Todos los indicadores del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) han sufrido un retroceso entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, es decir, durante todo lo que llevamos de pandemia de COVID-19, según un nuevo informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con datos del Imserso, también analizados por elDiario.es. De enero a septiembre hay 3.391 beneficiarios menos de las prestaciones y servicios, y si la tendencia continúa en los meses que restan, 2020 será el primero desde 2008 con saldo decreciente. Además, estos ocho meses han fallecido 35.277 personas que estaban en el llamado “limbo de la dependencia”, con derecho reconocido a esa ayuda pero en lista de espera para recibirla. Ya son más que en todo 2019, cuando murieron 31.000 en esas condiciones, con cálculos de la Asociación. “Es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación”, concluyen.
La cifra de personas que sí son beneficiarias con prestación se queda en 1.111.792. La Asociación achaca la caída de 3.391 beneficiarios a que “no hay tasa de reposición” de las personas que fallecen, es decir, no son cubiertas por las que están en lista de espera. En los propios informes de todos estos meses del Imserso, que depende del Ministerio de Derechos Sociales, se indica que “se han tenido en cuenta otro tipo de bajas” para la estimación mensual de prestaciones, pero es “el fallecimiento la principal causa de baja en el Sistema”. Las que puede haber por renuncias tanto de prestaciones como de listas, exponen en la Asociación, que es referente en el sector y lleva más de una década elaborando estudios, son “anecdóticas”. “La inmensa mayoría son fallecidos”, indica su presidente, José Manuel Ramírez.
La Asociación pide “medidas urgentes para no abandonar definitivamente a las 384.149 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento”. En la lista de personas con derecho a prestación pendientes de recibirla, el llamado “limbo de la dependencia”, hay 234.577. Hay que añadirle para llegar a esas 384.149 aquellas que han solicitado una valoración, pero aún nadie les ha examinado y no tienen reconocido el derecho, que son otras 149.572. Esta última lista había alcanzado en agosto de 2019 las 140.000 y con ellas batido su récord desde 2012, ahora ya superado. Según las estadísticas del Imserso, el 80% de los que lo piden acaban siendo calificados con un grado I, II o III –en orden de gravedad– de dependencia. Sumando las dos listas han fallecido 44.898 personas en total, 164 personas al día en España esperando una atención.
Estos datos de mortalidad entre personas vulnerables acompañan a los informes MoMo, elaborados por el Centro Nacional de Epidemiología que estiman la diferencia entre las muertes que realmente ha habido con las medias de otros años. Este 2020, debido a la pandemia –tanto a la COVID-19 de forma directa como a retrocesos en el sistema sanitario–, hubo casi 44.000 muertes ‘de más’ entre marzo y mayo, el mayor pico desde que se tienen registros. Se concentraron en los mayores de 74 años (el 74% de los decesos), es decir, en personas susceptibles de ser parte o de solicitar ayudas del Sistema de Atención a la Dependencia.
Las comunidades que mayor retroceso han tenido en este año en cifras de dependencia han sido la Comunidad de Madrid, con 8.569 beneficiarios menos que a principios de año, y Catalunya, con 6.308 beneficiarios menos. Son también las dos comunidades donde más exceso de muertes ha habido según el MoMo. La Asociación ha diseccionado las cifras por tipo de prestación o servicio, ya que hay distintas modalidades que los usuarios pueden percibir. Las plazas en residencias son las que más han disminuido, hay una reducción acumulada del 9%, 14.999 residentes menos desde enero. Las residencias de ancianos han sido muy golpeadas durante la crisis sanitaria debido a los brotes de la primavera en ese tipo de centros y la población vulnerable ahí concentrada. La ayuda a domicilio se ha reducido en un 2%, 4.238 personas usuarias menos. Y en los centros de día la variación ha sido de una bajada de 5 puntos porcentuales, 4.770 prestaciones menos. “Estos tres datos hacen, por sí solos, que se pierdan más de 10.000 puestos de trabajo”, estiman también en la Asociación.
Ramírez señala un “recorte encubierto” de este tipo de servicios, además de “los efectos de los recortes salvajes, con 5.864 millones de euros de recorte acumulado desde 2012”, según más datos de la Asociación. Apuntan a la responsabilidad de las comunidades autónomas, cuyos gobiernos gestionan los Servicios Sociales en los territorios, y también del vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, a quien piden “convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado) cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos”.