La mortalidad de los pacientes con Covid-19 que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retuvo en las residencias madrileñas sin derivar a los hospitales durante los primeros meses de la pandemia se disparó hasta el 46,7%. Aunque el Ejecutivo regional se ha empeñado en afirmar que los protocolos que ordenaban no derivar a ancianos no supuso un exceso de muertes y que las cifras son similares, o incluso más bajas, que en otras comunidades, un estudio arroja luz sobre una realidad que ya parecía evidente: un enfermo que no requiere la asistencia adecuada tiene más probabilidades de morir. El trabajo, publicado en la revista Epidemiología, compara los resultados de 13 estudios que analizan varias zonas geográficas. En ninguna los resultado fueron tan catastróficos como en Madrid.
“El objetivo fue evaluar si los residentes de los centros de la Comunidad de Madrid que tenían síntomas de infección respiratoria y fueron excluidos de la atención hospitalaria por la directiva administrativa tenían más o similar probabilidad de morir que aquellos que fueron derivados al hospital, en comparación con casos similares en otras zonas de España donde no se dictaron tales directivas”, explica el texto del estudio, liderado por la doctora en epidemiología de la Universidad de Montreal, María Victoria Zunzunegui. Los resultados son claros: los once trabajos que estudian el número de muertos con coronavirus en residencias, allí donde no se ordenó no derivar a los pacientes a los hospitales, presentan porcentajes más bajos de fallecidos. Todos, sin excepción. Y con diferencias, en algunos casos, abismales.
Mientras dos estudios realizados sobre el área geográfica de la Comunidad señalan que fallecieron entre el 40,8% y el 46,7% de los mayores con Covid-19 en residencias, en el resto de zonas ese porcentaje oscila entre el 7,7% de Granada hasta el 25,9% de Castellón. Entre la mitad y casi cinco veces menos que en Madrid. En Andalucía fueron el 10,9%; en Galicia, el 12,5%; en Albacete, el 11,9%; en Navarra, el 13,8%; en Euskadi, el 15,3%; en Gipuzkoa, el 16,8%; en Aragón, el 18,3%; en Catalunya, el 18,8%; y en Sant Cugat del Vallés, el 23,4%.
Excluidos de una atención hospitalaria adecuada
El protocolo que salió de la Consejería de Sanidad de Madrid, y que negaba la asistencia sanitaria a los ancianos dependientes o con cierto grado de deterioro cognitivo que investigan los tribunales, llegó a las residencias el 25 de marzo de 2020, en los peores momentos de la pandemia. “Nuestros resultados respaldan la afirmación de que la directiva podría haber sido perjudicial para muchos residentes, porque fueron excluidos de una atención hospitalaria adecuada en función de su discapacidad moderada o grave”, reconoce el estudio, que añade que “la falta de personas por enfermedad o miedo a la infección podría haber agravado aún más el pronóstico de esos residentes debido a la mala atención, incluida la falta de rehidratación y de nutrición”.
“El peor estado funcional de los residentes que permanecieron en las residencias, en relación con el mejor estado funcional de los que fueron trasladados a un hospital, podría explicar, al menos en parte, su mayor mortalidad en comparación con los residentes que permanecieron en residencias fuera de la Comunidad de Madrid”, insiste el estudio. Este muestra también cómo la mortalidad total de estos mayores, independientemente de su lugar de fallecimiento, es mayor en esta región, donde murieron el 36,7% o el 44,8%, según el estudio de la comparativa que se tome como referencia. En cualquier caso, es mayor que cualquiera de los otros once analizados, que van del 32,2% en Castellón, al 16,2% de Albacete.
Al comparar los resultados de los trece estudios que analiza este trabajo, la mortalidad de los residentes con Covid-19 que sí fueron trasladados a los hospitales no se corresponde con los que no lo fueron. Por ejemplo, en los hospitales madrileños la discrepancia entre los dos estudios que se han tenido en cuenta es del 27,7% al 42,5%. Pese a la diferencia, los porcentajes de fallecidos también varían notablemente en el resto, del 26,9% de Granada al 66,6% de Gipuzkoa. Pero, de nuevo, el caso de Madrid tiene una particularidad en esos protocolos, porque mientras en el resto no se excluía de atención hospitalaria a los residentes con peor estado de salud, en la Comunidad sí se hacía.
Solo se atendió a los de los seguros privados
El estudio, además, indica que el protocolo emitido por el Gobierno de Ayuso, “no se basó en principios de salud pública destinados a proteger a las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de muerte, ni en evaluaciones clínicas presenciales basadas en la gravedad de la infección por Covid-19”. “Los datos disponibles no revelan las razones que motivaron la decisión política de aprobar este protocolo de triaje en función de la discapacidad. Sin ninguna base científica, los residentes fueron seleccionados según el nivel de estado funcional”, continúa.
Hubo, no obstante, ancianos que no hubieran pasado el triaje impuesto por la Consejería de Sanidad para la pública, pero que sí fueron atendidos en centros privados. “Los hospitales privados disponían de camas, oxigenoterapia y cuidados paliativos, pero solo se ofrecían a los residentes que tenían seguro privado”, denuncia el estudio. El propio CEO de Vithas, la segunda empresa sanitaria más grande del país, Pedro Rico, llegó a reconocer en una entrevista en abril de 2020 que “buena parte” de sus hospitales quedó “con ocupaciones de planta y UCI por debajo del 40%”. Fuentes de la compañía aclaran que ese porcentaje se refiere a “hospitales de fuera de Madrid”.
Más allá de la exclusión sanitaria, el trabajo también hace hincapié en que el plan de acción contra el coronavirus, que incluía la medicalización de las residencias, jamás se cumplió. “Este plan fue resumido en una rueda de prensa, sin embargo, el documento nunca estuvo disponible para el público ni para los profesionales sanitarios. A pesar de este plan, no se realizó el refuerzo de las residencias con personal ni equipo médico”, señala.