Ha fallecido este lunes el catedrático de Derecho Constitucional, Enrique Álvarez Conde, según ha podido confirmar eldiario.es. “El urdidor”, la cabeza, según la investigación judicial, del sistema de regalos de títulos universitarios de la Universidad Rey Juan Carlos destapado por el caso del máster fraudulento de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Ha fallecido a causa de un cáncer de pulmón, informa La Sexta.
Álvarez Conde fue una de las tres personas que aparecieron horas después de que eldiario.es publicara el escándalo del título de la política obtenido con calificaciones retocadas a posteriori. Su intervención, plagada de falsedades, fue el inicio de una huida hacia delante para encubrir a Cifuentes y, al mismo tiempo, la red que había ido tejiendo en el Instituto de Derecho Público (IDP) que fundó y presidía desde de su creación.
Este catedrático concibió el Instituto en 2001 y obtuvo la aprobación en 2005. A partir de ahí, inició una carrera que fue fraguándose a base de un control y autonomía sobre ese organismo inusuales en una universidad. El IDP nació con capacidad propia sobre gastos e ingresos y sin excesiva fiscalización por parte de la Rey Juan Carlos. En 2010 obtuvo, además un CIF propio.
En ese ecosistema, Álvarez Conde se erigió en máxima autoridad que hacía y deshacía. Podía promocionar o bloquear las carreras académicas de los doctores que iban incorporándose al instituto. Tanto fue así, que las tres profesoras cuya firma apareció en el acta falsificada acta de trabajo de fin de máster de Cifuentes habían sido alumna suyas y él mismo las calificó públicamente como “mis discípulas”. De hecho dirigió la tesis doctorales de todas ellas. Según la declaración de la profesora Alicia López de los Mozos (que confesó más tarde la falsificación) el catedrático utilizó esta ascendencia para inmiscuirla en el encubrimiento del fraude de la política: “Me sentí intimidada, asustada, violentada y presionada”, explicó.
El catedrático no tuvo problema en dejar por escrito la versión falsa con la que más adelante intentarían zafarse del escándalo del máster fantasma. La carta era un compendio de mentiras: se presentaba como director del curso que siguió Cifuentes sin haberlo sido. Afirmaba que hubo un examen fin de máster para la política en junio de 2012 (luego la fecha bailó a julio). Incluso tenía un anexo en el que Álvarez Conde afirmaba y rubricaba la composición de un tribunal académico fantasma: Cecilia Rosado, Alicia Esperanza López de los Mozos y Clara Souto. No había marcha atrás.
Antes, a lo largo de los años, la obra del catedrático fue creciendo a base de operar como una empresa opaca alimentada con fondos públicos que avalaba títulos tan alejados del Derecho Público como un Máster en Sexología o en Terapia Sexual y de Pareja. Más alumnos, más títulos, más ingresos. Creó incluso una empresa privada que se dedicaba a lo mismo que el Instituto: la organización de cursos, seminarios y másteres del ámbito del Derecho. No contaba con el permiso obligatorio de la Universidad y que, de haberlo obtenido, le habría detraído parte de su sueldo público.
Mientras, con el paso de los cursos, en el IDP se afianzó una forma de trabajar en la se conformó una sistema de simbiosis entre el interés del algunos por alcanzar títulos con poco o nulo esfuerzo y los responsables académicos que obtenían más ingresos que, indirectamente, acaban repercutiendo en su nómina.
Este esquema de fraude es al que accedieron políticos como Cristina Cifuentes o la exministra Carmen Montón, ambas fuera de la actividad política. La expresidenta continúa imputada por el fraude de su título al igual que la profesora que firmó el acta falisficada, Cecilia Rosado. La fiscalía pide tres años de cárcel por las falsificaciones. También estaba en esa situación procesal hasta su fallecimiento Enrique Álvarez Conde. El “urdidor”.