Alejando Aznar es vástago de una estirpe cuyas posesiones en Ciudad Real se remontan a más de cien años. De hecho, este coto privado es el que da nombre al parque nacional. En él han ido cazando figuras del poder político desde hace décadas. Sobre todo desde que visitantes 'ilustres' como Francisco Franco, Manuel Fraga, José Solís o los marqueses de Villaverde hicieran famosas sus partidas.
Grúas en un espacio protegido
El proyecto llevó hasta los dominios de Aznar en este espacio de máxima protección una grúa de construcción de grandes dimensiones, más propia de los tajos que pueden verse en un ensanche urbanístico que de los espacios considerados, legalmente, como los ejemplos mejor preservados de la biodiversidad española.
Además, este trabajo ha demandado el suministro de materiales de obra y el paso de maquinaria como retroexcavadoras y apisonadoras. Un trasiego de transportes pesados en el entorno natural que hace prácticamente imposible que haya pasado desapercibido para los que anduvieran por el parque. De hecho, también el pasado octubre se terminó la construcción de un camino que da servicio a la vivienda. Una senda que ocupa una cañada, cuya grava la convierte, casi, en una pequeña carretera de acceso privado, según los testigos que han visitado el entorno recientemente.
Una edificación de este tamaño debe contar con la aprobación del organismo responsable –Parques Nacionales (PN)– o, en caso contrario, provocar un expediente. Sin embargo, el organismo no ha sido capaz de informar a eldiario.es de si está al tanto de esta construcción, si ha pasado su visto bueno o si está al menos revisando la construcción levantada en los suelos de su competencia.
Aznar es miembro del patronato del Parque Nacional de Cabañeros en representación de “la propiedad privada”. Al menos en ese foro, los dueños de las fincas privadas utilizadas como cotos cinegéticos hicieron saber al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente su descontento con que se finalizaran las cacerías en 2017, como estaba previsto por la Ley de Parques Nacionales. 21.000 de las 40.000 hectáreas que componen el parque están declaradas coto de caza.
Una enmienda del PP de última hora en el Senado trató de eliminar esa limitación temporal. La polémica que ha generado la enmienda se ha traducido finalmente en una cierta reticencia del Grupo Popular en la Cámara Alta. Su portavoz, Vicente Aparici, declaró diez días después de incorporar el texto que prefería “esperar para abrir un proceso de diálogo”. Este martes la ley pasa por el dictamen de la comisión senatorial. El Senado tiene hasta el 2 de diciembre para tramitar la ley.
La conexión con el Gobierno de Cospedal
La correa de transmisión entre las demandas de particulares frente a la Ley de Parques Nacionales señala al Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Fue la consejera de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal, María Luisa Soriano, la encargada por el Partido Popular de defender la enmienda que trataba de “defender los derechos de terceros”. Es decir, de los dueños privados de fincas, algunos de ellos importantes empresarios, como el propio Aznar, Alberto Alcocer o Alberto Cortina.
La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha alineado con la postura castellanomanchega. Un día después de que Aparici pusiera sordina a la prolongación de los cazaderos particulares en Cabañeros, la ministra reiteró que “el Gobierno español tiene que proteger el derecho a la propiedad, al mismo tiempo que protege la biodiversidad. Y se puede proteger el derecho a la propiedad al mismo tiempo que se protege la biodiversidad”. El uso privativo de los terrenos protegidos está en el núcleo de estos movimientos políticos. Cabañeros es una excepción monumental. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales considera incompatible en sus terrenos la caza con fines recreativos o de aprovechamiento. En Cabañeros hasta ahora se puede cazar, pero para “contribuir a su conservación”. Es decir, para controlar las poblaciones de animales que no tienen predadores, como venados y jabalíes.
“Sobre el parque se cierne cierta oscuridad legal”, señalan los grupos ecologistas. Y es que el documento que debe detallar las cosas que se pueden y no se pueden hacer en el parque sigue en el limbo legislativo. El Plan Rector de Uso y Gestión, que pormenoriza por zonas y actividades los usos que el parque soporta, todavía no se ha aprobado, a pesar de que el parque tiene ya casi 20 años de vida. “Si no hay una norma clara, es más fácil hacer la vista gorda”, resumen.